Mucho tiene que cambiar
Finalmente J. Duran Barba partió. La noticia, a los ojos de muchos, puede ser irrelevante. Además puede ser transitoria porque no excluye el retorno. Pero, desde la perspectiva de cómo se gesta el poder, no es una noticia menor.
Para darle valor a esa noticia se requiere, para comprender su verdadero peso, describir de qué se trata la trama del poder; recordar nuestras experiencias históricas y fotografiar algunos personajes exóticos de la historia que nos permiten recrear el escenario donde instalar el personaje en cuestión y valorar, entonces, el potencial de su partida.
Carl Schmitt describió el concepto de "cima del poder" que rápidamente se asocia a lo que los analistas políticos llaman "el entorno". Es el grupo de personas, la mesa chica, la carpa, en la que mora el Jefe de Estado y cuya entrada, el pasa no pasa, está a cargo de unos personajes que celosamente custodian los oídos del Presidente.
Custodian lo que él puede escuchar, se adueñan de la descripción de la realidad que recibe aquel que, por una concepción elitista del poder – en este caso una concepción empresaria del poder – se auto excluye de la percepción por sí mismo de lo cotidiano. El Jefe está inexorablemente intermediado. La elección de esa intermediación es crucial.
Estos personajes esencialmente – con la finalidad de preservar su dominio – excluyen el ingreso a la conversación de todos aquellos que podrían evidenciar sus propias carencias. En algunos casos, los más riesgosos, ese "aislamiento provocado", viene acompañado de una dimensión emocional que forma una barrera en la que, todo lo que está fuera de control de los personajes, es territorio enemigo, sean personas o ideas, concepciones o información. Todo lo ajeno es enemigo para el entorno.
Duran Barba y Marcos Peña han sido, hasta ahora, esa suerte de cancerberos de Mauricio Macri que confesó que "su inteligencia y sus ojos" era Marcos Peña y algunos personajes de relleno y que –todos sabemos– detrás –en el cerebro- estaba Jaime Duran B.
Duran Barba, al igual que el alquimista Bragadino (SXVI) -que deslumbró a los venecianos en decadencia con su arte de convertir cualquier cosa en oro– convenció a los PRO que, con los algoritmos electorales podía cambiar las reacciones que produce el fracaso en la sociedad y convertirlas en apoyo.
¿Por qué Bragadino? Él era "dueño" de una tecnología de generación de poder económico: fabricaba de la nada, el anhelado oro. Engañó mucho tiempo a los venecianos. Cuando las cosas se pusieron feas huyó con sus "saberes" a ofrecerse al Duque de Mantua; y finalmente murió en la horca. Un estafador que deslumbró a hombres muy poderosos.
Marcos Peña, la otra pata de la mesa chica PRO, es portador de una "ideología" centrada en la lucha contra las "conspiraciones de la vieja política". Tiene un mantra ideológico apasionado que tapa a los oídos del Presidente para que no escuche a la realidad que podría darle la razón a la lectura de la "vieja política", que no es otra cosa que la sensata escucha de las necesidades populares. Esta elección es una demostración palmaria que los miembros de la "vieja política" que rondan al PRO, los radicales, la gente de María Eugenia Vidal, tenían razón.
Uno con la técnica, a la Bragadino, de los algoritmos electorales y el otro con la pasión desatada, lo han llevado a Macri a la peor y menos prevista de las derrotas.
Derrota electoral que incluye la conceptual. Macri puso en práctica medidas del "populismo" para contener la furia electoral y apeló a la ley de abastecimiento para contener la prepotencia del lobby petrolero que amenaza con hundirlo.
Digamos "la vieja política"–la sensata escucha de las necesidades– no ha reemplazado a los algoritmos electorales; pero sí ha procedido a atender las cuestiones reales. Es sano, al menos como principio.
Casi todas las medidas adoptadas por el gobierno van a las "consecuencias". Bajar impuestos para calmar los bolsillos y el índice de inflación. Como sólo atienden a las consecuencias no impiden su capacidad de reproducción. Eso es el "verdadero populismo" que siempre es un "paga Dios".
Hablando en el terreno de las proposiciones no contempladas por el gobierno, hemos escuchado algunas sensatas.Por ejemplo la propuesta de Martín Redrado de usar reservas del BCRA para comprar bonos externos que cotizan al 30% de su valor facial. Dicen, no sé los números exactos, que con 2 mil y pico de millones de dólares se compran deuda que vence en 2020 por 3,5 mil millones de dólares. Esa decisión mejora la caja del año que viene y baja el riesgo país. Neutraliza presión alcista del dólar.
También hemos escuchado la propuesta de desdoblar el mercado cambiario. Necesitamos un tipo de cambio financiero muy superior al comercial. Eso disuade o posterga, algunas compras de divisas que no son prioridad para una economía en crisis; y a la vez neutraliza los impactos devaluatorios sobre los niveles de precios. Esa operación supone un control de cambios y prioridades en el uso de las reservas y a su vez un régimen que acelere las liquidaciones de exportación y desincentive la especulación y bloque la fuga legal.
También hemos escuchado la conveniencia de una reestructuración de la deuda pública de legislación argentina. No es un default y excluye la deuda externa.
Esas medidas atacan parte de las causas cambiarias y financieras de la crisis. Y a su vez frenan la ley de gravedad que arrastra hacia abajo el nivel de actividad.
Este gobierno no tiene tiempo, y tampoco vocación, para articular una política de desarrollo.Pero tiene la imperiosa necesidad, en el final de este mandato, de atacar las causas de los problemas financieros y no solamente tratar de paliar las consecuencias. Las medidas que hemos escuchado van en esa dirección.
La huida de Duran Barba nos hace acordar, además de a Bragadino, a José López Rega un brujo que conquistó la inteligencia de graduados en el exterior (Ricardo Zinn, Pedro Pou) que produjeron, bajo sus influjos, el desastre del "rodrigazo". Decisión que determinó el comienzo de la decadencia económica y social que se arrastra hasta nuestros días. No es mera coincidencia.
Los más viejos recordarán que en el invierno de 1975, una multitud convocada por la CGT en la plaza de Mayo exigió el despido de José López Rega y las reparaciones inmediatas a los daños del "rodrigazo". El aluvión electoral de la fórmula FF recuerda a la multitud de la plaza de Mayo del 75 y la huida de Duran a la salida, entre gallos y medianoche, de López Rega. Ambos han generado daños muy difíciles de reparar.
López Rega huyó, pero las ideas que provocaron el "rodrigazo" se continúan en el poder hasta nuestros días. Es decir, el despido de López Rega fue un alivio… transitorio, pero el huevo de la serpiente continuaba su trabajo.
Han sido muchos años en los que "aquellas ideas" de la secta de López Rega continuaron bajo nombres inesperados. Cuatro décadas del mismo modelo básico han tenido consecuencias brutales.
Un dato simple: desde 1975 el PBI por habitante de Argentina creció en promedio el 0,5% anual; la distribución del ingreso fue cada vez más regresiva y la consecuencia inevitable es que la pobreza, que castigaba a 800 mil personas lo hace de manera brutal hoy a 14 millones, se multiplicó por 16 veces cuando la población sólo se duplicó. Un escándalo.
Es cierto el despido de Duran Barba es saludable. En su ausencia el Presidente ha tomado medidas paliativas –de cuya eficacia dudo– que no atienden a las causas pero que evidencian preocupación tardía por las consecuencias.
Pero sí tomó valientemente una medida que enfrenta –por primera vez– desde Raúl Alfonsín al más poderoso lobby de nuestro país que ha venido remando desde hace años en la dirección opuesta al bien común. El lobby energético. Veamos.
Además de la conmoción electoral del domingo y el desmadre de los "mercados" del día lunes, las últimas horas han puesto al descubierto el enorme poder de daño del lobby petrolero y gasífero en Argentina.
Estamos a merced a un bloque conformado por "consultores" de todo origen, y hasta "especialistas" K, voceros periodísticos, empresarios, sindicalistas del rubro y –naturalmente– voces que pesan en la política oficial y opositora, que han revelado su voluntad y capacidad para condicionar a un gobierno y mantener privilegios del negocio energético.
Según el sitio "LPO" los energéticos amenazan con enjuiciar a G. Lopetegui. Increíble. Veamos.Con toda lógica, el Presidente anunció el congelamiento del precio de los combustibles para aislar la devaluación de los precios de la energía. Una decisión sensata y consistente.
Las horas que vienen serán de idas y vueltas a fin de tapar los agujeros de este rancho que sufre la tormenta a cuatro vientos. Y como está levantado precariamente en terreno donde las napas están muy cerca del piso, se avizoran riesgos múltiples, que incluyen la inundación que viene de abajo.
La decisión de congelar combustibles es un paso en dirección a desdolarizar la energía. Una necesidad imperiosa de la economía nacional.
Claro, Menem no sólo destruyó el sistema de transporte al eliminar el ferrocarril, sino que "dolarizó" la energía: un impacto negativo de largo plazo en la logística y en el sistema productivo.
Cuando la convertibilidad implosionó, la más sabia medida de Jorge Remes Lenicov fue desdolarizar, pesificar, la energía. Quién la "redolarizó", a la Menem, fue la presidente Cristina Fernández.
Desde la presidencia de Néstor Kirchner –por no haber ajustado las tarifas en pesos a pesar de los mayores costos– surgieron los subsidios que recibieron empresas del sector para compensar lo que no recaudaban de los usuarios finales.
Fue una bola de nieve que, si bien aseguró rentabilidad a las empresas, redujo la presión directa sobre los usuarios pero también disparó un creciente déficit fiscal, con el agravante de enormes injusticias en la distribución secundaria de ingresos (los subsidios lo son) y una patética "desinversión" de las empresas que presionaban congelando la oferta para provocar importaciones, con las que a su vez armaban argumentos falsos para lograr precios mayores y en dólares.
El mayor paso en este sentido lo dio Axel Kicillof, garantizando un precio para el gas en boca de pozo de 4 dólares el MBTU y de 7,50 dólares para Vaca Muerta.
El gobierno de Macri no hizo otra cosa que convalidar esa política. Una política que no surge del laboratorio de políticas públicas orientadas al bien común, sino de la articulada presión del lobby de la energía.
Ese lobby incluye –como hemos dicho– gobernadores, empresarios y sindicalistas del sector. Paolo Roca, en una reunión de la AEA, en los albores de Vaca Muerta expuso con claridad el tema de los dos sombreros o de los dos lados de una política. Dijo: a menos de 7,50 dólares el MBTU el negocio de gas de Vaca Muerta "no me sirve" y se respondió a sí mismo: "Pero a más de 3 dólares el MBTU la producción industrial no es posible". La "solución implícita" era un subsidio, de modo que fuera posible la producción de la industria.
De esta manera vamos llegando a la raíz del problema. Desde Cristina Kirchner a nuestros días, el lobby energético ha logrado instalar el concepto que, tanto en petróleo como en gas, tenemos que tener en cuenta no los costos internos de producción sino el precio internacional del petróleo y del gas.
Lo que está detrás es que el petróleo es un commodity y que el gas también lo sería. Nadie en su sano juicio puede siquiera sostener la idea de que existe "un precio" del MBTU. No hay tal cosa. El gas no tiene precio pizarra. Es sencillo inventariar al día de hoy aproximadamente 17 precios de gas dependiendo del origen y del mercado. Hablar del gas en términos de precios internacionales es una redonda falacia.
Pero además y si bien es cierto que hay un precio internacional del barril de petróleo; no es menos cierto que esa cotización depende, en gran medida, de cuestiones absolutamente ajenas a las que desde el punto de vista económico determinan los precios. En el caso del petróleo, la geopolítica es determinante. Un conflicto en la zona del Golfo hace subir el precio y condiciona todas las derivaciones; y esa es una decisión política de un oligopolio perfecto y públicamente organizado.
¿Qué condiciones de mercado invocan para, en nombre de la teoría, sostener esa estrategia de precios en el país? Pero así hubiera argumentos, que no los hay, lo central es que las explotaciones de gas y de petróleo son concesiones que ha brindado el sector público argentino a empresas privadas, privatizadas o públicas. Concesiones.
El concesionario tiene la misión de extraer esos flujos y colocarlos a disposición del "mercado". Para esa tarea tiene un costo y se supone debe tener una utilidad "razonable", incentivos para explorar y reponer reservas, entre otros.
El primer problema nace de que el Estado, por ejemplo, en boca del exsecretario de Energía J.J. Aranguren interrogado por el diputado José L. Gioja acerca del costo del gas en boca de pozo -en la reunión que se realizó en la Cámara de Diputados– dijo "no sé cuál es el costo del gas en boca de pozo"; y apurado por una respuesta, después, dijo "no lo voy a decir".
El primer problema para una política pública –en cualquier sector- es conocer toda la información; y un elemento central de la misma es el costo. Como se imaginará el lector, una información robusta es el costo de producción y un balance de las externalidades (sociales, ecológicas, entre otras). En el caso de la energía, esa política está dentro de las políticas de concesiones del sector público.Como todos recordarán la reforma constitucional de 1994 –entre otras desgracias que Menem nos legó a cambio de la reelección– traspasó el dominio de los hidrocarburos a la jurisdicción provincial, engendro que perfeccionó Néstor Kirchner con la "ley corta".
El lobby energético sumó a los empresarios y sus "consultores", a los sindicalistas y a los gobernadores, generando una alianza por recursos que puede convertirse en un agente articulador de políticas contra el interés colectivo. Y claramente lo está siendo en estas condiciones. El gigantesco daño que le hizo a la sociedad Macri con su esquema tarifario que no ha sido sustentado en la realidad de los costos (el Ministro de energía no sabe el costo) ha sido un tiro en el pie para transferir, sin cuestionárselo, gigantescas masas de recursos a los petroleros.
El 14 de agosto en medio de un noticiero de TV, se lanzó un zócalo que informaba que la medida de congelamiento de los combustibles anunciada por el Presidente de la Nación horas antes, había ido marcha atrás por presión de las empresas.
Ese noticiero estaba siendo operado por el lobby energético que no trepidó en presionar contra la medida del congelamiento de precios de los combustibles, exponiendo a un Presidente ya debilitado a una nueva marcha atrás. En otro canal, al mismo tiempo, el senador Esteban Bullrich desmentía la operación y ratificaba el congelamiento.La anécdota de estas horas difíciles identifica hasta dónde puede llegar este lobby de concesionarios, poderoso económica y políticamente a causa de la concesión que el Estado le ha brindado, en cualquiera de sus instancias.
El ejemplo, las idas y vueltas, es elocuente: por un lado, están las políticas públicas que apuntan al bien común y por el otro los intereses particulares que no siempre convergen.
Hay políticas públicas de bien común que, además, son estratégicas en la medida que definen mucho más que la interrelación sectorial, que afectan a la totalidad de la economía, sea la producción, la exportación y el consumo. Una de esas políticas esencialmente estratégica es la de la energía.
Desde hace años esa política no está condicionada, sino gobernada por el lobby estratégico que hemos señalado. Lo integran intereses que, en principio, parecieran contradictorios: lo público y lo privado; el capital y el trabajo; lo nacional y extranjero; los intelectuales y el interés particular.
Pero cuando esos intereses se aglutinan forman un sólido bloque que produce "ideología", alianzas, lo necesario para poder enfrentar desde su perspectiva de interés privado al interés público.
Este chisporroteo de la congelación y marcha atrás, noticia periodística, es un ejemplo dramático de hasta dónde pueden llegar incluso con un gobierno del que se pueden considerar aliados.
Siendo J.J. Aranguren ministro de energía, no sólo desconoció el costo del gas en boca de pozo, sino que en una reunión previa al G20 en Bariloche, reconoció que el costo en boca de pozo de Vaca Muerta estaba en 3 dólares el MBTU y sostuvo que los 7,50 dólares iniciales no eran un subsidio implícito sino un "incentivo".
No importan los detalles. Lo que importa es establecer que la producción energética en el país es una concesión, que el petróleo debajo de la tierra es un bien de propiedad pública, que la extracción es una concesión y un servicio, que la exploración a riesgo es una inversión y que ambas cosas deben ser remuneradas en términos de servicio. Pero lo que se pague por ellas, el costo, es absolutamente independiente de lo que ocurre en el exterior y que, inclusive, la mayor parte de los costos se cancelan en pesos.
La dolarización energética, en este y cualquier contexto, es una transferencia de ingresos, un mecanismo de enriquecimiento injustificado. Un historial de las fortunas locales acumuladas con esas concesiones haría, tal vez no por los "pagos indebidos" sino por los resultados obtenidos, palidecer a la saga de los Cuadernos.
La política argentina, la de los hombres de bien que sin duda están en todas las fuerzas políticas, debe de una vez por todas, y esta crisis es una buena oportunidad, converger hacia la construcción de políticas de bien común.
Puedo afirmar sin temor a equivocarme que justamente en el área de las concesiones otorgadas por el sector público, por lo menos de Carlos Menem para acá, se han acumulado las fortunas más súbitas, menos justificadas por la innovación, la productividad y el riesgo empresario. En síntesis: transferencias de riqueza no competitivas acompañadas de poder político.
Eso tiene que cambiar. Si las decisiones de política económica no se toman en función del bien común sino por las presiones, de todo tipo, de la poderosa oligarquía de los Concesionarios del Estado (petroleros, bancos, servicios públicos, entre otros) estamos condenados al estancamiento y la pobreza.
Todos esos grupos – más allá de sus convicciones personales – están dominados por una concepción extractivista y no por una visión productiva.Y sin una visión productiva no hay manera de conformar una Nación. No es una afirmación temeraria, ya Carlos Pellegrini a principios del SXX dijo "sin industria no hay Nación".
El primer acuerdo político, el consenso nacional, debe realizarse en torno a la visión productiva del desarrollo y a la liberación del poder político de la presión de los lobby de los concesionarios que, hoy en la voz de los petroleros, ante un gobierno amigo han realizado todo tipo de amenazas.
Afortunadamente este gobierno ha resistido al menos esta presión y ha puesto, si bien transitoria, una pica en Flandes, algo que tiene un alto costo y que no significa que se haya logrado el control de la situación.
Queda para la próxima gestión, sea de los Fernández o de Macri y Pichetto, montarse sobre este litigio y redefinir la desdolarización de la energía que es un paso central en el acotamiento del poder de la "oligarquía de los concesionarios". No olvide que los cuadernos son una descripción liviana de su práctica.
Mucho tiene que cambiar para que todo no siga igual.