Recuperar el tiempo perdido

La deuda histórica, a la que Axel Kicillof tuvo la agudeza estratégica de acrecentar notablemente durante su gestión enfrentando, duramente y sin corbata, a las potencias hegemónicas firmando pagarés a lo pavote, nos puso en una situación insólita. El embajador japonés advirtió que la Argentina no debía tratar a los acreedores del Club de París de manera diferente a la que lo hace con las acreencias chinas. La geopolítica se desnuda cuando de privilegios abusivos de pago se trata. Argentina cumple religiosamente los pagos a China y pretendía postergar todo pago al Club de París. Las deudas con China y la de los países del club tienen el mismo origen: financiamiento de la compra de bienes o servicios. El embajador de Japón acreedor puso tarjeta amarilla "con el Club de París. No, Martín". Japón, una economía inmensa y poderosa tecnológicamente, tiene en Argentina una empresa automotriz, entre otras, que ha desarrollado una estructura de proveedores locales de nivel internacional. Es decir, "invirtió para el desarrollo". No es habitual. La cuestión se ha resuelto poniendo un poco de plata que es lo que quieren los acreedores y logrando un poco de tiempo que es, hasta aquí, la magna política argentina en materia de finanzas internacionales. Guzmán o el mismo Mandrake, no podrían haber hecho mejor ante la magnitud de las deudas, el tiempo de mora y la precariedad de los recursos: comprar tiempo. Los acreedores financieros pueden otorgar tiempo. Téngalo en cuenta. No pasa lo mismo con los acreedores sociales: para ellos el tiempo no es infinito y las cuotas, por exiguas que sean, hay que oblarlas pari passu. Tenerlo en cuenta. Las financieras pueden dar tiempo; las sociales, no.

Lo que ha logrado Martín con París es un mérito no menor, considerando el permanente asedio que sufre por parte de "locos con carnet" que rodean al Ministro desde las huestes de La Cámpora, el Instituto Patria, los disidentes del viejo PC, y la agrupación estudiantil TNT convertida en funcionarios de control. La clave de la deuda es "la capacidad de pago futura" para amortizar servicios y capital. Pero lamentablemente, este desafío no es ni todo ni lo principal. La Argentina 2021 tiene una deuda externa colosal, pero mucho más grave y con mayor capacidad de impedimento, es la deuda social descomunal que sufrimos. La expresan la indigencia, pobreza, desempleo, empleo precario y superpoblación en distintos estamentos del sector público. La UCA acaba de informar 64% de pobreza entre los jóvenes menores de 17 años en el conurbano bonaerense. Ambas deudas, aunque con distintas consecuencias, comprometen el equilibrio social si no comienza, en breve tiempo, un proceso de "amortización" que en ambos casos es necesariamente un programa para terminar con ellas. Amortizar significa, como mínimo, dar señales, expectativas que ambas deudas dejarán de crecer y brindar fundamentos para pronosticar un comienzo de su declinación. Es obvio que el "default social" habría de significar una crisis difícilmente gobernable. De la misma manera el "default de la deuda externa" habría de significar un freno para la recuperación económica. No la tenemos fácil. Pero además la pandemia lo ha empeorado todo. Nuestra capacidad de pago habrá disminuido como consecuencia de la pandemia. Una masa enorme de capital ha sido desorganizada o destruida en el curso de la pandemia. Nuestro producto potencial es hoy menor que el que disponíamos antes del COVID-19. Esta constatación nos remite a que la "deuda social" (pobreza, desempleo, empleo de baja productividad) en realidad acusa a la mayor enfermedad de nuestra economía que es la portentosa falta de inversión. La consecuencia de la patética ausencia, desde hace casi medio siglo, de una política pública pro inversiones. Seguramente no somos el único país que carece de una estrategia de larga duración y alta consistencia sistémica, de promoción de la inversión. Pero sin duda somos una "rara avis" en el concierto de las Naciones. ¿Lo escuchó a Vladimir Putin o a Joe Biden? Las estrategias en materia de inversión de la UE y de los países miembros, o la de los Estados americanos, o de todas las experiencias de desarrollo del sudeste asiático, o las de nuestro socio y vecino Brasil, son elocuentes. Es que el capitalismo es un sistema de propiedad privada de los bienes de producción en el que el Estado genera, promueve, compra condiciones para invertir. La electrónica en USA o la soja en Argentina vienen de ahí. La propiedad privada aquí existe. Pero el Estado pro inversión ha desaparecido. La ausencia de inversiones, el desgaste del capital, el atraso tecnológico, la carencia de infraestructura económica y social, tiene como consecuencia la reducción de la productividad o como mínimo su escandaloso estancamiento. Martín Rapetti calculó que en 2020 el PBI por habitante resultó igual al de 1974. A ojo de buen cubero nuestra productividad, medida por esa proxy, está estancada desde largo tiempo atrás. La acumulación de la deuda social y de la deuda externa es consecuencia del estancamiento de la productividad y ésta de la huelga de inversiones. La política simplemente lo ignora. Los libertarios imaginan que la algarabía de los mercados la producirá y los modosos ortodoxos que lo son casi todos apuestan a que el ahorro precede a la inversión. Todos descartan el camino que ha recorrido el capitalismo occidental: la inversión generó el ahorro y todas sus benéficas consecuencias. La desinversión es la madre de todas las desgracias y esta es hija de la ausencia de zanahorias. ¿Podemos acaso resolver este drama de "las deudas" (objetivo), que nos amenazan con situaciones más graves aún, sin un programa (instrumento) de larga duración (lo que se hace sin tiempo no dura) que por profundidad y duración requiere de un consenso primero político (la democracia es alternancia) económico y social? La respuesta es sin un programa y sus anexos: no. Este Estado, nuestro Estado, no explicita el objetivo, por tanto tampoco los instrumentos necesarios y menos aún las condiciones de consenso. Esta es hoy nuestra mayor carencia de "bien público" y la que identifica el inexplicable default de la política nacional.

Digo "el Estado" porque ningún gobierno de las últimas décadas ha siquiera intentando pensar un programa ni procurado conversar acerca de ello. El problema es una incapacidad que no tiene color político. El "programa" requerido por el FMI no es más que esto: "muéstrenme qué harán para pagarme a futuro". Si hay voluntad de pago debe haber un programa que debe ser expuesto. Pero lo mismo ocurre con la deuda social que reclama un programa para cancelarla. En ambos casos "el programa" debe ser pensado y conversado para ser un programa propio. Para formular ese programa hay que tener en cuenta las diferencias entre los titulares de una y otra deuda. Primero, la deuda social no tiene un pagaré firmado para poder exigir la cancelación de la pobreza o el desempleo en ningún tribunal, como sí lo tienen los acreedores financieros. Segundo los titulares de la deuda social no tienen tiempo para otorgar y no hay espera posible. Está claro que demostrar "voluntad de pago" es exponer un programa para hacerlo. Los que no pueden esperar (los indigentes, los pobres, los desocupados) tienen una demanda que crece a una tasa de interés compuesto exponencial. Cuidado, que transcurra en silencio no quiere decir que no se acumule. Dios ciega a los que quiere perder. La tradición del FMI es exigir un programa fiscal que informe del calendario de pagos. Ese programa implica generar un continuo de superávit fiscal. Justamente resolver la cuestión fiscal solo es posible con un programa que, al mismo tiempo, resuelva la cuestión social y organice la generación de esos excedentes. El stock de deuda financiera inicial a medida que pasa el tiempo se acrecienta como consecuencia del imperio de la tasa de interés. No es una cuestión menor. Si la tasa de interés anual es del 4%, la deuda inicial se duplica en 18 años si es que no ha habido amortizaciones en el intervalo. Cuando Cristina Kirchner y sus corifeos requieren 20 años de espera y menor tasa de interés, están solicitando algo lógico, más allá de la normativa del FMI que no contempla esas liviandades. No obstante "el que no llora, no mama".
Llegados a este punto cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones, que ya están contaminando todo y de mala manera, uno de los objetivos inexcusables de esta gestión de gobierno debería ser, sin lugar a dudas, incrementar la "capacidad de pago" de los servicios de intereses y capital que corresponden a la monumental deuda externa de la Nación, las provincias y algunos de los municipios. Y aquí el megadesafío lograr al mismo tiempo la "capacidad de pago de la deuda social".

Por ahora carecemos de esa capacidad de pago (de ambas deudas) y también de la capacidad de demostrar que la tendremos. Por eso la renegociación de la deuda con los acreedores privados (más tiempo y menos interés) no logró reducir el "riesgo país". "El mercado" no cree en nuestra capacidad de pago en tiempo y forma, y hace imposible la refinanciación de la deuda de forma normal, es decir, refinanciar sin renegociar. Al mismo tiempo, la pobreza y el desempleo, el productivo y formal, crecen. De mantenerse este trayecto de la economía (y de la sociedad) argentina no hay destino apetecible al que podamos llegar. Algo tiene que cambiar. ¿Qué significa "solventar esas deudas" o bien cuál es "el destino" al que debemos arribar? Generar un excedente público de la magnitud requerida en función del calendario de pagos comprometido o bien, en el caso de la deuda con el sector privado, desplegar una dinámica de la economía tal que el "refinanciamiento de las deudas" se realice más a pedido del acreedor que a demanda del deudor; y por lo tanto a tasas de interés mínimas comparadas con la tasa de crecimiento del PBI. Las dos cosas son igual de necesarias, el excedente para atender la deuda con los organismos multilaterales y la dinámica de la economía para, por ejemplo, refinanciar sólidamente la deuda con el sector privado que, previamente implica, haber despejado plenamente el camino de la cuestión social. La expresión de Alberto Fernández al principio de la pandemia cuando señaló, en la por él imaginada alternativa de "pobreza o muertes", que prefería 10% más de pobres a 100 mil muertos, estaba en el entendimiento que "la pobreza" podría ser revertida. Más allá de la supuesta inevitabilidad de la opción "pobreza o muertos", lo que resume esa afirmación es que "la pobreza" es consecuencia de una política reversible. Es lógico. Hoy nos aproximamos a los 100 mil muertos y la pobreza ha aumentado más de 10%. La opción no era cierta y lamentablemente la política, que genera la pobreza, no ha sido revertida. La reversión implica una "dinámica apropiada de la economía". ¿Cuál es la apropiada dinámica de la economía? Recordemos que en 2020 el PBI por habitante era igual al de 1974. ¿Cuál cree Ud. que sería una dinámica apropiada expresada en la síntesis del PBI por habitante? Las tasas de crecimiento que alguna vez expuso Martín Guzmán eran y son ridículamente mínimas y ni remotamente garantizarían una dinámica apropiada para enfrentar las deudas financieras y sociales. Ricardo Arriazu, amigo y colega muy respetado, ha manifestado que lograr veinte años con un crecimiento del PBI al 4,5% anual permitiría reducir el porcentaje de pobreza al 10%: 5 millones de habitantes pobres en 2040. Es decir 6 veces más que en 1974. La pregunta es si en el intervalo esa modosa reducción de la pobreza será sostenible. Me cuesta imaginar que en 20 años, creciendo a esa tasa que es muchas veces el promedio de los últimos 20, hayamos podido encaminar no resolver plenamente la deuda social y al mismo tiempo encaminar el panorama de la deuda externa. Ese ritmo de crecimiento es un objetivo modesto en termino de las necesidades. Seguramente responde a un modelo que no implica una profunda transformación estructural en el aparato productivo, en el valor agregado de las exportaciones y en la sustitución de importaciones imprescindible para ganar la batalla del empleo. Me parece importante señalar, más allá del exagerado optimismo que refleja, que no tener un programa de transformación de largo plazo consensuado y que resulte en tasas que permitan duplicar el PBI ph en 2030, será el default de la política de la próxima década. Duplicar el PBI en 10 años es un desafío enorme e imposible sin un programa de transformación. En la última década cifras aproximadas solo las lograron o se aproximaron notablemente a esos resultados, China e India y un poco más lentamente Irlanda y Turquía. Duplicar el PBI por habitante de 2020 en 2030 requiere crecer a una tasa anual acumulativa del 7% . Creo que sólo con ese nivel de actividad y de inversiones implícitas, es probable el objetivo de amortización de las deudas y la generación de expectativas que alimente la confianza y el desarrollo al mismo tiempo. La tasa de 4,5% que se expresa en la nota de Arriazu es muy elevada respecto de nuestro récord reciente y además no es un objetivo compartido por la mayoría de los economistas, es una afirmación muy valiente: para la mayor parte de la profesión es una tasa imposible de lograr. Por cierto es mucho más difícil alcanzar el 7% de crecimiento que duplicaría el PBI por habitante en 10 años y eso no habla de valentía sino de consciencia de la necesidad. Proponerse esa meta, que es la que creo que nos tiene que convocar, exige un ejercicio de pensamiento estratégico al que hemos renunciado hace años. Una movilización del pensamiento situado en la realidad argentina. Porque hay muchas realidades argentinas y tantas como métodos de desarrollo del potencial de cada una de esas realidades. La realidad más acuciante es combatir la pobreza en los niños y jóvenes. Ello requiere de un programa especial cuyos objetivos indicativos son: a) brindar a los niños en edad escolar sin excepción y a la libre decisión de sus padres las condiciones materiales de vida que eviten toda carencia básica; b) prepararlos y ofrecerles la educación integral de alta calidad. La pobreza se combate desde la infancia con una revolución educativa. En 10 años, con las inversiones necesarias, la pobreza los daños que genera la pobreza en los menos de 14 años puede haber desaparecido. Esa es una meta que no debe depender de la expansión de la economía: influirá en el espíritu de epopeya. La expansión de la economía y la generación de empleo productivo para los sectores menos calificados, requieren un programa de transformación estructural que lo contenga.

Un programa multidimensional que tenga como grande objetivos además de la meta de la pobreza juvenil y del empleo de los menos calificados la ocupación productiva del espacio y el rebalanceo demográfico; la expansión dinámica de las exportaciones de todos los sectores productivos, multiplicar las exportaciones es la condición necesaria para traccionar el desarrollo regional; generar las condiciones para sustituir importaciones de la industria, aprovechando la memoria productiva y el restablecimiento de eslabones en las cadenas de valor. Nada de eso es posible sin una estrategia de la promoción de la inversión reproductiva y sin una estrategia de transformación del Estado y la calidad de la Administración. No estamos condenados al éxito. Más aún, si no pensamos y conversamos, sobre un programa de transformación de esas características y con metas extremadamente ambiciosas, seguiremos condenados a la decadencia como lo venimos experimentando, en todas las dimensiones, desde hace 46 años. Ahora más que nunca es necesaria una participación proactiva de ciudadanos y comunicadores en la tarea de evitar el default de la política, que implicará el default de las deudas financieras y sociales. Por eso es imprescindible interrogar a todos los candidatos ¿a qué tasa de crecimiento espera que resulte de su programa, cuáles son los instrumentos que propone para alcanzarlo? Si sus respuestas nos dan confianza que, con su programa, solventaremos las deudas social y externa en una trayectoria lógica y consensuable, entonces estará amaneciendo la cancelación del futuro de default de la política. Ese default, en última instancia, es el disparador de los otros dos. De su default la política no habla porque hasta hora ha sido incapaz de ofrecer un programa y de conversar para consensuarlo. Esa es la misión de la política. Su incumplimiento es el verdadero default que nos condena a la decadencia. Es que nuestro retroceso es monumental. Lamentablemente no es visualizable por las jóvenes generaciones. La mayor parte de nuestros habitantes tenía por ejemplo 14 años o menos cuando la decadencia empezó a mostrar sus feroces dientes. Tal vez por esa razón un proceso de expansión y desarrollo les resulte poco menos que imposible. Lo invito a Natalio Botana a comentar aquellos años "Aquel país que yo conocí en mi juventud y madurez que se vanagloriaba de tener la clase media más grande de América Latina hoy está sufriendo el desagravio de las políticas de decadencia que nos agobian desde hace por lo menos dos décadas" "El país no puede salir de un ostensible fenómeno de declinación histórica... viene de arrastre es uno de los dramas que no ha podido resolver nuestro querido régimen democrático desde 1983". Clarín, 21/2/21. No hace tanto hubo otra Argentina. Necesitamos pensar la estrategia para acelerar la tasa de crecimiento para recuperar el tiempo perdido.