Ministerio de las Consecuencias

Por una decisión ejecutiva, se liquidó el sistema ferroviario. Un resultado es la triplicación del costo de transporte.

Mi informante no es extremadamente confiable. Pero, dadas las idas y vueltas, los zigzags a que nos tienen acostumbrados estos casi 12 meses de gobierno, todas las iniciativas o las versiones más disimiles, pueden ser posibles. Convengamos que un sobre, con bombitas de mal olor, tirado por el Senado en la puerta del Hotel en el que moraba la delegación del FMI, era algo inimaginable después de la Carta de CFK que conminaba a Fernández a arreglar los problemas que desestabilizaban la economía. Pero el sobre fue. En ese escenario epistolar, digamos, tenso para el ministro de Economía que negocia con el FMI, el Jefe del nuevo peronismo camporista sacude la tribuna empresarial con la ley de impuesto a las grandes fortunas (200 millones de pesos), pero lo hace después de que el Presidente le habría señalado a algunos de los titulares nacionales de esas grandes fortunas que el agua no llegaría al río. Alberto, después de agradecer cada mañana al Papa Francisco su ayuda con Kristalina Giorgieva, la manda sin contemplaciones a Vilma Ibarra a afirmar su estimación -vaya a saber cómo lo logró- de 500.000 muertes por año a causa de abortos clandestinos como fundamento sanitario de la ley del aborto al Congreso. Con este proyecto, una parte de la sociedad se siente atacada. Es que, unos y otros, como otros tantos, recuerdan que no hay decisión en la vida que no tenga consecuencias. Esos funcionarios con los que he contactado me señalan que pocas decisiones públicas consideran detalladamente las consecuencias antes que sean ejecutadas. El resultado es la "vida boomerang" o el tiro por la culata. No es que las decisiones de las mayorías deban ser sometidas al veredicto de las minorías. No. Eso, además de antidemocrático, haría imposible la tarea de gobernar. La persuasión tiene un límite. Pero aún siendo de mayorías, las decisiones tienen consecuencias. Y es obligación de quién las toma estimar, calcular, conocer esas consecuencias. Sobre todo para evitar aquellas que, de ocurrir, nos pondrían en peor situación que el no haberlas tomado. Es que el "bien común", que es lo que debería movernos, no es sólo ahora, sino también mañana. El mañana que estamos obligados a otear aunque no sea evidente a primera vista. Bueno es que "eso, o esto, o aquello" estén bien mañana, es el arte de bien gobernar: la sustentabilidad de los logros. Dicho esto, sabemos que en nuestra Argentina la manía de suponer que las decisiones públicas cambian la realidad a deseo y que esas decisiones no tienen probabilidad de consecuencias de sentido contrario, es lo habitual. Eso es gobernar con "angelismo". Una afirmación de ese tono la hizo Máximo Kirchner. Dijo "la economía la maneja el Gobierno". Vamos, una cosa es orientar, balizar, canalizar – castigar – que es misión del gobierno; y otra es "manejar". Manejar supone la docilidad de la máquina. La economía es un organismo vivo. Por eso para Perón "la historia se cabalga". Las reacciones inmanejables generan consecuencias indeseables. Por todo esto, me dicen esos asesores de la Rosada que están considerando crear el Ministerio de las Consecuencias. Cuando se hace la observación de la inflación burocrática, sonriendo dicen citando a Mari Kondo "la primera clave para ordenar es deshacerse de todo aquello que no se usa". El nuevo Ministerio iría unido a descargar lastre. ¿Será? Se proponen en la Casa de Gobierno que ante cada iniciativa, ese nuevo ministerio estimaría las consecuencias que habría de tener la nueva norma. Ese "dictamen de consecuencias estimadas" sería previo a la aplicación de la norma sancionada. El dictamen, trascendió, deberá ser elaborado por un equipo interdisciplinario ad hoc que estaría integrado por expertos calificados en cada una de las disciplinas necesarias para mensurar sistémicamente las consecuencias de las medidas. Esos asesores me dicen que con el "dictamen de consecuencias" se evitarían gravísimos problemas que producirían las "mejores intenciones" que, como sabemos, tapizan el camino del infierno. El Juez bonaerense Víctor Violini ordenó, al comienzo de la pandemia del coronavirus, que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario, fueran beneficiados con el arresto domiciliario. Esa decisión, me recuerdan, abrió la puerta para 2.300 reclusos. La decisión puede estar ajustada a derecho, pero dijo Sergio Berni: "Nadie sabe a quién se liberó y dónde están". La Suprema Corte bonaerense revisó la decisión pero los "efectos de la decisión cuestionada" ya habían ocurrido.

Arturo Frondizi empezó el desguace del sistema porteño de tranvías (llegaba a Lanús, Quilmes, entre otros) que terminó en 1962. Enterradas quedaron las vías y nos pegamos un tiro en el pie.

Un Juez aplica leyes, pero de la propia y equilibrada aplicación de las normas pueden surgir consecuencias gravosas para la sociedad. Si estuviera en conocimiento documentado de las consecuencias probables, la autoridad judicial podrá insistir en su resolución, hacerlo con especificaciones que morigeren las consecuencias o bien optar por un mal menor habida cuenta de las mismas. Nada lo obliga a resolver en una u otra dirección, pero sí a hacerse cargo de las consecuencias. Los ejemplos en materia penal, laboral, civil, comercial, se cuentan por miles. Por ejemplo, una indemnización justa, que conlleva a la quiebra de una empresa, puede destruir diez puestos de trabajo. El acto de justicia es claro. Las consecuencias, evaluadas por el equipo multidisciplinario ad hoc, también lo son. Los promotores señalaron consecuencias no deseadas del Ejecutivo. Cito algunas, cerrar el proceso presencial escolar fue consistente con el principio: "La única vacuna disponible es la cuarentena". Hoy la oscilante OMS dice "no hay que cerrar las escuelas". Pero ese cierre – más allá de disponer de otros medios – produce "consecuencias" en los niños, en las familias, en los docentes, en el sistema educativo y en la organización social. Todas absolutamente previsibles, pero no existe hoy el método obligatorio para que necesariamente sean consideradas por quien decide. El Ministerio de las Consecuencias, de existir, debería haber inventariado todas las consecuencias. Seguramente, el Ejecutivo habrá evaluado las posibles, pero bajo la óptica de la respuesta al problema que la motiva. Esa dinámica tiende a neutralizar la observación de lo "lateral", que tiene poca visibilidad en la dinámica de la decisión ejecutiva frente al "problema". Así se hace acumulativo el efecto de "consecuencias no previstas, no deseadas y no compensadas". La participación obligada del Ministerio, dicen los asesores de la Rosada, habría diseñado el mapa de modo tal que se pudieran morigerar los efectos negativos. Los hechos posteriores a la cuarentena escolar nos van a enfrentar a un incremento de las diferencias educativas derivadas de las sociales. También nos van a enfrentar a impactos en la disponibilidad de organizaciones escolares de gestión privada y al deterioro de las de gestión pública. Una consecuencia no tenida en cuenta es la de los efectos soporíferos de la comunicación digital sobre las reacciones de los padres. Veamos. En la provincia de Buenos Aires, se hace la entrega, con respuesta obligatoria, a niños de 8 años, de cuadernillos en que la historia de Tarzán ahora es de Tarzán mujer; y la del Príncipe Azul que se convierte en Príncipe Rosa y la de Cenicienta que, en la versión Axel Kicillof, se pone de novia con otra nena. ¿Todas las consecuencia de estas propuestas pedagógicas están analizadas por profesionales acreditados? ¿Enseñan a mentir sobre los cuentos de Tarzán, El Príncipe Azul o la Cenicienta? Conociendo las consecuencias, toda decisión será, probablemente, más sabia. Otro ejemplo. Por una decisión ejecutiva, se liquidó el sistema ferroviario. Un resultado es la triplicación del costo de transporte. Si hubiera existido el dictamen del nuevo Ministerio de las Consecuencias, dicen en la Rosada, habría habido reacciones de los gobernadores, de los productores, de los trabajadores, que – sin embargo – se mantuvieron en silencio asombroso. Arturo Frondizi empezó el desguace del sistema porteño de tranvías (llegaba a Lanús, Quilmes, entre otros) que terminó en 1962. Enterradas quedaron las vías y nos pegamos un tiro en el pie. Lo que queda en evidencia cuando vemos el sistema funcionando "como signo de la modernidad ecológica" en las grandes ciudades europeas, y los beneficios de toda índole que ese transporte de pasajeros conlleva y que, ahora, lo mal imita "el metro bus" de H. Larreta. ¿El "dictamen" habría evitado esas decisiones? Tal vez no. Pero la pedagogía habría sido luminosa. Vamos a las leyes. La reforma de 1994 de la Constitución incluyó en el texto a los tratados internacionales. Fue una decisión que habla de liviandad y que el dictamen del Ministerio de las Consecuencias podría haber evitado. Pero lo más grave fue la instauración de las elecciones cada dos años y el ciclo de cuatro años con opción a reelección. Esa periodización se inspiró en la reforma de la Dictadura de la Revolución Argentina. Un análisis multidimensional habría expuesto las nefastas consecuencias de las elecciones, generalmente reelecciones, cada dos años, en todos los órdenes. En particular, en el diseño de la política de gobierno: corto plazo. El daño ha sido enorme y – por ser constitucional – casi irreparable. Un dictamen "pari passu" podría haber advertido que nos condenaron a este aquelarre de gobiernos de un año y el otro año dedicado a la campaña. En el campo de las recientes, cito "la ley de incendios forestales". La intención es detener los incendios destinados a "habilitar inmuebles" para convertirlos en proyectos inmobiliarios, o bien a la quema de bosques naturales para habilitarlos para tareas agrícolas. Absoluta coincidencia con la intención. La pregunta es ¿ha sido realizado el análisis objetivo de las consecuencias, por ejemplo, para los incendios accidentales o provocados, lo mismo da, que arrasan con la explotación vecina? Al fuego no lo detiene el alambrado y además se lo lleva puesto. Lo que fue infraestructura preparada para producir, desaparece. No importa quién sea el dueño. La naturaleza demora años en reconstituir lo que el fuego arrasó, pero la infraestructura no vuelve. La ley ¿incentiva acaso la reconstrucción de ese capital destruido o, por el contrario, lo impide? Descapitalización sobre descapitalización. El espíritu de la ley lo comparto, pero parece que "las consecuencias" no han sido analizadas por el legislador metido, como dije, en la dinámica del problema. El hoy inexistente Ministerio de las Consecuencias habría dictaminado contribuyendo a la mejora de esta ley poniendo en claro las consecuencias. Respecto del impuesto a la riqueza, primero, es imperiosa la necesidad de aplacar el déficit fiscal y, al mismo tiempo, paliar las necesidades agobiantes que ha añadido la cuarentena. Todas razones valederas. El proyecto impone una contribución progresiva al que tiene más de 200 millones de pesos, cualesquiera sean los bienes que lo componen: plata líquida en el exterior, mansión en Punta del Este, taller de forja en Berazategui, "contratista" para silos, entre otros. Todo es igual. Pero no sólo eso. Dos millones sí. Pero 1,9 millones, no. ¿? No sólo eso. Si el propietario es argentino, ganó ese dinero aquí, muchas veces gracias a una concesión del Estado argentino, pero si ese mismo gaucho tiene domicilio fiscal en el exterior y puede tener – por ejemplo – más de 4 mil millones de dólares, no pagará un centavo. ¿Error o queriendo? Como todos sabemos, y Carlos Heller también, aunque como cooperativista estará seguramente exento de pagar por su banco, no solo la inmensa mayoría de los bienes de capital en Argentina no son propiedad de argentinos, tampoco lo son campos, minas, pozos, fábricas, servicios… Pero por esos bienes, con esta ley, bienes que se han valorizado aquí, no se pagará un centavo. ¿Los que la redactaron tienen consciencia de la inequidad radical de esta norma? Para muchos, es una invitación al cambio de domicilio fiscal. Teniendo lo mismo, pero con domicilio afuera, los esfuerzos son otros: se premia la fuga. Esta norma que, seguramente, tendrá otras consecuencias, si estuviera el nuevo Ministerio en funcionamiento, podríamos conocerlas y el legislador repensarla. Una más verdaderamente escandalosa: la moratoria previsional que sancionó CFK no tuvo en cuenta las condiciones socio económicas de quienes tenían derecho a la misma, a pesar de no haber aportado, y tal vez, de no haber siquiera trabajado. Alieto Guadagni calcula que hay aproximadamente 1,5 millones de personas de sectores sociales medios altos que gozan, por la moratoria, de una jubilación mínima – que claramente no necesitan para sostener su elevado nivel de vida – que nos cuesta, estima Guadagni, alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Cuando Cristina sancionó esa norma seguro que no quiso rifar esa fortuna a favor de los sectores medios altos. Pero nadie le hizo la evaluación de las consecuencias. Con esa plata recuperada, una inmensa cantidad de problemas fiscales, por los que atravesamos de crisis en crisis, no los tendríamos. Por todas estas "consecuencias" no contempladas es que la idea de que "gobernamos" cuando estamos en el Poder, es un verdadero espejismo porque, como hemos visto y como veremos, son las consecuencias las que nos gobiernan. Les preguntamos a los funcionarios que promueven esta creación ministerial ¿por qué esta propuesta? La respuesta fue práctica. Dijeron: "Nada de lo que se decide, sea ley o normas ejecutivas o sentencias, en nuestro país, se decide a partir de una visión integral, de un pensamiento programático". Repitieron: "Nadie quiere debatir un programa integral. Es un costo que demora la acción". ¿Por qué lo hacen entonces, les pregunté? Respondieron que "es que hoy, todas las decisiones surgen más por la necesidad de ocupar un espacio del debate público que por una arquitectura del futuro". Y agregaron: "Y como pesa mucho la demanda de las minorías activas y ruidosas, conceder nos hace más barato el presente que es el lugar donde estamos". Riéndose, me dijeron: "La cuenta del futuro la pagarán otros". Por eso, sostienen que "hoy no hay ni ganas ni talento para pensar antes de decidir, sentenciar o legislar, entonces proponemos que hagamos las cosas, por lo menos, conociendo las consecuencias de nuestros actos". Me quedé pensando que las consecuencias de nuestros actos, mirando el presente, son la grieta, la pobreza, la decadencia económica, la inseguridad y el ambiente irresponsable. Si esta propuesta que me comentan hubiera existido hace 40 años, podría haberse anoticiado los que gobernaron y gobiernan que algunas normas que decidieron son las que las aumentaron. Mi conclusión es que, es cierto, a la idea de programar llegamos tarde. Por eso no somos como los demás. Pero, por ahí, estamos a tiempo de mensurar las consecuencias. Sería más burocracia pero con una buena idea. ¿O usted cree, al igual que yo, que esto es una patraña distractiva y que los "informantes" me engañaron?