Destacan consenso técnico para aprobar el Código Procesal Penal
"El consenso técnico está logrado", coincidieron en señalar ayer integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, magistrados y representantes de los abogados, con respecto al avance en la sanción de la ley de reforma del Código Procesal Penal de la provincia. "Los diputados hicieron el 95 por ciento del trabajo, y con el aporte del cinco por ciento de parte nuestra, se logró un amplio consenso desde lo técnico para acelerar el proceso de aprobación", afirmó Noel Breard, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en una reunión desarrollada en el palacio Legislativo.
- De esa cumbre participaron, además, el senador David Dos Santos, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y Jorge Buompadre, estos últimos, además, ejercen la docencia en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste.
Líneas fundamentales Para el camarista federal González, "hay consenso en relación a las líneas fundamentales del Código; hubo discusiones técnicas puntuales sobre algunos institutos sobre los cuales planteamos algunas objeciones, pero se arribó a un acuerdo sobre cuál es el código que se debe aprobar". El magistrado destacó que "hay acuerdo, no sólo entre los juristas, sino en grandes sectores de la sociedad. Es que este sistema tiene que cambiar, es obsoleto, es antiguo, no da respuestas a la gente sobre carga de tareas a los empleados a los jueces". "Tenemos que buscar sistemas de resolución de los conflictos judiciales mucho más ágiles y eficientes, que respeten las garantías de las víctimas y de los imputados", indicó González.
Cambio necesario Jorge Buompadre destacó que "conversamos con fiscales, secretarios, relatores, jueces, todo el mundo desea el cambio, y este proyecto es conocido porque se trabaja en él desde hace años y todos comparten la idea de que se debe hacer el cambio necesario". "Eso se debe dar porque hay sobrecarga de tareas en los tribunales, lo que genera el lado negativo de una administración de justicia que es insuficiente", indicó el profesional. "La sociedad demanda seguridad jurídica, procesos penales rápidos, que se respeten los derechos de los imputados y, sobre todo, los de las víctimas, que tienen un rol muy especial en función de lo que dice la Constitución nacional y las convenciones de derechos humanos que se incorporaron en la reforma de 1994", indicó Buompadre al mencionar los avances que proponen en el proyecto en debate. Después, aclaró acerca de lo que socialmente se llama "la puerta giratoria" de los juzgados, y señaló que "el problema de todo sistema de justicia es ver cómo se logra el equilibrio entre la garantía de la libertad individual y la provisión efectiva de la seguridad pública".
A futuro A la hora de dar explicaciones políticas, Noel Breard afirmó: "Este Código, si se aprueba, es para adelante, no para atrás", y enseguida destacó que el nuevo texto ‘permite una agilización del trámite judicial, lo que es compatible con el hecho de que la gente se sienta más segura y se respeten las garantías de libertad". Lo que se propone aprobar es un concepto "amigable entre las garantías para la libertad individual y la seguridad jurídica, porque el tiempo de proceso a tramitar es muy corto". "Queremos sancionar la ley porque, con el criterio de la flagrancia, el motochorro, en 48 horas, estaría condenado. Se respetan las garantías, y la gente podrá ver que el delincuente es juzgado y se lo condena en pocos días", agregó al respecto, y aclaró que en nuevo texto legal se podrán ratificar los términos de la acordada judicial que reglamenta esa materia hasta ahora. Agregó que "el nuevo Código prevé el criterio de oportunidad. Permite al fiscal decidir impulsar o no una causa por un delito menor, que es prácticamente una infracción. Hasta ahora tiene la obligación de impulsar absolutamente todo lo que llega a su oficina; lo que causa desgaste jurisdiccional, porque si no lo hacía, recaía sobre él la responsabilidad penal por no cumplir con sus deberes; la ley nueva permite decidir sobre ese criterio de oportunidad y poner toda la estructura judicial a servicio de la investigación de los delitos graves". Elogió el trabajo desarrollado por los integrantes de la Cámara de Diputados. "Nos dio prácticamente todo terminado, con un paradigma constitucional con el que estamos todos de acuerdo. Es prácticamente el 95 por ciento del trabajo, y nosotros en el Senado, completamos ese cinco por ciento", señaló. Cuestión compleja Para el senador David Dos Santos, "desde el punto de vista político estamos ante una cuestión compleja para avanzar en el diálogo y conseguir la voluntad de ponernos de acuerdo con todos los sectores legislativos", indicó. Añadió que, desde su bloque, asumen el compromiso de "hacer todo el esfuerzo para que esto salga. Sabemos que estamos respondiendo a una necesidad de la sociedad y se trata de tomar iniciativas, como representantes de ella, para aportar soluciones a esos problemas complejos". Respecto del proceso de sanción de las leyes, indicó que el trabajo legislativo "tiene tres tiempos. El primero es el de la necesidad que surge en la sociedad; el segundo es el tiempo legislativo, el que estamos transitando ahora y; el tercero es el de la implementación de la ley".
Amigar la campaña con el trabajo legislativo Los periodistas de época también preguntaron respecto a la influencia que puede tener el año electoral en la tarea de ambas cámaras, a lo que el senador Breard respondió: "La propuesta de trabajo para este año desde el bloque oficialista, que cuenta con anuencia de la oposición, es poner en agenda una serie de temas importantes que permitan hacer amigable el cronograma electoral con el trabajo de legislar". Admitió que puede darse que haya menos sesiones, al tiempo que indicó que la tarea legislativa se va a concentrar en en "temas prioritarios que tengan impacto en la calidad de vida de la gente, como el que estamos tratando ahora, pero también tenemos en carpeta la cuestión de la industria forestal, tanto en producción de energía con biomasa como en la posibilidad de generar las condiciones jurídicas para atraer inversiones en materia de celulosa y pasta de papel".