Las PASO y la reforma electoral que nos debemos los argentinos
La presente no es un análisis de los discursos vacíos de quienes compiten por una banca en el Congreso de la Nación o ganarse el derecho de administrar el Poder Ejecutivo con la discrecionalidad que el sistema presidencialista, casi rayano en la monarquía, les permite, sino más bien un aporte de ideas para proponer la discusión de nuestros obsoletos sistemas electorales. Nadie puede negar que en 1912, cuando los conservadores y radicales pactaron la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, conocida como Ley Sáenz Peña, el país dio un gran salto en la formación de la calidad institucional, demorada por los golpes de estado promovidos por los sectores que buscaban preservar privilegios y prebendas. Desde 1912 en adelante hubo mucho ensayo y error sobre cómo decidir los caminos institucionales para hacer realidad lo que señala la Constitución Nacional en su artículo 1'. "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según establece esta Constitución". Sencilla, escueta, contundente y rica definición de cómo los padres fundadores de nuestro país pensaron consolidar un sistema de representación plena en el gobierno para cumplir con esa declaración de principios del preámbulo de la Carta Magna cuando asegura que es deber de todos los argentinos aportar nuestro ejercicio ciudadano para "constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...".
Con el sólo hecho de permitir votar libremente hubo un avance notable a fines del siglo XIX y principios del XX, progreso que se fue afianzando con la consagración del voto femenino en 1947 y el hecho de dejar atrás los ensayos de quienes se creían "los salvadores de la patria" cada vez que apuntaban sus cañones hacia la Casa Rosada para expulsar al presidente y el gobierno que el pueblo decidió en las urnas. Ya más cerca en el tiempo se incorporó el sufragio joven optativo desde los 16 años, una medida que implementaron también la mayoría de las provincias, y está en debate en otras como Corrientes. Esa historia de gobernantes de facto sanguinarios es la prueba de que la peor de las democracias es infinitamente superior y mejor que una dictadura, cualquiera sea su signo y posición ideológica. En ese camino desde 1983 a la fecha es el período más largo en que los argentinos pudimos ejercer nuestro derecho al voto y tenemos la oportunidad de mejorarlo. En Argentina hay tantos sistemas electorales como provincias, ya que tenemos los más avanzados como la confección electrónica de la Boleta Única, Boleta Única en papel que convive con el vetusto sistema de boletas partidarias, de colectoras que repiten listas sábanas idénticas según la cantidad de partidos que conformen la alianza. Párrafo aparte merece el perverso sistema de Ley de Lemas o de "doble voto simultáneo" que viola las cláusulas constitucionales que establecen el "voto directo" de los ciudadanos para consagrar gobernadores y legisladores. Este nefasto sistema permite a un postulante que saca el 12 por ciento de los sufragios ganarle al que saca 40%, porque los otros aspirantes de su "lema" le sumaron, por vía del voto indirecto, el 30% necesario para consagrarse triunfador. 40% otorga mayor legitimidad popular y ciudadana que 12%.
Derogar la discrecionalidad Otro capítulo crítico es la discrecionalidad de quienes detentan los poderes ejecutivos para definir la fecha de comicios. De esa forma en cada año electoral, intendentes, gobernadores y presidentes sopesan las encuestas y especulan para definir el día en que los ciudadanos deben sufragar. Así es que tenemos elecciones desde febrero a noviembre. En otros países donde la república democrática está consolidada, se vota de una sola vez a casi todos los candidatos, sus ciudadanos ya saben que un segundo martes de noviembre podrán votar desde el candidato a presidente y al delegado escolar departamental dentro de 30 años y a ningún presidente o gobernador de ese país se le está permitido cambiar esa tradición que viene desde su fundación como nación. En Argentina un gobernador puede decidir si se vota en febrero o en noviembre, un presidente puede convocar para mayo y generar el desastre que ocurrió en 1989 cuando el jefe de gobierno saliente ya había perdido su legitimidad porque la ciudadanía ya eligió a su sucesor y se tuvo que ir seis meses antes de lo establecido en la Constitución. Muchos dirán, "poner cláusulas de esa naturaleza en la Constitución es un exceso de reglamentarismo". Sólo observen cómo les va a los países que sí cayeron en esos excesos y cómo nos va a quienes no los tenemos.
Que los partidos resuelvan sus internas "Artículo 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". La Constitución es sabia en hacer esta consideración pero al consagrar esta norma también determina responsabilidades. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias fueron un invento de cierta clase dirigente para transferir a los ciudadanos la responsabilidad de resolver su ineficacia política. Con este proceso electoral le transfieren al ciudadano común la responsabilidad de decidir las disputas internas que para los comicios a presidente en esta edición perdieron su eficacia, no hay competencia entre fórmulas de un mismo sector o partido. Lo único que se va a concretar el 11 de agosto en la categoría de Presidente y Vice es la cláusula antidemocrática y antirrepublicana que establece la obligatoriedad de sumar 1,5% de los votos para ganar el derecho a competir por los puntos, es decir en la primera vuelta de octubre.
Otro problema, se obliga al ciudadano que no es parte orgánica de un partido a intervenir en la vida interna de ese partido. Se viola el derecho ciudadano y se vulnera la soberanía partidaria. Un kirchnerista no tiene derecho a intervenir en la elección del candidato del macrismo y viceversa. Sin embargo pueden hacerlo. El 11 de agosto servirá para hacer un censo de votantes que sólo beneficiará a los dirigentes porque al no decidir nada operativo para las instituciones, los aspirantes a ocupar cargos podrán tener una encuesta en tiempo real para reformular sus discursos banales y disciplinar a los ejércitos de troll para ajustar la campaña sucia a base de fake news por las redes sociales y, el ciudadano habrá perdido entre cinco minutos y media hora de su domingo para resolverle ese problema a los dirigentes. Hubo un avance en materia de regular la transparencia del financiamiento de los partidos políticos con una reforma que obliga la bancarización y trazabilidad de esa plata que no es suficiente para terminar con los malos hábitos de la clase dirigente que siempre encuentra huecos en la ley para colar fondos de origen espurio.
Sábanas y distrito único Córdoba, Santa Fe, Salta y la Ciudad de Buenos Aires están a medio camino con las boletas únicas, papel las dos primeras y electrónica las otras. En el resto rigen las listas sábanas. En todo el país cada dos años se elige por distrito único a la mitad de los integrantes de las Cámaras de Diputados y un tercio de los Senadores donde hay sistema bicameral. Eso permite que aquel legislador que alguna vez representó a un distrito del interior no tenga la necesidad de obtener leyes que beneficien a ese lugar, sólo debe ser obediente a los mandatos que vienen del sillón del ejecutivo. Por lo general es quien, junto a dos o tres allegados, decide quién va primero, segundo y hasta el último de los suplentes. Obviamente son digitados aquellos que dan garantía de obediencia casi debida. Las democracias más avanzadas del mundo, aquellas que administran sus estados de mejor forma que la nuestra, tienen elección de representantes por circunscripción, es decir el legislador es elegido en un territorio delimitado dentro del distrito y cuando termina su mandato, si quiere renovar la banca, debe volver a ese territorio a explicar qué hizo a favor de sus votantes. Esa condición hace que los legisladores tengan mayor independencia a la hora de sopesar las iniciativas de los poderes ejecutivos, más allá de la pertenencia partidaria, ya que para obtener su poltrona debe someterse, cada cierto periodo, a la consideración de sus representados y no a la voluntad de quien tiene el poder de la lapicera. Evita que las legislaturas se conviertan en escribanías que refrendan todo lo actuado por los poderes ejecutivos y permite la renovación de aquellos representantes que no cumplen con los votantes de su distrito. El otro problema son las listas sábanas, en las que se pone un candidato aceptable en el primer lugar y en el farragoso número de candidatos se esconden los que no pueden salir en los afiches porque son piantavotos, pero una vez en la banca son garantía de manos levantadas para aprobar cualquier tipo de leyes, hasta las perjudiciales. Lo ideal sería votar una sola vez a todos los candidatos y promover la elección de legisladores que tengan la obligación de responder eficientemente a quienes los votaron y no aquellos que sólo saben levantar sus manos para cumplir con el que lo metió en la lista.
