No parece distracción

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No es cierto que Cervantes haya puesto en boca de El Quijote la acudida frase de "cosas veredes Sancho que harán hablar a las paredes". Pero igual nos basamos en ese argumento de autoridad imaginaria para alertarnos que la vida te da sorpresas. Sorpresas ministeriales y por partida doble. Veamos. En medio de la audiencia parlamentaria, a la que fue sometido el ministro J.J. Aranguren, el mismo declaró, sin rubor, que no conocía el costo de gas en boca de pozo. El argumento fue que cada pozo y cada empresa tenían costos diferentes. Se le interrogó, entonces, por el promedio. Y la respuesta fue que no iba a responder. ¿Hablan las paredes?

No termina ahí. A pesar del desconocimiento confeso y de la falta de información militante, Aranguren había fijado –antes de la reunión – el precio del gas en boca de pozo que provocó este descomunal retroceso en la política económica artesanal de los ceos PRO. ¿Un caso de precio a ciegas? Por mucho menos, a Aranguren, lo habrían despedido de la empresa en la que trabajaba: ¿vendía (precio) las cosas sin saber lo que costaban (costo)? Difícil de creer. Ahora, como Ministro, no es responsable del interés privado. Es responsable del interés público. El precio del gas, que él fija, debe servir para la actividad gasífera, y también debe tener en cuenta los intereses de los que lo transportan, transforman y distribuyen y – por cierto – los intereses de los que lo consumen. En la punta final están los derechos de los consumidores o usuarios y la política de ingresos de la que el nivel de las tarifas forma parte. Pero, en la otra punta, está la capacidad de oferta, la rentabilidad de los que producen y los niveles de utilidad capaces de generar la voluntad de invertir. Todo eso a la vez debe satisfacer el precio. El precio, en este caso, se ha compuesto por lo pagado directamente por los usuarios y por los subsidios públicos. Los subsidios son gigantescos y las tarifas mínimas. La estructura tarifaria fallida, como mínimo, es confusa: aumentos gigantescos e insuficientes para acabar con los subsidios. Insatisfactorio. En cualquier caso esfuerzo inútil.

--- La resolución de la Corte, para decirlo en breve, le señala al Gobierno que ha pasado por arriba del derecho de los consumidores al no convocar a audiencias para el caso del transporte y la distribución, a los que corresponden las tarifas. Dado que el precio del gas en boca de pozo lo fija el Gobierno, entonces, allí también corresponde llamar a audiencias. Todo hace suponer que esta, la del precio en boca de pozo, es la cuestión más dolorosa para el Gobierno y para Aranguren. ¿La razón? Se revelarán los costos del gas en boca de pozo y las utilidades que el precio fijado por el Ministro habrían de reportarles a las empresas. Cuando veamos esos números, que van a tratar de ser no informados, ocultados o deformados, seguramente diremos "cosas veredes…" Si se dice la verdad quedará al desnudo la magnitud de la diferencia y la razón por la que los intereses petroleros han logrado alinear detrás del silencio de los costos a tanta gente de buena voluntad y no sólo funcionarios. La mayor parte de los "comunicadores sociales" han contribuido a velar de la discusión la parte esencial de la cuestión que es saber cuánto cuesta el gas en boca de pozo y cuánto cuesta la cadena de transporte, transformación y distribución. Sin esos datos hablar de tarifas caras o baratas es irresponsable. Y es lo que hemos estado haciendo desde que el Gobierno empezó esta carrera alocada hacia la supresión de los subsidios, faena, por otra parte, imprescindible para poner en orden las cuentas fiscales.

--- Después de todas las audiencias, las inaugurales del gas en boca de pozo y las obligadas del transporte y la distribución, recién estaremos informados de cuál es el costo de todo y el Gobierno recién podrá fijar el precio del gas y las tarifas a los usuarios dando a conocer, de esa manera, la rentabilidad de cada una de las actividades. Hasta entonces estaremos hablando a ciegas. Todos sabemos que las tarifas (usuarios) que pagamos durante el kirchnerismo y hasta hoy, sufrieron un deterioro constante en términos reales a causa de la inflación negada antes y de la marcha por detrás de los hasta ahora leves ajustes tarifarios. El Gobierno actual – ante la reducción real continuada de las tarifas y a fin que los servicios pudieran prestarse bajando los subsidios – decidió llevar a cabo una política de reducción de subsidios que – según la administración – habrían llegado a explicar la casi totalidad del déficit fiscal. Si los subsidios se eliminaran y se pasara todo el costo (más utilidad) de toda la cadena a la tarifa final, entonces, el equilibrio fiscal estaría a punto de caramelo. Esa expectativa de salud fiscal súbita, abona la decisión de ser lo más drástico posible en materia de ajuste tarifario. Si bien la decisión, suspendida por la Corte, iba en camino de dureza, el Gobierno estima que a pesar del aumento de las tarifas, aún queda la necesidad de seguir pagando subsidios. Y para eliminarlos habrá que seguir aumentando las tarifas. Si este pinchazo dolió, prepárese porque otros vendrán. Esa era la idea. Sobre el nivel de las tarifas muchos economistas, todos los vinculados al pensamiento liberal, muchos partidarios del PRO y todos duros en términos de necesidad de terminar con el déficit fiscal vía las tarifas, sostienen - con ejemplos varios - que la mayor parte de los países vecinos tienen tarifas, medidas en dólares, muy superiores a las que se pagan en Argentina- Para ellos es un argumento de peso para justificar el aumento de las tarifas a niveles aún superiores. No es un argumento, ni para subir ni para bajar, "el precio comparado". Puede serlo, por ejemplo, para análisis de competitividad referido a la actividad productiva, no al consumo familiar. Es curioso que aquí las tarifas sean mucho más bajas que en el resto de los países vecinos, si así fuera, pero nada tiene que ver con el modo en que las tarifas deben fijarse. Las tarifas, por ser un servicio público, tienen que responder a la cuestión del costo más la utilidad razonable.

--- Una aclaración previa. Estamos lidiando con este problema a partir (digo "a partir" y no "exclusivamente a causa de") de la privatización del sistema que puso en marcha Carlos Menem de la mano pesada de Domingo Cavallo. En esos años se decidió que la producción de gas (extracción) y de electricidad, no estarían reguladas. Por eso las audiencias requeridas por la Corte son una novedad. Se definió un sector desregulado (p.ej. no hay compromisos de inversiones por Ley y los que hay – si los hay – forman parte de los contratos de concesión que, en la práctica, se prorrogan (sin licitación) hasta el agotamiento del recurso). A pesar de ello por decreto se estableció que el precio de gas en boca de pozo sería fijado por el Gobierno. Y por esa razón la Corte fijó audiencias. Pero el transporte y la distribución se regularon y por eso las audiciencias para la fijación de las tarifas son de puro derecho. Entonces tenemos dos sistemas, uno el de producción y otro el de distribución. Tienen una relación esencial. Pero que tienen regimenes diversos. Es obvio que no se pueden establecer tarifas (reguladas) hasta que no este fijado el precio del gas en boca de pozo. La diferencia de regimenes establece un espacio de indeterminación. Sin precio de gas es imposible fijar tarifas. La Corte señala que si el Gobierno decide liberar el mercado de gas, entonces, no habría audiencias y esas son necesarias si el mercado no es libre. Es decir si el Gobierno fija el precio. Esto nos indica que, para hacer las cosas bien, el Gobierno debería llamar primero a audiencia para el precio del gas y recién entonces llamar a las audiencias para las tarifas. Hasta ahora el Gobierno llamó a audiencias para las tarifas pero no para el precio del gas. Estamos a las puertas de un gran problema: ¿cómo fijar las tarifas sin precio para el gas? Al principio dijimos "sorpresas ministeriales por partida doble". Lo de Aranguren ya fue comentado. Pero a la caja de las sorpresas se sumó el ministro Germán Garavano que afirmó, en el programa de Jorge Lanata de Radio Mitre, que el precio de 5,5 dólares el MMBTU, que fijó Aranguren y que desencadenó la crisis tarifaria, "es más bajo que el precio de mercado". ¿Cuál es el precio de mercado? ¿Hay mercado? El precio lo fija el Gobierno. ¿A qué llama "precio de mercado" el Ministro de Justicia? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el precio de la commodity gas natural es de 2,6 el MMBTU. Ese es el precio al que se comercializa allí dónde hay mercado: fuentes alternativas, libre acceso al caño, precio fijado por la oferta y la demanda. No es ese el costo de producirlo sino el precio al que se vende. Si ese es el precio al que se refiere el ministro Garavano, entonces, en realidad la utilidad que está fijando su colega Aranguren es exactamente el 100 por ciento más alto que el precio del mercado. Un escándalo. Tal vez lo que está sugiriendo Garavano, como muchos de los ex secretarios de energía – afortunadamente no todos -, es que el "precio relevante" es el de "import parity" que ronda en 5,5 el MMBTU en promedio. Y en ese caso, que promedia el gas licuado y el gas de Bolivia, entonces el precio de Aranguren es el precio al que nos cuesta importar. ¿Por qué igualar al precio de importación? ¿Por qué generar ganancias extraordinarias en el productor local considerando el costo interno en boca de pozo? ¿Qué costo?

Es evidente que el oligopolio, el sector lo es, reduce la oferta para presionar sobre los precios. Las petroleras lo hacen,y al hacerlo promueven las importaciones de gas. Ellas le dan la oportunidad de pedir el precio de "import parity". El gas licuado tiene un precio que recupera el costo en boca de pozo, la licuación, el transporte y la regasificación. ¿Por qué igualarlo a la boca de pozo local? Ese proceso importador surge de la administración del proceso de certificación de reservas que hacen las petroleras que lo mantienen tan bajo como la operatividad de los balances lo permita. Así se funda el discurso de la escasez que tiende a la importación y a instalar en la discusión el criterio de "import parity". Una opción que ha permitido negocios non santos como se desprende de las últimas denuncias. Corrupción, importación, reservas "bajas", presión para "import parity", subsidio, déficit fiscal, apriete tarifario. Todo es herencia K. Lo último, el ajuste, es lo que aportó el PRO por no rechazar la herencia. ¿Cómo? Auditando los costos y el nivel de las reservas. Seguramente el costo es más bajo de lo que reclaman y las reservas son más altas. Si eso se comprobará la herencia K sería liquidada y la estrategia energética futura tendría fundamentos sólidos. Y también dejaríamos de subsidiar el barril de petróleo y de tener una de las naftas más caras del planeta. El kirchnerismo, que se agravia de las tarifas PRO, es el responsable absoluto de la política energética que bajó la producción y las reservas de hidrocarburos. Que agravó la dependencia gasífera de la matriz energética. Que concentró el manejo del recurso. Y el PRO, que hereda esta situación, no ha sido hasta la fecha capaz de revertir la condición de duda que reina en toda la actividad. Antes de generar un consenso político y técnico, bien venido, lo primero es transparentar la información de base. ¿Cuántas reservas, auditadas por el Estado, de gas y petróleo disponemos? ¿Cuántas áreas concesionadas están sin explotar? Necesitamos un relevamiento del Estado certificado por auditores independientes para las reservas y para los costos. Hasta ahora sólo sabemos que a YPF el MMBTU le cuesta 1,9 dólares y que el barril de petróleo le cuesta 27 dólares. Por el gas Aranguren quiere pagar 5,5 en promedio y extremos de 7,5 dólares el MMBTU y por el petróleo 65 dólares el barril. Porque el precio internacional es de 47 dólares el barril, le sumamos un subsidio. Suena muy fuerte. ¿Por qué transferir miles de millones de dólares para una actividad que no invierte lo indispensable para crecer? La crisis de la energía es la crisis del sistema y de quienes lo administran, privados y públicos. Seguramente las tarifas actuales deban aumentar. Seguramente no será difícil ayudar a quienes no puedan hacerse cargo de los aumentos. La Corte ha sido clara en esto. Pero diseñar una política energética requiere información y criterios honestos por parte de quienes debaten y de quienes deciden. Hasta ahora eso no ha ocurrido: la gran desaparecida es la información. Y no parece que sea una distracción. "Cosas veredes…"