Normalidad y tiempo de desarrollo

"Desde la Constitución de 1853 hasta la actualidad, Corrientes fue la provincia que ha tenido el mayor número de Intervenciones Federales. En las diecinueve ocasiones en las que aquello ocurrió, fue fundamentado en la existencia de sediciones, guerras intestinas, fraudes electorales, irregularidades institucionales, etc. Cualquiera sea su causa, todo ello fortalece su característica de provincia insurrecta con el Gobierno federal creado en 1853". Este fragmento es parte de la tesis doctoral de Dardo Ramírez Braschi, investigador, docente e historiador correntino que estudió los motivos que convirtieron a Corrientes en esa "República aparte" que siempre fue rebelde a los gobiernos centrales. Las intervenciones que interrumpieron el normal funcionamiento institucional correntino, sin contar los gobiernos de facto que dominaron el poder político entre 1930 y 1983, se refleja en los discursos de campaña y, más allá de los eventuales alineamientos a las administraciones federales, también repercuten en las estadísticas sociales negativas que registra el INDEC. Desde el retorno a la democracia en el país, los estilos políticos y el hecho de ser una de las provincias preexistentes a la organización nacional, conservaron en Corrientes diseños estructurales que, aún hoy, a 18 años de la salida a la última intervención, se mantienen más allá del recambio de figuras.

Con la consagración, en 2001, del gobierno de Ricardo Colombi-Eduardo "Botón" Galantini, los correntinos fueron pioneros en un armado político transversal (UCR-PJ) que luego nacionalizaron los Kirchner en 2007 con la fórmula Cristina-Cobos. Desde esa elección fundacional que permitió a la Unión Cívica Radical preservar el Poder Ejecutivo con una alianza como Encuentro por Corrientes, que reivindica "la unidad en la diversidad", Corrientes es un antecedente válido para los sucesos de la política nacional. Otro botón de muestra es el colapso, en 1999, del modelo que sostenía al Pacto Autonomista Liberal en su versión noventista del Partido Nuevo, en medio de una crisis de endeudamiento e imposibilidad de pagar sueldos y la consecuente conmoción social, con dos muertos en los piquetes sobre el puente General Belgrano, como hecho precedente de la caída de Fernando De la Rúa en 2001. Si incluimos el voto de 2001, los correntinos tendrán hoy la oportunidad de sufragar por décima vez consecutiva sin interrupciones. Vale destacar que, en el camino hubo una reforma constitucional que eliminó el Colegio Electoral, produjo cambios en los municipios e incorporó modalidades electorales como el balotaje, que fue estrenado en 2009 con el regreso de Ricardo Colombi al sillón de Ferré y le abrió la posibilidad de convertirse en el político que más tiempo ocupó ese cargo. Sin lugar a dudas, estos 18 años fueron los de la consolidación de las formas democráticas, con gobiernos que privilegiaron la previsibilidad salarial de los estatales como garantía de gobernabilidad que se mantiene y también abre el debate hacia la necesidad de impulsar el desarrollo social.
Dieciocho años de normalidad institucional es un récord para Corrientes y, sin dudas, abren un debate nuevo que se notó en los mensajes de campaña. La "previsibilidad" que reivindican los gobernantes dejó pasó a la vocación aspiracional por el "desarrollo con creación de empleo", que se pudo oír en los actos proselitistas de las siete listas que compiten hoy.
Las últimas cifras recogidas por la Encuesta Permanente de Hogares que elabora INDEC, demostraron que se hace necesario pasar de la administración regular, que garantiza el sueldo estatal y mejoras para paliar el impacto de la espiral inflacionaria, al impulso del desarrollo de las opciones productivas. El 49% de los correntinos que viven con ingresos que los mantienen en la pobreza, son una apelación en ese sentido. Algunos políticos recogieron el guante e incorporaron las ideas de crear empleo a partir del "agregado de valor" de las materias primas que forman el núcleo productivo y exportador de la provincia. Corrientes comparte con Entre Ríos el liderazgo en superficie sembrada con arroz, uno de los principales cereales y alimentos del mundo; compite por ser la tercera provincia en la que nacen más terneros en el país, y se jacta de ser la primera en superficie forestada (550 mil hectáreas). Todas materias primas que salen de la provincia con escasa o nula industrialización. El turismo basado en el Iberá es un sueño que recién comienza. A saber, hasta ahora, son más los rollos que se van a los aserraderos de otras provincias, el arroz se exporta a granel y desde puertos situados en otros lugares, los terneros se venden antes del engorde y vuelven en forma de oferta de "asado de Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos". Son las provincias que exportan los cortes premium más apetecidos en el primer mundo. La materia prima correntina crea empleo con valor agregado en otros sitios. La administración correntina se ufana de la sintonía con la actual administración federal, que propone como panacea convertirnos en el "supermercado" del mundo. Ese es el desafío de la política, incorporar al desarrollo a una provincia que "tiene todo el potencial". La normalidad institucional alcanzada debe ser la plataforma.

Las dos últimas intervenciones
Desde el retorno a la democracia en 1983, Corrientes atravesó dos períodos de intervención federal con cinco enviados del poder Ejecutivo Nacional. La primera etapa comenzó en 1992, luego de que el Colegio Electoral, salido de los comicios de 1991, no tuvo una mayoría clara (el Pacto Autonomista Liberal obtuvo exactamente la mitad), Ricardo Leconte finalizó su mandato el 10 de diciembre de 1991 y entregó el cargo a Hugo Mancini, presidente provisional electo del Senado Provincial y sucesor constitucional en ausencia de un gobernador y vicegobernador. La imposibilidad de investir a un gobernador, obligó al Ejecutivo Nacional a intervenir al Ejecutivo local. El Poder Legislativo se mantuvo en funciones. En un primer momento, fue designado Francisco Durañona y Vedia, luego fue el turno de Claudia Bello, ampliando la intervención a los poderes Legislativo y Judicial. Ideler Tonelli fue el encargado de devolverle la institucionalidad a los correntinos. En 1999, un año de protestas sociales y crisis institucional forzaron la destitución del gobernador Pedro Braillard Poccard y del vicegobernador Víctor Maidana. Tras la asumir el nuevo presidente Fernando De la Rua, se encontró con una crisis desatada que tenía también en jaque a la coalición gobernante en la provincia. La legislatura fue escenario de disputa entre el partido Liberal y el partido Justicialista, mientras cientos de manifestantes coparon el puente General Belgrano. El 15 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó la intervención a la provincia de los tres poderes del Estado correntino y designó para la tarea al exgobernador de Córdoba Ramón Mestre. Lo sucedería Oscar Aguad, actual Ministro de Defensa.