Los principales desafíos de 2020
LA ECONOMÍA DE MERCADO.
Mejorar el presente no justifica no debatir el futuro. No tenemos consenso sobre el futuro ni sobre la manera de construirlo. Veamos. En la reciente elección, dos fuerzas representaron diferente modelización de la economía, trámite de la cuestión social y trama cultural. El núcleo duro dominante en Juntos por el Cambio portó ideas de una economía libre de mercado, plenamente abierta a la competencia externa, orientada a una "economía de servicios" y militante de una "sociedad de mercado" en la que el Estado se resume a funciones administrativas. A la manera de Alfonso El Sabio, dicen, "hay cuestiones que el mercado ha resuelto y cuestiones que el mercado resolverá". No es un proyecto monolítico pero el eje de su acción pasa por ahí. Para esa visión, por ejemplo, la estructura industrial debe ser la que "el mercado", abierto a la competencia internacional, establezca sin interferencias ni objetivos de otra índole. Sin duda hay muchísimos miembros de esa coalición que no suscribirían que lo que he resumido sea "su programa". Pero sus portavoces, las decisiones tomadas en el período de Gobierno, recitan un discurso que puede resumirse así reconociendo acentos y matices discordantes. Tal vez son pocos los que comulgan con esos criterios, pero sí son los que han resultado dominantes. "Por sus frutos los conoceréis". Para el Frente de Todos la definición es más compleja y es difícil detectar un núcleo dominante si nos basamos en la trayectoria histórica porque todos vienen de vertientes antagónicas. Hay allí dentro los que reivindican los valores de la guerrilla y el "socialismo por las armas", y también militantes del menemismo que "desestatizó la economía", regalando las "joyas de la abuela" y constituyendo el engendro de poder que es la hoy más vigorosa que nunca "oligarquía de los concesionarios". Oligarquía cuyo ejercicio del lobby es hoy el principal obstáculo por sus interferencias de lobby para el ejercicio de una verdadera democracia. Es imposible no recordar que durante el menemismo, muchos de los que hoy militan en el Frente terminaron, con su silencio y su cobardía, con el sistema ferroviario argentino. Una infamia que no tiene parangón en la historia mundial realizada por los nacionales y no por las bombas del enemigo. Pero no sólo se trata de una tropelía económica, demográfica y social, sino una manera de sepultar la tradición cultural e histórica que el peronismo interpretado por su autor reivindicaba. Cuando el General Perón estatizó los FFCC los llamó con los nombres de los forjadores de la Patria. Esos hombres, y por cierto no sólo esos, trazaron los rumbos de nuestra a geografía política y económica. San Martín y Belgrano, Urquiza, Sarmiento, Roca y Mitre. Justamente entre las vertientes que hoy conforman el Frente son pocos los que reivindican a los próceres que Juan Domingo Perón reivindicó. Volvamos.
- Los cargos legislativos y la estructura del Ejecutivo no revelan que esas fuentes históricas, las del "socialismo nacional por las armas" o las del "neoliberalismo por los dólares" sean predominantes. Si lo hubieran sido, nos harían hablar de posiciones extremas, ora de un neoliberalismo rampante, ora de un socialismo romántico de las remeras del Che. No. Lo dominante en el Frente no pasa por ahí aunque, en sus raíces, haya vestigios de esas miradas. Alberto Fernández, que hoy conduce por voluntad de los ciudadanos, no es un adversario de la "economía de mercado", tampoco de sus discursos surge la convicción de las bondades de una economía plenamente abierta a la competencia externa, ni orilla siquiera la visión de construir "una sociedad de mercado en la que el Estado se resume en funciones administrativas". Fernández no comulga con "cuestiones que el mercado ha resuelto y las que el mercado resolverá". Hay un abismo entre Fernández y el núcleo duro del PRO. Pero también son abismales sus distancias con aquellas raíces extremas del Frente. No está clara la vocación de Alberto por definir "por fuera de mercado", mediante precios sociales, la estructura industrial del país ni su idea acerca del paradigma dominante de la "economía de servicios". Particularmente es lo que más me preocupa porque de esas convicciones depende la viabilidad de un proyecto transformador. Este es un pantallazo de algunas ideas de las fuerzas políticas más votadas que no pretende, ni remotamente, resumir lo que divide el arco de pensamiento político del país. Es apenas un trazo grueso, resumen arbitrario y extremo, de lo que motorizan ambas fuerzas que - sin duda - parten de concepciones harto diferentes. Pero si las prioridades del presente, como lo señala el Compromiso firmado, son la pobreza y la deuda externa, entonces, para encontrar las fuentes desde donde esas desgracias brotan, hay dos debates imprescindibles y urgentes para podar el mal en sus raíces. Esos debates son acerca de "reindustrializar y redemocratizar". Nuestra Argentina es una en la que industria declina a paso acelerado y en la que la democracia sufre de enormes interferencias de poderes de lobbies altamente concentrados que tuercen las decisiones del Bien Común. Estamos en democracia desde 1983, pero se han señalado prácticas que la debilitan. Por ejemplo, se critica que en oportunidades el Parlamento, como consecuencia de una mayoría disciplinada, ha operado como una suerte de "escribanía" del Ejecutivo. Y es cierto. No pocas veces se han votado normas a libro cerrado que luego, aún para los defensores del espíritu de estas, han resultado contradictorias respecto del fin propuesto: la urgencia, golpear al adversario, siempre son malas consejeras. También se señala que la administración de Justicia ha estado presionada por el Ejecutivo o viceversa. La mera sospecha de que esto ocurra es grave. Habla de debilidad institucional. Pero hay otras prácticas, silenciadas, que traban la "orientación al Bien Común" y tienen consecuencias devastadoras. Veamos. Cuando el Estado carece de un plan explícito y controlable, que de existir garantiza la ética de la acción, y cuando no dispone de organismos técnicos jerarquizados capaces de tramitar las decisiones, cuando no disponemos de una burocracia profesional experimentada en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, en esas condiciones el aparato estatal está sometido a las presiones de los lobbies que promueven intereses particulares que, por esa debilidad de la democracia, no pueden ser contrastados con la lógica del Bien Común.
- La "desestatización" - en los 90 - de bienes y servicios estratégicos y, fundamentalmente, el peso de las concesiones que el Estado otorga, ha conformado una poderosa estructura privada, con un poder que interfiere negativamente en decisiones de bien público. Hay muchos ejemplos: el negocio del juego o, según ha señalado Jorge Ossona (La Nación 30/12/19), la industria farmacéutica. "Re democratizar" mecanismos de decisión política y en particular del Poder Ejecutivo, implica dotarlos de recursos y, esencialmente, definir estrategias básicas. Pero el ejemplo más importante, por el peso del gas en la matriz energética es el control de los costos de producción de gas y petróleo. Se trata de un sector jamás mencionado que goza de un silencio colosal. Sin embargo - lo grave es que siguen sin llamar la atención - un Secretario de Energía declaró en el Parlamento que no conocía el costo del gas en boca de pozo en manos de concesionarios. Las reservas y la producción de esos recursos se conocen por declaración jurada de los concesionarios. Cuesta creerlo. Un Estado sin información genera una política deformante. Una prioridad de 2020 es reorganizar el Estado para que sea "inteligente", en un mundo en el que los intereses privados concentrados disponen de recursos que presionan y alteran las definiciones públicas en función excluyente del interés privado. Por ejemplo, un Estado inteligente "habría visto venir" el lejano proceso de crecimiento de la pobreza y de endeudamiento y entonces podría haber hecho lo necesario para evitarlo antes que nos despeñáramos por la barranca de la decadencia. Ese Estado podría haber descubierto que la pobreza y la deuda externa en progresión serían la inevitable consecuencia, cronológicamente simultánea, de la desindustrialización puesta en marcha. Se puso en marcha el proceso de desindustrialización con la violencia de la Dictadura Genocida y entonces comenzó el incremento de la pobreza y la rutina del endeudamiento externo. Desde entonces, ningún gobierno dejó de contribuir a ese proceso, más allá de las declaraciones. Ninguno. La desindustrialización (cada año que pasa es menor la participación de la industria en el PBI y en el empleo) ha convertido a la industria manufacturera de transformación en una mera "ensambladora". La consecuencia es que la "ensambladora" tiene "naturalmente" un déficit de comercio exterior de 30 mil millones de dólares al año, cuando la economía no está acumulando, como ahora, recesiones. Apenas crecemos, esa dependencia nos detiene. Restricción externa es una manera de evadir llamar la desgracia por su nombre, no es un accidente, es la estrategia de la desindustrialización fomentada, por comisión u omisión, en los hechos por todos los gobiernos desde la Dictadura Genocida hasta acá. Ese déficit externo, que el resto de las actividades exportadoras con saldo positivo no compensa, genera un proceso de permanente endeudamiento.
- La reducción del empleo industrial y su parcial sustitución por empleos de baja calidad, disminuye el nivel de ingreso promedio de la clase trabajadora, afecta el nivel de la demanda y produce un incremento del desempleo y de la pobreza que reduce - la falta de inversiones la profundiza - la capacidad contributiva y el Estado, al tiempo que pierde capacidad de captación de recursos "sanos", se ve obligado a sostener las condiciones de vida de los sectores empobrecidos vía pagos de transferencias. La desindustrialización genera un incremento del déficit y un aumento del endeudamiento externo para financiarlo. Conclusión, es cierto, la pobreza y la deuda son el problema del presente. Pero la causa de ambos problemas es el irracional proceso de desindustrialización. ¿Cómo evitar que se sigan reproduciendo si no terminamos con aquello que lo produce? No hay atajos. Formular una política transformadora exige un Estado con inteligencia estratégica capaz de resistir a la presión de los lobbies de la importación, del endeudamiento y de las concesiones. Son muy poderosas. Están en todos lados. Construyen un sentido común desde largo. No predominaron hasta la Dictadura Genocida. Juan B. Justo, el socialista, sostenía los argumentos importadores y en contra de la industrialización en 1905; J. A. Martínez de Hoz sostenía la solución a través de la deuda que destruía la industria atrasando el tipo de cambio en 1976; y Carlos Menem, junto con el atraso cambiario, predicaba en 1991 la "productividad" de las concesiones, privatizaciones y demás "reformas estructurales".
- El consenso a construir en 2020 es para recomponer el sentido común de una reconstrucción de la democracia con un Estado inteligente y estratégico capaz de superar las presiones de los lobbies y para reindustrializar el país con una visión exportadora y progresiva. Nada de eso será posible sin una vocación inversora de un país de productores. Acumular para sostener derechos. No es lo que procura un país de consumidores que importa más que lo que exporta.