Las cosas y las palabras
El 9 de Julio habló rodeado de empresarios de todos los sectores, incluida la Sociedad Rural, un dirigente sindical y con el telón de fondo de imágenes de los gobernadores. Allí hizo una manifestación de sus ideas políticas que esperamos también sea identificatoria de un programa.
En economía, por ahora, lo que domina es la ausencia de un programa o un mapa o un destino.
En política, más allá de la escasez propositiva que domina a los que militan en la oposición, por ahora lo que domina en el oficialismo es el aislamiento - más allá de las coincidencias operativas de la pandemia - y la desatención.
El aislamiento, que es evidente en la medida que no existe debate con quienes se supone no coinciden, se agiganta con las expresiones provocadoras de algunos pocos, más bien segundones, oficialistas respecto de los que se expresan críticamente.
La desatención reside en la falta de mensajes para los hombres del común, nosotros los espectadores en la platea que sólo podemos aplaudir, cuando aciertan, y criticar cuando yerran. Ahí no hay ni amor ni odio, sólo opinión pública no publicada.
¿Quiénes son los odiadores a los que condena el Presidente? ¿Cómo se expresan algunos miembros del oficialismo respecto de los opositores?
Es cierto que la oposición tiene dirigentes principales - por los cargos que ocupan - que espantan. Nadie se posará en el terreno de la oposición con esos espantapájaros parlantes. Están en las tres vertientes de esa coalición, sea Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo o Fernando Iglesias y el máximo exponente, Mauricio Macri. Nadie debe callar. Pero lo más saludable es opinar, no despotricar. Y estos representantes de la oposición - no todos - despotrican. ¿A qué se oponen que no sea a todo, que es lo mismo que nada?
Pero otra vez, quienes ejercen el poder tienen, además, la responsabilidad de "construir la oposición". Cada oficialismo tiene, a la larga, la oposición que se merece. Con esa desatención el sistema de la alternativa, que es la democracia, se envilece.
Es bueno que Fernández haya elegido volver a la idea de gobernar con los gobernadores y en diálogo con los sectores sociales, pero debió - otra vez la exclusión - incluir a la oposición, porque ella existe, en los votos y en las formas, y es parte de la nación. ¿O no? La deslegitimación de la oposición es una enfermedad de la democracia que la debilita.
Es cierto que hace años que no se la incluye. Para algunos nunca se hizo. Pero alguna vez hay que empezar. Y hoy es más necesario que nunca. Pocas veces el país, antes de la pandemia, estuvo tan gravemente afectado y mucho más lo está hoy en la pandemia y lo estará después de ella.
Fernández dijo: "La Argentina del mañana" se construye con todos los sectores, dejando atrás "el odio y las divisiones" convocando a "unirse en un destino común". Es cierto, pero no sólo para la Argentina del mañana, sino para la Argentina de hoy.
Dijo: "Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine aquí a terminar con los odiadores seriales".
En rigor, no se trata de "terminar" con "los odiadores", sino de no repetir el odio, no alentarlo, no azuzarlo. ¿Cómo? Veamos una forma reciente de azuzar (¿la irritación?) con el silencio. El silencio azuza.
Es cierto, la Justicia, el sistema, tiene la perversidad probada de no poder dictar condenas ni absoluciones porque se dedica a no juzgar las "grandes causas o las causas de los grandes". El historial excede a los personajes de la política y de la vecindad, incluye a empresarios y a peces gordos. Y esta perversidad sistémica es producto de la arquitectura política que ha montado el sistema y sus protagonistas. Cuando juzga, rara vez es justa. Es un problema sistémico.
Basta recordar, para tirar del hilo para empezar por una punta, que las designaciones judiciales, en Democracia, comenzaron dependiendo, nada más y nada menos, que de Vicente Leonides Saadi quien, preso tres años, incurrió en desacato y fue expulsado del Partido Peronista en la primera presidencia de Perón. Mire usted. ¿Caso único? No. El otro expulsado por Perón, pero de la presidencia, fue Héctor J. Cámpora.
Saadi - millonario residente del Country Tortugas - en 1982 se asoció a Montoneros para editar el diario La Voz. La organización Gestar (del peronismo de José Luis Gioja) ejemplifica con Saadi "la mal llamada picardía política". Los males empiezan por el origen. El de la picardía política fue factotum de las designaciones judiciales durante años.
Pues bien, esta Justicia, la que tenemos exculpó, en su momento, a dos secretarios personales de Néstor y Cristina Kirchner que resultaron milagrosamente multimillonarios. Pero multimillonarios en serio ¿Cómo?
La misma Justicia que no puede ni condenar ni absolver a Lázaro Báez que en pocos años, no más de tres, pasó de empleado bancario - en la muy modesta ciudad de Rio Gallegos - a hipermillonario; y tampoco creo que la Justicia tenga en la mira a un chofer, de la misma ciudad y con las mismas relaciones, que casi se compra un canal de televisión por cientos de millones de dólares. Ni condena ni absolución para un grupo de ciudadanos de una pequeña ciudad que, salvo aducir un milagro, deberían explicar el porqué de tanta fortuna.
Claramente es la Justicia y no el Ejecutivo, en todo caso, la que no resuelve esas cosas. Es obvio.
Pero ¿no hay nada para decir desde la política desde el oficialismo? ¿No hay voceros oficiosos que puedan manifestar lo mismo que cualquier persona normal diría acerca de esto?
Que nadie próximo al poder político diga palabra acerca de esto - evidencias torpes - irrita. Y todos sabemos lo que la irritación desencadena. Y el Presidente debe saberlo y prestarle atención.
Menciono estas cuestiones, que deberían estar en la página de policiales y no aquí, porque en estos días la irritación monta no sólo por la cuestión económica o la pandemia. Monta con las propuestas del ejecutivo de blanqueos o moratorias que tienden a resolver problemas tributarios y - eventualmente penales - de empresarios vinculados al poder.
Lo hizo Mauricio Macri con un decreto que modificó la ley y que dio lugar a un beneficio para el blanqueo de su hermano. Espantoso.
Y lo está haciendo este Gobierno para otorgar una moratoria (perdón de culpas) por haber retenido recursos de la AFIP en combustibles, lo que, aunque no sea cierto, sino es condenado y aclarado, despierta los demonios de la irritación.
Convengamos la irritación no justifica la violencia verbal y mucho menos la física que se manifestó en el banderazo del 9 de Julio contra un móvil del C5N, propiedad de uno de los futuros beneficiarios de la inexplicable moratoria.
Finalmente, el Presidente indicó que "no es verdad que no tengamos futuro y menos cierto es que no tengamos ideas". "Tener el futuro" es en sí una afirmación programática.
Nuestra historia reciente nos señala que no hemos "tenido al futuro": no nos hemos apropiado de él. Por eso nuestro pasado es infinitamente superior a nuestro futuro en casi todos los órdenes. No hemos logrado canalizarlo a nuestro favor. El futuro nos ha ocurrido.
Y cuando fue magnánimo se escurrió entre nuestros días. Pobreza, estancamiento, retrocesos.
Si la propuesta presidencial es "hacernos del futuro", "tenerlo", es una invitación - dadas las condiciones del presente - a una verdadera epopeya colectiva.
Una epopeya requiere de ideas claras. José Ortega y Gasset nos dice de la política que no es otra cosa que tener ideas claras acerca de cómo construir una nación desde el Estado.
¿Cuáles son esas ideas? ¿Esos ideales de Fernández? ¡Ay! cuánta falta de esas ideas conmovedoras.
Argentina las tuvo. Y el extravío que nos hace volcarnos al pasado es, justamente, no tenerlas para hoy.
El Presidente afirma que, Dios quiera sea cierto, las tiene. Sin ideas no se construye el futuro. Las ideas al futuro son como los caminos al destino. Ni un minuto más. Convoque a debatir esas ideas y el futuro se abrirá. Cierto.
Pero llegado aquí, me permito una breve digresión que vacila un temor. Veamos.
Recuerdo conceptos de Ortega: "Argentinos a las cosas".
La relación con las manifestaciones del Presidente, ya resumidas en lo que hace a la política, y que a continuación citaremos respecto a la economía, es que las palabras ciertas si no van acompañadas de los hechos que las transforman en políticas, se convierten en inciertas y peligrosas.
Los hechos son "las cosas" de Ortega.
Un dirigente político en el poder es alguien que, a sus diagnósticos, acompaña con disposiciones, recursos, propuestas legislativas. Esos son sus hechos.
Palabras ciertas pero vacías de materialidad, representan un paso atrás. ¿Por qué?
Me explico. En las últimas décadas algunos gobiernos han abusado del lenguaje de transformación, pero han llevado a cabo políticas regresivas.
Un ejemplo, y me referencio a líderes de la coalición gobernante, es el discurso de Cristina Kirchner que sostenía la voluntad de construcción de un "modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social".
No hubo propuesta ni materialización de acumulación (baja tasa de inversión reproductiva), la economía estuvo a años mil de un proceso de diversificación (primarización de las exportaciones y explosión de las importaciones de bienes industriales, el déficit de la industria manufacturera de transformación fue promedio anual de 2015/2018 fue de 28 mil millones de dólares promedio) y la inclusión social fue la exclusión del sistema de trabajo productivo (crecimiento del empleo público, cuentapropismo, trabajo en negro) asistido por las políticas sociales.
Los problemas que encierran los paréntesis no son "culpa" original de los gobiernos K.
La responsabilidad K es que, habiendo contado con condiciones excepcionales de términos del intercambio (oportunidad económica) y un aparato de poder y control político extraordinarios (oportunidad política), no creó bases materiales de transformación de las causas que generan los males de la baja tasa de inversión, la primarización de las exportaciones y la destrucción de la distribución primaria (salarios), lo que implica el acudir al empleo público, al cuentapropismo y al trabajo en negro como únicas alternativas al sistema de transferencias públicas para la supervivencia.
La consecuencia hipernegativa ha sido que las voces de los adversarios de las transformaciones (que provocan la acumulación productiva y la inclusión social) han utilizado el inevitable fracaso de esas regresiones reales, encerradas en discursos pretendidamente transformadores, como argumento para sostener que las políticas transformadoras invocadas fracasan.
Esta digresión viene a cuento porque la identificación que ha hecho el presidente de su credo económico en la reunión de ACDE, aún no ha sido acompañada ni remotamente, hasta hoy, por los hechos.
Dijo Fernández: "Los grandes países fueron los que desarrollaron industrias" y con toda lógica sostuvo que el país "debe industrializarse al máximo" y "potenciar el desarrollo tecnológico del campo, donde somos líderes en el mundo". He ahí un credo económico de diseño: política mayúscula.
Conceptualmente es un salto notable con respecto a las visiones dominantes. Bien por eso.
En las últimas décadas, lo que se ha sostenido desde el poder político, tal vez no en las palabras pero sí en los hechos, es que no debía ser "la industria" "la" protagonista del desarrollo nacional.
Ese discurso se ha sintetizado en "no hay alternativa" para justificar la destrucción de todos los sistemas de promoción y de protección del desarrollo industrial y también del desarrollo tecnológico de nuestro campo.
Quienes han sostenido esta posición - definible como desindustrializante - se han basado en la peregrina negación que haya sido la industria - las políticas estatales de promoción y protección de su industria nacional - el motor de la historia de la expansión de los grandes países. Una increíble negación de la historia.
La realidad histórica es que esa expansión, como consecuencia de la administración de las políticas estatales de promoción y protección de los trabajadores, se convirtió con el paso del tiempo y el avance de los sistemas democráticos y su institucionalización en lo que llamamos los Estados de Bienestar que caracterizaron lo que Jean Fourastié bautizó como los "30 gloriosos años" de la posguerra en Occidente.
En los países periféricos también vivimos ese período.
En nuestro país fue el período de 30 años de mayor crecimiento del PBI por habitante del siglo XX.
A ese período sucedió el largo de 46 años en el que estamos y en el que el PBI por habitante ha crecido a 0,2% acumulativo anual, tasa a la que la duplicación del PBI por habitante demorará 390 años (M. A. Broda).
En la reunión de ACDE se expresó, desde distintas perspectivas, la preocupación colectiva que surge de este largo proceso de deterioro que, en lo que va del siglo XXI, ha sufrido la caída del PBI por habitante en la crisis 1999 (caída del orden de 22%); 2007 (caída de 5%); 2016 de 2% y la que estamos atravesando de 20%.
Hoy le cabe Alberto Fernández marcar un rumbo y colocar los mojones de salida.
Cuando dijo "industrializarse al máximo" y "potenciar el desarrollo tecnológico del campo", marcó un rumbo.
No fue un discurso acerca de aprovechar "las oportunidades" tipo Vaca Muerta, el litio, el turismo. Las actuales condiciones y las inmediatas futuras no permiten esas generalidades y exigen precisiones en términos de mojones.
Uno de sus más próximos colaboradores, el ministro de Producción, Matías Kulfas, en una presentación repasó los aportes realizados por el Gobierno nacional y los créditos subsidiados, destinados a paliar las consecuencias de la cuarentena productiva que, en algunos sectores, lleva más 100 días.
La ayuda ha sido y es importante y más allá de los problemas de delivery que se han producido, es - comparando con los países desarrollados - proporcionalmente menor.
El juicio será preciso al salir de la cuarentena, cuando contabilicemos cuántos agentes y cuánta organización del capital ha subsistido y a qué velocidad se producirá la recuperación de los niveles previos.
El juicio sobre la eficiencia de la política de asistencia al sistema económico dependerá de la velocidad de la recuperación.
"La absorción real" de los recursos públicos destinados a la asistencia del sistema, dependerá de la velocidad de la recuperación. La mejor absorción de los recursos líquidos creados sin agregación de valor es la que se produce cuando el aparato productivo la absorbe con mayor valor agregado. No lo podremos saber hasta el final del proceso.
Puede ser que, si esos recursos han sido insuficientes, la pérdida de capacidad de oferta futura - como consecuencia de la insuficiencia de recursos de mantenimiento - genere un déficit de absorción real y obligue a torsiones financieras que prorrogaran los procesos recesivos que venimos sufriendo desde comienzos del siglo. No lo sabremos hasta el final.
Kulfas, en esa presentación, señaló que "41 millones de personas (91% del total) vive en un hogar en donde algún miembro percibe algún ingreso por parte del Estado".
Esta referencia dramática potencia la afirmación anterior respecto a la necesidad de generar un proceso productivo de absorción real que ya, al menos normativamente, debería estar en marcha.
Esta situación, que refleja el descomunal deterioro de la estructura social, habla de una administración solidaria que nadie puede dejar de aplaudir. Pero al mismo tiempo habla de una situación insostenible y escandalosa.
En una economía que lleva un estancamiento de largo plazo (0,2% de crecimiento promedio por habitante en 46 años) y cuatro caídas en lo que va del siglo (22%; 5%; 2% y de 20%), esta situación social de extrema dependencia de las políticas de asistencia es insostenible y moralmente inaceptable.
El trabajo es un derecho y es un valor de la realización personal y colectiva.
Los datos señalan que hemos perdido el trabajo como condición central de la organización social. No ha sido esto la consecuencia de una fatalidad natural, si bien la pandemia ha profundizado ese proceso, sino de ausencia de rumbo y decisiones equivocadas que llevan décadas.
Un elemento central en esa ausencia y en esa suma de errores ha sido la estrategia de desindustrialización, a veces explícita y siempre implícita, a lo largo de cuatro décadas. No hay sistema que pueda resistir ese proceso de demolición.
Argentina es, quizás, el único país que no cuenta con un sistema de promoción y de financiamiento de largo plazo de la inversión reproductiva, y de un diseño orientativo del largo plazo que refleje un consenso con alta probabilidad de continuidad.
En esas condiciones, las incertidumbres se multiplican. A veces están las palabras pero no han estado "las cosas".
El Ministro de Producción, en esa presentación, señaló que debemos "exportar más". Cierto.
La pregunta es ¿cuál es la política para exportar más, con retenciones a una industria en la que el 60% de los insumos son importados?
Dijo: "No hay futuro sin políticas productivas" y que esas políticas deben ser "de desarrollo regional". Cierto. Pero ¿cuáles son? Su necesidad no admite dilaciones.
Afirmó que "sin inversión privada, no mejoraremos la productividad". Cierto. Pero ¿cuáles son los incentivos a la inversión que genera más productividad?
Señaló: "La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente". Entonces, ¿cuál es la manera inteligente del balance deficitario de la industria de 30 mil millones de dólares anuales?
Otra vez, Ortega. Muy bien los conceptos presidenciales respecto del entendimiento, de todos, del fin de la grieta y ¿el consenso para cuándo? Y muy bien por la menciones económicas y las ratificaciones ministeriales.
Pero, mientras tanto - más allá de las mejoras coyunturales relativas al pasado que mencionó el Ministro en esa presentación - Argentina sigue siendo la misma, en términos estructurales, legislativos e institucionales, que viene derrapando y dejando millones de argentinos condenados a la "generosidad" de un Estado exhausto. Y también sigue siendo el escenario de una Justicia espantosa y desprestigiada. Y de una política de enfrentamientos y chicanas menores mientras el país se desmorona.
Nada dejará de ser lo que hasta ahora es mientras no se instrumente, con normas, la transformación estructural que, en lo económico, pasa esencialmente por la reconstrucción del derrotero industrial y en lo institucional por la construcción de un sistema de justicia.
Hasta ahora hay palabras, pero no están las cosas. Y eso puede ser un boomerang.