Corrupción y economía
El show que produjo el juez Sebastián Casanello, al arrestar ruidosamente a Lázaro Báez, despierta enormes sospechas por venir de quién viene y por el silencio del imputado. La diputada kirchnerista Juliana Di Tullio aclaró que se trataba de un "show para la gilada", Casanello es un hombre ligado al kichnerismo que se había ganado el mote de "Tortuga" con el que lo bautizó Jorge Lanata.
Dada la relación de la diputada con la procedencia política del Juez es lógico que un show genere sospechas acerca de que la Justicia "ponga el grito en un lado y los huevos en otro". Una técnica.
Puede ser que el show, con el correr de los acontecimientos, se transforme en "actuación preventiva". Por ejemplo si las declaraciones e informaciones de Leonardo Fariña acorralan al Juez en la cuestión del lavado.
Habrá que esperar los fundamentos de las decisiones judiciales en cualquier dirección que las mismas vayan.
La realidad es que el país necesita luz para la verdad de los hechos que, el periodismo y la política, han señalado como de "corrupción", entendiendo por tal la transferencia, injustificada e injustificable, de fondos del Estado a favor de particulares. Y de "lavado" entendiendo por tal la transformación de esos dineros -que por ser transferencias injustificadas e injustificables son mal habidos y por lo tanto "sucios"- en dinero "limpio" o blanco.
Corrupción y lavado son las dos palabras que más se han pronunciado en estos días.
Pero sin dejar de lado, ni por un instante, la cuestión de la corrupción y el brutal daño a la confianza pública –tan difícil de construir- que ella conlleva y que debe ser sancionada, denunciada, expuesta con vocación ejemplificadora; importa también vincular el daño inferido por las acciones corruptas a la trama vital de la sociedad, a la construcción de la vida en común.
Por ejemplo, qué duda cabe que el narcotráfico no sólo es el delito en sí; sino las consecuencias de lo que produce y la cadena de falencias que lo habilitan. Hay que denunciar la cadena del caldo de cultivo, el hecho en sí y las consecuencias que nos arrastrarán durante años.
Esto importa porque los delitos, las estafas, la ruindad que hoy se ventila en las páginas judiciales o policiales, es sólo una parte de la cuestión. Antes de ella hay un sistema que la permite y después de ella hay –inevitablemente– un modelo de economía generado por la manera en que se facilita, alimenta o se produce la corrupción.
La cuestión, entonces, no sólo pasa por la investigación y condena del delito en sí, sino también y esencialmente, por desmontar el sistema que lo permite. Con delito o sin él, en estos casos, hay evidencias que hay un sistema que habilita el delito.
Y además hay que abocarse a las consecuencias estructurales que, sobre la base de las acciones delictivas o no, se han producido asociadas a estos hechos.
Importa, por cierto, Lázaro Báez; pero poco vale socialmente su condena sino se repara el sistema de administración, por ejemplo, de la inversión pública que habilita esas prácticas. Importa Lázaro Báez, pero poco vale su condena sino dimensionamos y reparamos el sistema de incentivos económicos implícitos –delictivos o no– que en estos años se ha generado y que ha tenido las consecuencias catastróficas de la pérdida de oportunidades, de desarrollo económico y social, que difícilmente retorne. Veamos.
En la década ganada más que en ningún otro período reciente han sido portentosas las fortunas que se han generado de manera súbita, amasadas a velocidad supersónica. Y todas al amparo de contratos o concesiones con el Estado. En cierta medida no es algo enteramente nuevo, aunque las dimensiones cambian el carácter. Repase los nombres que ahora son famosos por su dinero, sus propiedades y recuerde si, por casualidad, escuchó esos nombres hace 15 años. La lista es grande.
Muchas fortunas se han acumulado en nuestro país como consecuencia de contratos o concesiones del Estado. La obra y las concesiones públicas han sido un vehículo habitual de generar, acrecentar, consolidar fortunas.
Toda concesión u obra pública ganada, conservada, acrecentada, por la vinculación con el que la concede desde el poder, pasa a ser un vehículo de transferencia, injustificada o injustificable, cuando los costos, las utilidades, la obra o el servicio, adolecen de calificaciones y es difícil sostener su razonabilidad en un peritaje apropiado.
Las fortunas así amasadas no son la suma de las utilidades producto de un trabajo bien hecho (costos y concreciones) sino de costos exagerados o concreciones muy por debajo de lo que se comprometió.
Simple. La sociedad, administrada por el Estado, transfirió a unos pocos elegidos el patrimonio colectivo ya que los pagos realizados no respondieron a la prestación recibida.
Las fortunas súbitas, muchas iniciadas en el menemismo y todas desarrolladas vertiginosamente en esta década, deberían ser sometidas a una auditoria integral que estableciese qué recibió a cambio el Estado y que aportó la sociedad. El enriquecimiento ilícito no es sólo una cuestión de funcionarios públicos sino también de empresas o personas privadas que están del otro lado.
Las concesiones abarcan un espectro enorme que va desde los Bancos hasta las rutas, de los servicios públicos a la construcción de obras, desde los aeropuertos hasta el juego o el petróleo.
Es un campo gigantesco, en el que antes estaba el Estado como ejecutor tal vez con un déficit estructural, en el que se han acumulado fortunas extraordinarias. Pero la percepción es que no se ha acumulado "bienestar colectivo". ¿Qué calidad de servicio le brindan las concesiones en nuestro país? Por ejemplo ¿los peajes?
El interrogatorio, cualquiera sea la pregunta, tendrá la respuesta monosílaba de "mal".
Todas las concesiones, diría sin excepción, están protegidas por la "barrera natural" de la que gozan los servicios no transables. No hay provisión posible desde el exterior o desde fuera de la concesión. Por ejemplo, nadie puede pagar sueldos en pesos en un banco que no este radicado en el país. No está mal. Pero es una barrera natural. Y así podemos orillar en los servicios médicos, la telefonía, etcétera.
Lo que tienen en común es que todos esos negocios se han organizado a partir de la retirada del Estado. Y todos ellos han generado, en pocos años, fortunas extraordinarias.
Y finalmente han constituido una "nueva oligarquía de concesionarios" que pesan enormemente, por su poderío económico y por su capacidad de lobby, en las decisiones públicas.
No hay en esa nueva oligarquía nada que, por su propia dinámica, impulse impactos de productividad y equidad. Más bien todo lo contrario.
Contribuyen a la concentración, en todos los sentidos (económica o geográfica, etcétera), lo que atenta contra la equidad. Y contribuyen, por esa misma razón, a afectar la productividad de la sociedad. Por ejemplo las salas de juego abiertas durante largas jornadas terminan siendo una bomba de tiempo social.
Cierto. Todo se puede regular y el Estado podría conducir esas concesiones en la dirección que contribuya a la productividad y a la equidad social, pero el enorme poder de lobby, que atraviesa todas las administraciones, traba todas las acciones del Estado. No hace falta listar ejemplos que todos conocemos.
Dicho esto, para poner la cuestión en contexto, analicemos el caso Báez. Dueño, socio, testaferro o empleado, cualquiera sea la realidad de su situación respecto de las empresas en las que figura y en las que aparece como líder tiene, hasta por las cifras que el mismo menciona, una fortuna incalculable.
En 2013 – todos señalan – era un empleado en un Banco localizado en la ciudad de Río Gallegos donde, seguramente, la mayoría de la población es empleada pública o lo fue. Báez, en el año 2013, se inspira y crea una empresa de servicios de construcción (a poco tiempo compra las empresas competidoras). Una empresa sin antecedentes y dirigida por un señor sin antecedentes en el rubro. Y en esas condiciones logra ganar la mayoría de los concursos de adjudicación de la obra pública. Llega a facturar más de 20 mil millones de pesos nominalmente que, a valor ajustado por la inflación, es una cifra que a precios de hoy bien podría ser del doble.
El primer dato, que pone esas concesiones de obra pública en estado de sospecha, es "la falta de antecedentes" con las que gana las licitaciones y la concentración de los montos, la fecha de constitución y el período de acumulación de la fortuna.
Lo enunciado bastaría para la condena social y política, y el juicio acerca del abuso de poder, de la inexplicable asignación de fondos. Quizá ningún juez pueda encontrar en estos hechos nada que sea tipificado en el Código Penal.
Como tal vez tampoco pueda encontrarlo en la enorme cadena de decisiones espantosas como la concesión eterna y ampliación del número de maquinas de juego en el Hipódromo de Palermo; o la compra, sin poner un centavo, del 15 por ciento de Repsol YPF por parte de la familia Eskenazi (fortuna súbita lograda en el menemismo) que se compró obligando a la distribución de las utilidades de Repsol YPF que, de ese modo, justificaba la no inversión en exploración y la inversión de nuestro excedente en el exterior. Entre otras falencias, por ese "negocio", nos quedamos sin petróleo.
El recorrido es inagotable. Un ex ministro de economía, vinculado a Carlos Zanini, me explicaba, siendo presidente Néstor Kirchner, que el proyecto de Néstor era constituir "una burguesía nacional aliada a los proyectos nacionales y populares". Entendía que, en definitiva, las armas de la política estatal de entonces estaban destinadas a esa construcción.
Por su perfil el entonces ministro era "industrialista". Lo que se concretó no podría estar más alejado de esa visión. Una "oligarquía de concesionarios" es estructuralmente la mayor barrera material para un proceso de industrialización.
El proceso de construcción de una "oligarquía de concesionarios" requiere, para su desarrollo, una fuerte subvaluación del dólar que alienta el consumo de bienes de alto componente importado y permite la fuga del excedente, mientras las actividades de esa oligarquía están protegidas por barreras naturales.
En ese contexto la industria pierde competitividad y es desmantelada –como ocurrió– hasta transformarse en una industria de armado. Tenemos un balance comercial industrial deficitario en 30 mil millones de dólares por año. Y la baja rentabilidad de las actividades exportadoras con valor agregado (ganadería, agricultura) obliga, por un lado, a la concentración (soja) y por el otro, al cierre de las cadenas de mayor valor (frigoríficos). Y, naturalmente, las actividades primarias que sobreviven son las de extracción, es decir, la minería que se ha convertido en una oligarquía regional que seguirá a fuerza de lobby senatorial hasta el agotamiento de los recursos.
Seguramente el juez Casanello encontrará razones para exculpar a Báez. O tal vez encuentre evidencias para condenarlo por lavado.
Pero no hay figura penal para condenar la malversación del Bien Común. La dilapidación de recursos de todos estos años que, en la última década, se han multiplicado porque el Estado ha dispuesto de cantidades de recursos infinitamente mayores que en todos los períodos anteriores, se pone en evidencia por dónde y cómo se produjo la acumulación del excedente colectivo. Lo que se define con dos conceptos: nueva oligarquía y fuga.
En esa clave, por dónde y cómo se produjo el proceso, está la explicación de la consolidación estructural de la pobreza que condena a un tercio de la población; o la razón de la pérdida de los stocks (reservas, energía, ganado) como acaba de declarar el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, "el menemismo y el kirchnerismo" fueron enfermedades del peronismo. Es verdad.
Fueron enfermedades. Por contagio. Porque será difícil encontrar en dos décadas, por ejemplo, ministros de economía nacidos y formados en el peronismo. La casi totalidad de los que ejercieron esos cargos durante esos períodos se incorporaron al peronismo como escalón de altura, dado que un partido ganador se convierte en un mecanismo de ascenso político o social o económico. La prueba es que una vez en el poder dejaron de lado la concepción que habían simulado compartir. Y en la vida personal no dejaron los jirones en la lucha.
Por eso los resultados de menemismo y kirchnerismo han sido tan alejados de los que procuraron las tres presidencias de Juan Perón. No hay otra explicación. Un solo dato. En 1974 nuestro país sufría la pobreza del 4 por ciento de la población. 800 mil argentinos. En 2015 –cuando Cristina Kirchner deja el poder– los pobres eran 12 millones. Para que esa cantidad de gente sufriente fuera el 4 por ciento de la población tendríamos que ser 300 millones de habitantes. Es una medida gráfica del retroceso de todos estos años.
Como los nuevos ricos de Argentina no son ni productores rurales, ni productores industriales, sino concesionarios (y no sólo los que están en las tapas del escándalo) es importante analizar que los males de la corrupción que existen y son tremendos, en realidad se profundizan cuando "el modelo" de hacerse rico pasa por la concesión del Estado, mal administrada, y la barrera natural, de la que gozan los concesionarios, que hace que el lobby de los poderosos trabaje en contra de la promoción de la producción.
La cura nacional, además del castigo ejemplar a los abusadores del Estado y a los que han lucrado malamente con los bienes públicos, pasa inexorablemente por el retorno a la producción nacional de la industria y el campo, donde el trabajo y el capital, generan oportunidades a la productividad y al progreso social. Sin ese horizonte podremos tener presos a los ladrones, pero estaremos presos de la decadencia en los que nos ha asumido la nueva oligarquía de los concesionarios que es la hija más astuta y peligrosa de la abominable Patria Contratista.
En definitiva los resultados están a la vista. No sé si Casanello lo condenará a Báez y a todos los que le dieron de comer. Pero lo que sí sé que la realidad que vivimos y la que nos amenaza obliga, a los que están en el poder, a asumir la imperiosa necesidad de cambio de modelo y a ser conscientes que el lobby de la oligarquía de los concesionarios hará lo imposible para mantener los privilegios que, tal vez sin saberlo, el Estado y el pueblo les han otorgado y que han repercutido en el escándalo de 12 millones de pobres, sin creación de trabajo productivo en los últimos 4 años, cuenta tropismo derramado en las calles, y una acumulación de deudas sociales que sin la cultura de la producción en los que gobiernan nos va a impedir volver a ser el país decente que fuimos. Recuperar el orden por el trabajo. "Orden no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior" José Ortega y Gasset.