Sistema de defensa nacional y de seguridad interior
- La idea de que la seguridad nacional se construye a partir de un sistema de normas e instituciones que surgen de la Constitución Nacional, es necesaria para el crecimiento armónico de todos los sectores sociales de la República, con sus particularidades, sus virtudes, fortalezas y debilidades. En ella, es de alta importancia el rol que les cabe a las Fuerzas Armadas de la nación y a las fuerzas policiales y de Seguridad. En este marco de ideas, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nº683 publicado en el Boletín Oficial de fecha 24 de julio de 2018, modifica el Decreto Nº727/2006 reglamentario de la ley Nº23.554 de Defensa Nacional que, para su cabal entendimiento, debe ser interpretado como un conjunto normativo con la ley Nº24.059 de Seguridad Interior, ley Nº24.948 de reestructuración de las Fuerzas Armadas y ley Nº25.520 con su modificatoria de Inteligencia Nacional, teniendo como premisa que el conocimiento en tiempo oportuno de los hechos o circunstancias, sean de la naturaleza o creadas por el hombre, es de vital importancia en todos los tiempos para el logro con éxito de las empresas. La Ley Nº23.554 de Defensa Nacional fue promulgada el 26 de Abril de 1988 y establece los principios básicos orgánicos y funcionales de la defensa nacional, como así también la finalidad del sistema para su funcionamiento ordenado y permanente actualización; la estructura del Sistema de Defensa, que comprende, además de las autoridades nacionales competentes al "(...) Pueblo de la Nación, mediante su participación activa en las cuestiones esenciales de la Defensa, tanto en la paz como en la guerra, de acuerdo a las normas que rijan la movilización, el Servicio Militar, el Servicio Civil y la Defensa Civil" (artículo 11, inciso H).
- Luego de prever lo relativo a la organización de las Fuerzas Armadas a las que define como el "instrumento militar de la Defensa Nacional", trata de su integración, constitución y de sus componentes en el Título V del Servicio de Defensa Nacional, donde establece que "Todas las personas de existencia visible y/o jurídicas sujetas a las leyes argentinas podrán ser requeridas para el cumplimiento de obligaciones destinadas a asegurar la Defensa Nacional"; y agrega en un apartado siguiente que "estas obligaciones serán consideradas como un servicio de Defensa Nacional y comprenderán, entre otras, (...) el servicio civil de defensa" (artículo 25). En el artículo 27, la ley define el servicio civil de defensa diciendo que "es la obligación de prestar servicios no militares, que deben cumplir los habitantes del país, a fin de satisfacer necesidades de preparación del potencial nacional para la eventualidad de una guerra, o para sostener el esfuerzo bélico ante el conflicto declarado". Finalmente, la ley trata de la Organización Territorial y Movilización "para el caso de guerra o conflicto internacional", estableciendo que "(...) las autoridades constitucionales mantendrán la plena vigencia de sus atribuciones, situaciones que sólo hallarán excepción en la aplicación del artículo 6 de la Constitución Nacional en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable. En la hipótesis de adoptarse la medida referida, el Poder Judicial mantendrá la plenitud de sus atribuciones". Refiere a casos de intervención federal en las provincias; previendo la aprobación previa del Congreso de la Nación ante la necesidad de la declaración de zona militar conforme resulte de interés a los fines de la Defensa Nacional, y deban ser sometidas a la custodia y protección militar. Como integrante del Sistema de Defensa Nacional, la ley asigna a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional "el debido y permanente control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos (...)" (artículo 31); para luego, prever lo relativo a la Defensa Civil, definiendola como "el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva" (artículo 33). En el mismo Título, la ley prevé una alta responsabilidad para los habitantes de la Nación argentina, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, al establecer que "Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la obligación, limitadas a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información, facilitar los bienes y prestar los servicios que le sean requeridos por autoridad competente. La información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que el de satisfacer esas necesidades" (artículo 34). Asignando ello como carga pública irrenunciable, sin perjuicio de indemnización o remuneración en caso de implicar gastos o prestación de servicios, que serán determinados administrativamente, incluso judicialmente, en caso de desacuerdo. De la ley surge que la responsabilidad de la Defensa Nacional es, en primer lugar, de los órganos públicos, e inmediatamente después, de los habitantes de la Nación en su conjunto, lo que está reglado claramente en la Ley de Defensa Nacional, al decir que a los órganos públicos reglados en la Constitución Nacional con responsabilidades específicas les cabe el deber de desarrollar determinadas conductas indicadas en el Sistema de Defensa Nacional -contemplando responsabilidades específicas de las personas físicas y jurídicas de la Nación, las cuales son de carácter imperativo, dado que su incumplimiento trae aparejada una sanción penal tipificada en los artículos 37 y 38 de la Ley de Defensa Nacional. Considero importante en este análisis tener presente que la ley de Defensa Nacional comentada, fue sancionada en el año 1988, a cinco años de restablecida la Democracia en la República Argentina, bajo la presidencia del Doctor Raúl Ricardo Alfonsín; con una reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 que, conforme nos enseña el maestro Bidart Campos, exhibe un rostro docente y catequístico, porque procura enseñar que el orden institucional y el sistema democrático deben ser respetados, previendo con sanción de nulidad e incluso tipificando penalmente su incumplimiento. También cabe señalar que los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional, con respecto a este tema, imponen ciertos deberes a las personas, como el artículo XXXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El aludido tratado, indica que "Toda persona tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación y, en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz". La modificación dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional al Decreto Nº727 del año 2006, mantiene incólumes los preceptos normativos de la Ley de Defensa Nacional, toda vez que refiere a la situación prevista en los "Principios Básicos" de la citada ley, compatible a su vez con las normas de orden constitucional incorporadas en la reforma del año 1994; es así que el artículo 1º del Decreto 683 refiere que "Las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea compatible con la Carta de las Naciones Unidas". Reglamentando seguidamente que "esta misión no afecta lo dispuesto en la Ley Nº24.059 de Seguridad Interior (...) en lo que respecta a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior". De este modo, surge todo un sistema integrado de Defensa Nacional y de Seguridad Interior con roles y escenarios específicamente indicados en las respectivas normas de actuación. Entender cómo el sistema de Defensa Nacional y Seguridad Interior es de alta importancia para la comunidad, especialmente ante situaciones críticas creadas por la naturaleza o por el hombre, donde la concurrencia de apoyo es vital para el auxilio y seguridad de las personas, de su integridad física y de sus bienes; es valorado en su real dimensión en aquellos momentos de exposición concretos en que se encuentre el ser humano. Del Decreto Nº683/18 surgen previsiones para casos establecidos en la Ley 24.059 de Seguridad Interior, así como reglas de integración en lo que respecta a la organización, equipamiento, y adiestramiento de las Fuerzas Armadas, para sus funciones de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad. Se debe tener presente en este análisis que la Ley 24.059 de Seguridad Interior dice en su artículo 2º que: "A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho, basada en el derecho, en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional"; y luego desarrolla los principios básicos del Sistema de Seguridad Interior, finalidad y estructura, regulados en el Título IV y siguientes: "Del empleo de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad" fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal, hecho que sujeta a situaciones específicas, las cuales son: "a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada; b) Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal; c) En situación de desastre, según los términos que norman la defensa civil". Producidos los cuales, a requerimiento expreso del Gobierno de la Provincia respectiva al Gobierno Federal, podrán intervenir los cuerpos policiales y de seguridad del Estado nacional en el territorio provincial, sin tal requerimiento, no podrán ser empleados, salvo que se adopten las medidas prescritas en los artículos 6º y 23º de la Constitución Nacional que refieren al Estado de Sitio, o bien por orden de la justicia federal (artículo 23 LSI). Previendo luego, a los fines de la Seguridad Interior en particular, "que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones (...)". (artículo 27 LSI).
- En este sentido, regla también "(...) que las fuerzas armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º‘ (artículo 31 LSI). En este sentido de apoyo logístico debe ser interpretado el artículo 24 bis del Decreto Nº683/18 que establece que "El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley Nº23.554, a través de los integrantes identificados en los incisos f) y g) del artículo 9º de la citada Ley", tales son: "f) El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Argentina; g) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en los términos que prescribe la presente Ley", integrantes del Sistema de Defensa; concomitantemente al hecho que "La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el Sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente Ley en cuanto a las atribuciones de que dispone el Presidente de la Nación para establecer teatros de operaciones para casos de guerra o conflicto armado. Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacios aéreos internacionales artículo 5º de la Ley 23.554). Surge así la Defensa Nacional y su integración con la Seguridad Interior, con su estructura de actuación coordinada conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, siendo concretos los escenarios de actuación tal como surge de los poderes delegados por las provincias al Congreso de la Nación, y los poderes reservados por las Provincias Federadas. En conclusión, conforme nos inspira la Ley Suprema que es la Constitución Nacional, sólo es posible realizar los propósitos expuestos en su preámbulo, "(...)con el trabajo coordinado del Estado y los habitantes de la República entendido como un sistema que contribuye ordenadamente a la Seguridad Externa e Interna, y así, al crecimiento armónico y paulatino de la argentinidad" (art. 75 inciso 19 de la CN).
(*) Abogado. Comisario General (RE). Especialista en Lucha contra el narcotráfico. Exjefe de Policía de Corrientes Dic-2009 Mar-2014. Especializando en Derecho Procesal Constitucional. Especializando en Derecho Penal. Universidad de la Cuenca del Plata -Corrientes.