Contextos históricos y la justicia social pendiente

Desde el histórico fallo Badaro de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó un precedente fundamental sobre la movilidad jubilatoria, estableciendo que los haberes de los jubilados debían actualizarse de manera proporcional a la evolución de los salarios de los trabajadores activos.

Este pronunciamiento no fue un caso aislado, sino el inicio de una serie de decisiones judiciales que buscaban garantizar que la seguridad social cumpla con su función protectora, en el marco del principio de igualdad y justicia social consagrado por nuestra Constitución Nacional.

Sin embargo, a lo largo de los años, la aplicación de estos criterios se ha visto condicionada por los contextos históricos, económicos y políticos del país, y el sistema previsional argentino ha demostrado estar permanentemente en conflicto entre la ley, la política y la economía real.

Con ese primer histórico fallo, la Corte extendió el alcance de sus resoluciones a otros jubilados, consolidando la idea de que el Estado no puede desvincular los haberes de los jubilados del salario de los activos, bajo pena de afectar derechos fundamentales.

En 2018, el fallo Blanco ratificó el uso de índices que reflejaran la evolución de los salarios y no exclusivamente la inflación, buscando un equilibrio que permitiera a los jubilados mantener su poder adquisitivo.

Estas decisiones muestran que la jurisprudencia reconoce la necesidad de proteger a quienes dejaron su vida laboral al servicio de la sociedad, pero también evidencian la fragilidad del sistema frente a los cambios de contexto.

Por otro lado, haciendo un poco de historia en los temas previsionales, el sistema argentino ha transitado por múltiples reformas.

Arrancamos, en esta oportunidad desde la Ley de Reparación Histórica en 2016 y la controvertida reforma previsional, pasando por la suspensión parcial de estas normas durante la gestión de 2019.

Cada modificación reflejó no sólo una intención política, sino también la tensión entre los recursos limitados del Estado y las demandas crecientes de una población envejecida.

A su vez, la pandemia de COVID-19 expuso de manera dramática esta fragilidad: millones de trabajadores informales quedaron sin aportes y, en consecuencia, estos nuevos futuros jubilados, con acceso limitado a jubilaciones dignas, mientras la inflación erosiona los haberes de quienes dependen exclusivamente de ellos.

Las razones de mantener un sistema deficitario y desequilibrado son múltiples y complejas. Por un lado, existe una marcada falta de trabajadores formales que aporten consistentemente al régimen, lo que genera desequilibrios financieros crónicos.

Por otro, la movilidad previsional ha sido históricamente objeto de ajustes políticos, muchas veces subordinados a las necesidades fiscales inmediatas del Estado y no a los principios de justicia social y solidaridad que deberían regir.

Esta combinación de insuficiencia contributiva y decisiones discrecionales ha generado un sistema donde los jubilados de menores ingresos son los más perjudicados y la inequidad estructural se profundiza con cada crisis económica.

Si analizamos la evolución de los fallos de la Corte Suprema, si bien los jueces han tratado de proteger a los jubilados frente a la erosión de sus haberes, pero no fue suficiente y tampoco sostenida, y la solución estructural del déficit previsional no puede depender exclusivamente del Poder Judicial.

El futuro del sistema previsional requiere un enfoque integral basado en los principios de solidaridad y justicia social: universalidad de derechos, equidad en la distribución de recursos, sostenibilidad financiera y ajuste permanente de los haberes para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y la inequidad salarial.

Además es mas que urgente, la sanción de leyes que incentiven la formalización laboral. Esto es esencial. Un régimen previsional sólido no puede funcionar sin aportes suficientes; se necesitan 7 trabajadores activos por cada jubilado, en la actualidad solo 1.5 aporta por cada titular de beneficio previsional, por ello, políticas que promuevan la inclusión de trabajadores en la economía formal, la capacitación laboral y la reducción de la informalidad son elementos centrales para asegurar la sostenibilidad del sistema.

La movilidad de los haberes no es un tema abstracto: impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas, muchas de ellas con recursos limitados y dependientes del Estado para acceder a servicios básicos y una alimentación digna y el estado argentino es garante de eso según la carta magna que rige en nuestro país.

Tampoco se puede abordar este tema tan complejo sin considerar las crisis económicas cíclicas que ha atravesado Argentina.

Desde la hiperinflación de fines de los 80, la década del 90, la devaluación de 2001 y la recesión que siguió, hasta la profunda caída del PBI durante la pandemia, cada una de estas etapas dejó su marca en los haberes jubilatorios.

En muchos casos, los aumentos otorgados por ley o por fallos judiciales quedaron por debajo de la pérdida de poder adquisitivo, generando reclamos masivos ante la justicia. La Corte, con sus pronunciamientos, ha intentado corregir estas inequidades, pero no puede sustituir políticas estructurales de largo plazo.

El déficit del régimen previsional es también un reflejo de la informalidad laboral: según estadísticas recientes, cerca del 40% de los trabajadores del país no realiza aportes regulares, lo que significa que millones no podrán acceder a una jubilación digna.

Este escenario obliga al Estado a recurrir a transferencias fiscales para cubrir a los jubilados, pero la carga sobre las finanzas públicas es insostenible sin reformas integrales que promuevan la formalización y la contribución constante al sistema.

Finalmente, la justicia social aplicada al régimen previsional exige mirar hacia el futuro, pensando en un sistema sostenible, solidario y equitativo.

No se trata solo de proteger a quienes hoy cobran sus haberes, sino también de garantizar que las generaciones futuras no hereden un sistema colapsado.

Para ello, es fundamental que las reformas incluyan mecanismos automáticos de movilidad, ajustes basados en salarios y precios, y políticas activas de inclusión laboral, de manera que la protección social deje de depender de la buena voluntad de la política o de fallos judiciales aislados, y se transforme en un derecho real y efectivo para todos los argentinos.

En conclusión, la historia jurisprudencial argentina sobre la movilidad jubilatoria demuestra una constante tensión entre derechos consolidados y limitaciones estructurales.

Los fallos de la Corte Suprema han reconocido la importancia de vincular los haberes al salario de los activos y proteger la equidad, pero el sistema sigue siendo vulnerable a crisis económicas, cambios políticos y desigualdades sociales profundas.

La justicia social aplicada al régimen previsional no es una aspiración abstracta: requiere políticas integrales, planificación a largo plazo y un compromiso sostenido con los principios de solidaridad, equidad y dignidad de quienes han aportado toda su vida laboral al desarrollo del país. Solo así el sistema previsional argentino podrá cumplir con su verdadero propósito: asegurar una vejez digna para todos los ciudadanos, sin depender de ajustes parciales o de la discrecionalidad de decisiones políticas y judiciales.

(*) Abogada - Egresada de la UNNE.

Especialista en derecho previsional. Planificación patrimonial y sucesoria

Por Silvia Zarza