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El 2019 arranca con presión inflacionaria por tarifazos

El Gobierno buscó concentrar todos los anuncios en medio de las Fiestas, sin tener en cuenta que los ajustes irán aplicándose con distinto impacto entre enero y abril, y persistirá el desgaste político.

Las alzas en las tarifas de gas, electricidad y transporte impactarán a pleno sobre la inflación del primer cuatrimestre, por lo que 2019 arrancará con una fuerte presión inflacionaria, en un escenario recesivo. Las subas en los precios regulados son una muy mala noticia para los usuarios, que vienen de soportar una fuerte pérdida de poder adquisitivo durante 2018, el peor año en una década. El Gobierno buscó concentrar todos los anuncios en medio de las Fiestas, sin tener en cuenta que los ajustes irán aplicándose con distinto impacto entre enero y abril, y persistirá el desgaste político. A estas fuertes subas, se sumarán alzas en las prepagas desde febrero y ajustes en el servicio de AYSA que acumularán un 44%. Será otro combo difícil de digerir para la clase media, que observa una riesgosa pérdida de ingresos y aparece también golpeada en el plano de los emprendimientos, ya que las PYMEs sufrieron duros golpes a lo largo del año. Las subas de tarifas y una tasa de interés a niveles altísimos configuran un combo perfecto para consolidar la recesión en un año electoral.

- Apenas el sector financiero arroja crecimiento en el Estimador Mensual de Actividad Económica, con 21 meses consecutivos de saldo positivo. No es una buena señal que sólo crezca el negocio financiero en cualquier país que busque ponerse camino al desarrollo. Las finanzas aportan sólo el 3% del empleo, cuando la industria -cumplió cinco meses de caída- representa el 15%, un nivel similar al comercio, cuyas ventas vienen cayendo al 10% mensual. Para colmo, la devaluación derrumbó los números de la construcción, un sector que había tenido un muy buen primer semestre. La caída de casi 5% en el consumo privado durante el tercer trimestre de 2018 explica en buena medida lo mal que está la economía. En este escenario impredecible, el Gobierno buscará el año próximo avanzar con una reforma laboral que es rechazada de plano por la CGT. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, será el encargado de intentar reducir los costos laborales que tiene la Argentina, con el objetivo de "mejorar la competitividad". Los empresarios se quejan de que el país tiene una legislación laboral que se quedó en la primera parte del siglo XX, pero los gremios creen que los cambios buscan achicar aún más el poder adquisitivo de los salarios. Entre los "papers" que maneja el equipo de Sica, se busca reducir las regulaciones y penalizaciones que terminan impidiendo nuevas formas de contratación y generación de empleo. El Gobierno quiere sacar el año próximo la ley de blanqueo laboral, porque considera que será clave para que las PYMEs puedan generar trabajo. Mientras tanto, en enero se acordaría una suba del salario mínimo que viene siendo reclamada por la central obrera. La devaluación empobreció a los argentinos, y el Producto Bruto apenas rozará los US$450.000 millones en el 2018. Esto hará que la proporción de la deuda suba hasta casi el 90% de la riqueza que genera la economía, lo cual agita el riesgo de default para el 2020. Un escenario inquietante que todavía no parece haber alcanzado su peor momento.

** Tarifas: ¿Historia repetida? 

Los aumentos de tarifas de 2018 generaron una fuerte crisis interna en Cambiemos que llegó hasta el Congreso y la historia amenaza ahora con repetirse, agravada por las heridas que quedaron abiertas y por las tensiones lógicas que derivan del proceso electoral. El incremento que anunció a principios de año el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, generó obvias críticas de la oposición y sorpresivos cuestionamientos por parte de la UCR -con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a la cabeza- a los aliados del PRO. La crisis derivó en una compleja esgrima entre Cambiemos y el peronismo en el Congreso, donde la oposición impulsó un proyecto para morigerar los aumentos, que finalmente fue vetado por el presidente Mauricio Macri. En aquel entonces, uno de los argumentos del peronismo fue que la discusión había nacido en las filas del oficialismo, en referencia a las críticas radicales. La historia se repite: se anunciaron fuertes aumentos para 2019 y, un día después, Javier Iguacel renunció a la Secretaría de Energía, al igual que lo había hecho Aranguren en su momento, mientras que la oposición anuncia que intentará frenar la suba con presentaciones judiciales y proyectos de ley, como el que presentará la diputada nacional Victoria Donda. El Gobierno, que no logró frenar la avanzada opositora de este año y se vio obligado a terminar en el veto, aparece con menos posibilidades todavía de frenar la de 2019. Si la UCR criticó a sus aliados en 2018 por temor al costo político que Cambiemos pagaría por el "tarifazo", su reacción podría ser la misma (o peor) en un año electoral en el que, además, encara una negociación compleja con el PRO por el armado de las listas. El PRO respalda la candidatura de Omar de Marchi, intendente de Luján de Cuyo, como gobernador de Mendoza, e incrementa así la tensión con Cornejo, que impulsa a su ministro de Economía, Martín Kerchner, como sucesor. También hay mucha tensión en Córdoba, donde el radical que quiere pelear la gobernación con el apoyo de todo el frente Cambiemos es ni más ni menos que el jefe del interbloque de diputados del oficialismo, Mario Negri. A estos dos hechos, se debe sumar que la relación entre el presidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, está totalmente dañada y la diputada no deja de dar señales de enojo con el Gobierno. La lista de episodios que sugieren que Cambiemos no está en la mejor posición para enfrentar una posible "remake" de la avanzada opositora de mayo pasado, no termina ahí: el diputado nacional del PRO, Gastón Roma (Tierra del Fuego) se animó a criticar a los principales dirigentes de su propio partido. Roma admitió estar "un poco desencantado" con la gestión de Macri y repartió críticas para el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y para el jefe de su bloque, Nicolás Massot, a quien acusó de haberle bajado contratos en un presunto acto de revancha por su voto a favor de la legalización del aborto. Si el año que se va fue movido para el Gobierno, el que empieza puede ser una montaña rusa.