redacción de época
Una piña a la desidia
El puño impactando en el rostro del ministro es una clara señal de hartazgo social. La violencia nunca es justificable, provenga de donde provenga, pero cuando la sociedad cruza ese umbral, la anomia está golpeando la puerta.
Daniel Barrientos es una de las tantas víctimas de la delincuencia que campea en todo el país. Es un síntoma de una enfermedad más peligrosa y se conecta con la desidia y el abandono de las funciones específicas de quienes administran el Estado. La piña se personificó en el ministro de Seguridad de la provincia más grande del país, pero es una muestra del hartazgo social con sus políticos.
Es la clara señal de tres décadas de ausencia de la intervención en la seguridad, la educación y la promoción del bienestar que crea el caldo de cultivo de la inseguridad que lleva a trabajadores a declarar que salen y no saben si vuelven.
No es que la violencia y los homicidios ocurren solo por las guerras de los carteles en Rosario o en el Conurbano Bonaerense, por lo que se ve, como prioridad, en los noticieros y las tapas de los grandes diarios nacionales.
La delincuencia campea en todo el país, desde una capital que se presume tranquila, como Corrientes, donde todos los días los ladrones eligen a quienes son más vulnerables como adolescentes, estudiantes y mujeres para sus robos, muchos de ellos con saña y lesionados en la propia ciudad de Buenos Aires, aunque sus gobernantes se jacten que las estadísticas al respecto bajaron. Lo mismo dicen las estadísticas del ministro vapuleado por colectiveros, cansados de ver morir a sus compañeros.
Los argentinos tenemos más de cuatro décadas de filosofía de estado ausente en el gobierno y la prueba palpable es que la pobreza no para de aumentar desde 1976 en adelante.
Hay muchos que van a decir y repetir -como mantra- que "en la dictadura no había la inseguridad que hay ahora", lo cual es falso porque en esos tiempos no te asaltaba un motochorro, pero podías desaparecer si solo aparecías en la agenda de un sospechoso de subversión.
Cuando la dictadura asumió, la pobreza estructural de Argentina no llegaba al 5%, cuando terminó con sus políticas de recortes de los derechos laborales, persecución y secuestro de dirigentes gremiales la pobreza llegó al 25%.
No nos fue mejor en democracia. Si bien hay institucionalidad, los gobiernos democráticos no supieron o no quisieron detener la espiral de empobrecimiento.
La década menemista elevó el desempleo real al 20% y la pobreza al 38%. Tanto fue así, que cambiaron la forma de medirlo y solo contabilizan como desocupado al que no tiene trabajo y no lo busca, es decir que quien no tiene empleo y no lo busca no es desempleado oficialmente hablando.
La dorada época del crecimiento a tasas chinas de los dos primeros gobiernos kirchneristas y el endeudamiento del gobierno macrista, ambos reportan su génesis como movimientos políticos al menemismo; no alcanzaron para revertir la tendencia y los resultados están a la vista.
La medición oficial de la pobreza dice que hasta diciembre del año pasado el 39,2% de la población, de los 31 conglomerados urbanos donde se realiza la Encuesta Permanente de Hogares, tiene ingresos menores a la línea de la pobreza y el 8,1% de los argentinos no gana lo necesario para alimentarse, es decir que son indigentes. Claro, no se sabe qué pasa en las zonas rurales, donde viven los más vulnerables y los más excluidos.
Otro detalle no atendido por quienes administran es la constante migración de la población del interior, sobre todo del pomposamente denominado "Norte Grande" hacia ese conurbano bonaerense o la Patagonia, que van a vivir en las villas miseria cerca de las capitales, disfrazadas ahora con el eufemismo de "barrios populares", por esa moda de ponerle nombres amables a la dura realidad.
Ese es el caldo de cultivo que favorece el reinado de los punteros de la droga y los dueños de bandas de delincuentes, que muchas veces tienen la protección de la Policía que debe brindar seguridad en la zona.
Es en esos hogares en los que la delincuencia recluta soldaditos, pasa en los barrios pobres de ciudades pequeñas como Itatí, tal como lo reveló la causa "Sapucay", que detuvo al intendente y muchos otros que estaban en la puerta de entrada de la droga que luego iba a las grandes ciudades, para ser repartidas por otros chicos de la misma edad como en Rosario. Se puede apreciar con el pibe de 23 años entregado por la madre por robar el auto que usaron los asesinos del colectivero.
Es sencillo, para un pibe de 13 o 14 años e inclusive más chicos hay más certeza de ganar algo de plata con el narcomenudeo o el arrebato, que ir a morirse de frío o calor en una escuela del conurbano que en invierno no tiene gas para la calefacción y en verano electricidad para un ventilador, a ver si al final de quinto año consigue un empleo de sueldo paupérrimo, porque tiene a sus padres jóvenes padeciendo la ignominia de reportar al puntero de los autodenominados movimientos sociales para cobrar un plan.
Esa es la triste realidad que se vive en Virrey del Pino, donde fue ejecutado el colectivero, o las oscuras calles de la periferia de Corrientes, Resistencia y a lo largo y ancho del país.
En el medio están los trabajadores, comerciantes, profesionales de esos barrios que todavía creen en el esfuerzo. Eran ellos los que estaban protestando en el borde de la glamorosa capital federal cuando el ministro -más preocupado en hacer marketing- descendió de su helicóptero al estilo Silvester Stallone en Afganistán cuando filmó Rambo II, para dar la cara y recibió la piña contra la desidia de una clase política que se fija más en los incisos de sus reglamentos legislativos que en trabajar para solucionar los problemas reales de la gente, quienes ya no confía en su clase dirigente.
Redacción de época