Piden el cese de la intervención en el Centro de Jubilados
En mayo de este año, el Centro de Jubilados de la Provincia cumplirá tres años intervenido. En noviembre pasado, el Gobierno prorrogó por 180 días el proceso encabezado por Julia Fernández Alcaraz. En febrero se deberá convocar a Asamblea General de asociados para iniciar el proceso de normalización y, en ese marco, varias voces se alzaron exigiendo el final de la intervención.

En pocos días finalizará el periodo en el que la interventora deberá producir un informe sobre el estado económico, financiero e institucional del Centro. "En realidad debía haberse llamado a elecciones hace mucho tiempo, hoy es una situación de irregularidad que atenta contra el estatuto del Centro de Jubilados", expresó Elsa Díaz de Ferreira en diálogo con época. "Dos años y medio es demasiado tiempo, cuando se decretó la medida el objetivo era normalizar y que los afiliados podamos elegir nuestros representantes en un plazo corto, es lo que corresponde", agregó. "Según la última prórroga existe la posibilidad de remoción si Fernández no cumple con la medida". En tanto Justo Álvarez Hayes, quien presidió la entidad años atrás, se sumó al pedido de elecciones y aseguró que "el centro está abandonado, queremos que la nueva conducción esté orientada a solucionar los problemas de los jubilados, a brindarles buenos servicios, organizar viajes y a la integración". Vale recordar que en mayo de 2016 el Centro de Jubilados fue intervenido por disposición de la Inspección General de Personas Jurídicas por supuestas irregularidades en procedimientos internos y al declarar "ineficaz" el congreso ordinario realizado dos meses antes. En un primer momento, la titular de la entidad, María Mercedes Solís de Zambrano, se resistió a abandonar el cargo. Pero finalmente, con mediación provincial, asumió una comisión veedora de la que Fernández Alcaraz fue parte y, en paralelo, la cuestión se judicializó. Zambrano fue repuesta en funciones para llamar a elecciones. Pero hizo caso omiso a la orden judicial, reasumió en el cargo y dio por caída cualquier convocatoria. En ese contexto, la Justicia volvió a actuar. Zambrano renunció. En ese contexto de "acefalía" el titular de Personas Jurídicas, Juan Carlos Noya, dispuso una nueva intervención encabezada por Fernández Alcaraz a través de un decreto firmado por el entonces gobernador Ricardo Colombi.