Definen sentencia por lavado contra ex funcionarios chaqueños
Horacio Rey, ex secretario General de la Gobernación y Roberto Lugo, ex ministro de Desarrollo Social son los imputados más conocidos en la causa conocida como Lavado I. Hoy conocerán si los condenan o los absuelven.
Hoy, la Justicia federal de Chaco dará a conocer su decisión sobre la acusación por lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción y asociación Ilícita y otros cargos vinculados al manejo del Fideicomiso de Pauta Publicitaria (FAPPO). Los principales imputados son el ex secretario general de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey, y el ex ministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo, a quienes se suman Gustavo Katavich, ex coordinador del (FAPPO) y otras 26 personas.
Todos funcionarios de la gestión peronista del gobernador Domingo Peppo, actual embajador argentino en Paraguay y sucesor de Jorge Capitanich.
El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 13 años de prisión para los involucrados, ya que llegaron al proceso oral imputados como coautores del delito de lavado de activos, agravado por ser funcionarios públicos y por integrar una supuesta asociación ilícita dedicada a ese delito con habitualidad.
La instancia de juicio en el Tribunal Oral Federal (TOF) se inició el 21 de febrero pasado ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Enrique Bosch y Rubén Quiñones.
Entre los imputados, también se encuentran varias personas vinculadas familiar y/o comercialmente con los principales imputados, como la pareja de Lugo.
El fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, solicitó penas de 13 años de prisión para los tres principales imputados y que las mismas se unifiquen en 15 años, al sumarse las condenas que los tres recibieron en el fuero provincial por los delitos precedentes de corrupción. Además, solicitó que se les cobre una multa equivalente a tres veces el valor del dinero lavado, el decomiso de todos los elementos secuestrados y que se les dé un destino social para reparar "mínimamente" el daño provocado al Estado.
A la hora de elaborar y presentar las imputaciones, trabajaron el fiscal general, Federico Carniel; el secretario, Horacio Rodríguez; el fiscal general de Córdoba y ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), Carlos Gonella, y la fiscal federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón.
En los alegatos de la acusación se describieron los roles que ocupó cada uno de los integrantes de la presunta organización criminal y detallaron las diferentes maniobras para insertar en el circuito legal los fondos públicos provenientes de la corrupción. Entre ellas, enumeraron la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.
A Rey se le imputa blanquear fondos públicos de la pauta publicitaria oficial, a través del FAPPO, entregados como pagos irregulares a empresas fantasmas o vinculadas a su persona y que no prestaron ningún servicio al Estado.
Katavich fue acusado ser parte central de las maniobras al haberse desempeñado como coordinador del FAPPO, designado en su momento por el propio Rey.
En tanto, a Lugo se lo acusa por haber "blanqueado" dinero proveniente de contrataciones directas a familiares y allegados cuando se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social de la Provincia.