Sin consenso no hay progreso
La llegada de Cambiemos fue una oportunidad para encontrar consensos. La política, y fundamentalmente el peronismo por necesidad y un poco por convicción, se puso a disposición; el movimiento sindical, con sabiduría, brindó al gobierno un crédito extraordinario. Sin embargo la promesa de campaña del acuerdo y del consejo económico y social naufragó. El diálogo, que es virtud, no reemplaza el consenso en que las partes ceden para sumar al todo. Macri no buscó el consenso y tomó decisiones muy fuertes. Pero sin consenso no es posible alentar el largo plazo. Sin consenso los reemplazos son siempre final de ciclo. En esos procesos los éxitos no se acumulan y los fracasos se multiplican. Lo malo vuelve y lo bueno se esfuma. La falta de consenso en el horizonte es la causa originaria que el excedente nacional adopte la forma de atesoramiento (que incluye el inmobiliario) y de la fuga. Con esa acumulación volcada al proceso productivo podría haber generado, imaginando una densidad de capital de 100 mil dólares por puesto de trabajo, cuatro millones de empleos. De esa ausencia derivan desempleo e informalidad laboral, la debilidad fiscal o la escasa oferta de bienes públicos. Nuestros problemas colectivos parten de la ausencia del bien público consenso y derivan en la debilidad de la oferta de bienes públicos que nos perturba. En este marco de problemas estructurales e incapacidad de consenso, aparece ahora el primer desafío, desde 1983, a la estructura jurídica del Estado. A la rebelión incivil de Hebe de Bonafini, al negarse a concurrir a una audiencia judicial, se le ha sumado una guardia que impide por la fuerza el cumplimiento de la ley. Profundiza la grieta, cuestiona el orden jurídico, y de cualquier consenso. A partir de ahora la justicia carece del poder del Estado porque se discute su monopolio de la fuerza. Al desafío al Estado del narcotráfico, la delincuencia, la infiltración, se suma el de un sector pequeño en número, con poder mediático y conocedor de la movilización política. Es una cobertura para la corrupción que prorroga el dominio que, sobre el Estado y la falta de consenso, ejerce la "nueva oligarquía de los concesionarios". Pronóstico incierto. El segundo acontecimiento es la judicialización de las tarifas. Jueces y cámaras, aplicando la ley que el grupo de CEO, dentro de Cambiemos, pasó por alto, resolvieron dejar sin efecto la torpeza monumental de los aumentos de gas y electricidad. Los mismos se hicieron sin audiencias que no son vinculantes. Pero la ausencia de vinculación no hace de ellas una formalidad ni una farsa. Entre gente de bien, gobierno, empresas, clientes, una audiencia permite el intercambio de información honesta. Y el primer dato es el de los costos y, dentro de ellos, el costo madre es el de la extracción de gas y petróleo. Las empresas no revelan sus costos. El Estado no las audita y toma como bueno lo que piden las empresas: más de 5 dólares el millón de BTU. Sin embargo las declaraciones de YPF, a la SEC de Estados Unidos, dicen que el costo por millón de BTU se encuentra en 1,9 dólares. En ese nivel se encuentra el gas en boca de pozo en Estados Unidos y en los países del que llega el gas licuado que se regasifica en el país. Las empresas deberían abrir sus cuentas para que el Estado certifique "cuánto cuestan el gas" y el petróleo. Ni información ni audiencia.
Sin embargo los CEO motorizan la ignorancia de la ley, el atropello, y a la vez la multiplicación por 2,5 del precio del gas en boca de pozo sin haber auditado los costos de producción. Y sin medir las consecuencias. Sostienen también "los beneficios" del subsidio del 50 por ciento a las petroleras sobre el precio internacional del barril y sin auditar los costos. Son transferencias del orden de los 6 mil millones de dólares año. Los CEO son "concesionarios friendly" al igual que Axel Kicillof, Julio de Vido y Cristina Elisabet. En eso nada cambió. Lo que sí cambió es, por ejemplo, el escalamiento de las tarifas de la energía, gobernadas por el desconocimiento de los costos o la ignorancia deliberada, que será un mazazo sobre la competitividad de las industrias, encepadas por la continua revaluación cambiaria; y sobre el ingreso disponible de las familias sitiadas por una tasa de inflación que se autogobierna. Esto aporta a la grieta. El "ruidazo" frente al tarifazo, la actitud de los jueces, revela que hay una profundización de la grieta. La grieta es lo contrario del consenso. Hay una relación inversa entre grieta y consenso. Y estos escenarios judiciales profundizan la grieta y alejan el consenso. Los anuncios también producen grieta porque implican falta de consenso.
Primero el anuncio de la llegada de una misión del FMI para revisar el estado de la economía nacional. Néstor Kirchner tuvo relaciones con el FMI y los organismos internacionales. Pero impidió la revisión del artículo IV con la misma lógica que destruyó el sistema estadístico e impidió controles y auditorias independientes en tiempo y forma. Autoritario. Cualquiera sea la ideología, los controles siempre son de la oposición, y poco importa que los técnicos del FMI estén alineados en el neoliberalismo. Tan poco importa que, en 1973, cuando el gobierno de Juan Perón rompió el bloqueo a Cuba, que fue una decisión adulta, no tuvo problemas en recibir y visitar a los organismos internacionales y por supuesto al FMI. Lo que importa es cumplir las reglas y recibir, además, otra mirada sobre lo que estamos haciendo. Obedecer es otra cuestión. Néstor Kirchner se negó a desvincularnos del CIADI, prorrogó la jurisdicción para las empresas extranjeras; y Cristina Elisabet y Axel Kicillof – envueltos en la bandera de las reivindicaciones – con entusiasmo aceptaron las leyes británicas – el país invasor de Malvinas – para dirimir los eventuales conflictos derivados de los acuerdos con China. El planteo simplista y adolescente, de los que prorrogaron el CIADI y prorrogaron la jurisdicción en los acuerdos con China, imaginan al FMI como la herramienta del Imperio y, por lo tanto, suponen que toda relación informativa es sumisión. Falso. Pero el anuncio agiganta la grieta. El segundo anuncio es el Plan Productivo. El equipo de los CEO sugiere que el rumbo a imitar es el de Australia en los 80, aspira a las "conquistas" australianas de esa época: eliminación de restricciones a la importación, rebaja de aranceles, privatizaciones y debilitamiento de los sindicatos; alianza con China y especialización en materias primas y en particular en minerales. Australia, con ese modelo, está condenada a la complementariedad con la China cuyo crecimiento ha generado la valorización de sus recursos energéticos y minerales y también su velocidad perdida en los últimos años. Australia tiene alto nivel de vida (aunque se redujo en 10 mil dólares por habitante en los últimos 4 años) y tuvo un crecimiento importante en el boom de las materias primas. Para evitar la confusión, con Australia, del tipo "las tasas chinas" del período K hay que mirar largo plazo. Entre 1974 y 2014 su PBI por habitante creció, en promedio, 1,83 por ciento. Unas décimas más que el promedio mundial. Infinitamente menos que el 5,85 por ciento que, en el mismo período, creció el PBI por habitante de Corea del Sur o el 3,71 por ciento promedio del Sudeste de Asia. Ni Corea ni el Sudeste siguieron el modelo neoliberal australiano "post 80" sino más bien todo lo contrario y crecieron varias veces más. Australia ha desarrollado una dependencia de sus materias primas y de China. Su ritmo se aplaca al mismo tiempo que lo hicieron las materias primas y el tractor del Celeste Imperio. Corea ha logrado el desarrollo tecnológico. La caída de las materias primas y el cambio de velocidad china han implicado que el ritmo australiano de las décadas pasadas se haya frenado. "La economía australiana está en transición. Parte del sector de los recursos naturales está sufriendo por la caída del precio de las materias primas, por lo que el país se enfrenta a varios retos al tener que ajustarse desde la minería hacia fuentes alternativas de crecimiento" (El país, Tim Robinson, Universidad de Melbourne). En este escenario la perspectiva del futuro australiano, siempre anexado a China, pasa por servicios turísticos y educativos. A ellos, fuertes y dominantes, por el peso de la vecindad, se suma una "esperanza" que son, otra vez, los productos pecuarios ofertados a la Alianza Traspacífico más el boom del gas licuado. La dependencia de las exportaciones de productos primarios se hace sentir en Australia. Pero se siente mucho más en economías, como la nuestra, que carecen de "una matriz de acumulación diversificada con inclusión social". Esa expresión de CFK es exactamente lo que su gestión no procuró y por eso – a pesar del boom de la soja – aumentó la exclusión (la larga duración la profundiza) y la especialización (inclusive el "monocultivo" en el agro). Australia, es cierto, creció dos décadas seguidas; pero, a está sometida al vaivén de las materias primas y los minerales. En el marco australiano de "especialización primaria" es en el que habrá que conjugar el verbo crecer, si es que la línea "grupo CEO" sigue ganando espacio en el gobierno Macri. Esa línea "australiana" de primarización se enfrenta a modelos alternativos como el de Corea. Una parte sustantiva de la sociedad, los empresarios industriales, el sindicalismo, parte de las fuerzas políticas, se identifica con la industrialización que Corea logró y que en el nuestro, por falta de continuidad y energía y de consenso, se frustró. Estamos ante una ampliación de la brecha provocada por el disenso del rumbo. Por un lado aproximarse a Australia, primarización y neoliberalismo; o ensayar Corea, industrialización y heterodoxia racional. La rebelión de unos frente al monopolio de la fuerza en manos del Estado, lo de Bonafini es eso; la renuncia a que el Estado ocupe el espacio del bien común, la cuestión de las tarifas es eso; la incomprensión de que ser parte de los organismos internacionales implica obligaciones mínimas, enfrentar a la misión del FMI es eso; y finalmente la imposición del rumbo australiano más allá de sus consecuencias de exclusión, rompen toda posibilidad de consenso de largo plazo y garantizan la falta de horizonte. El gobierno carga su mochila de disenso la prepotencia de las tarifas y de la opción australiana; y la oposición encrespada violenta el orden jurídico y la relación lógica con el resto del mundo. De ambos lados se tira con vocación centrifuga. Difícil el consenso o, lo que es lo mismo, difícil el progreso. Cuarenta años lo certifican. (*) Economista