El Concejo Deliberante tomó juramento a la Viceintendente
Las turbulencias institucionales en la villa turística comenzaron, tal como lo explicó el Jefe Comunal, en febrero con una sesión especial en la que los ediles, la totalidad, reglamentó el procedimiento de juicio político, una acción legislativa que postergaron por años.
El trámite de tomarle juramento a Vázquez se desarrolló con celeridad, vale consignar que por disposición de la Carta Orgánica de la villa, ella preside el Concejo Deliberante y en caso de acefalía es la primera en la línea sucesoria. El suspendido Intendente fue prudente a la hora de hablar de la posición de su compañera de fórmula y aseveró que "no hay un alejamiento político entre ambos integrantes, nosotros conformamos un equipo de gestión y no tenemos conflictos". Seguidamente el Jefe Comuna afirmó: "No la voy a dejar sola, la voy a seguir acompañando y colaborando en todo lo que haga falta". No se pudo conocer la opinión de Vázquez, ya que tras la toma de posesión se retiró del Concejo Deliberante sin dar declaraciones. El acto de juramento fue aprovechado por los ediles para insistir en sus denuncias contra Osnaghi, quien deberá presentarse el 25 de octubre para defenderse de los cargos que se le imputan, algo que aseveró hará en caso de que la Justicia no se pronuncie sobre el conflicto antes.
El proceso legal del juicio político
Por decisión de la Convención Constituyente provincial de 2007, se dotó de mayor seguridad jurídica al rol de Intendente. Para evitar que una mayoría de ediles asuma la decisión de separar un Jefe Comunal, se estableció la obligatoriedad de convocar a una consulta vinculante para homologar el proceso de juicio político. En ese sentido establecieron el artículo 22, en el cual se dispone: "El Intendente, Viceintendente y Concejales gozan de inmunidad por las opiniones vertidas en el ejercicio de su función. Son responsables civilmente por los daños que causaren sus actos u omisiones en su mandato. Se hallan sujetos a destitución por inhabilidad física o mental sobreviniente, mal desempeño o conducta indebida en el ejercicio de sus funciones. La destitución debe pronunciarse, previo juicio político, con los dos tercios (2/3) de votos del total de los miembros del Concejo Deliberante. La sentencia de destitución, para ser efectiva, debe ser aprobada por el cuerpo electoral del Municipio en consulta popular vinculante y obligatoria, convocada al efecto por el Concejo Deliberante y realizada en un plazo no mayor a los treinta (30) días". En los casos de procesos penales que involucren a los funcionarios comprendidos en el presente artículo, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata en ejercicio del cargo y la separación definitiva en caso de condena firme". En la Carta Orgánica del Municipio es el artículo 76 inciso 9 el que faculta al Concejo Deliberante "promover y efectuar el juzgamiento político a las autoridades y funcionarios, de acuerdo a los alcances, causales y procedimientos establecidos en la presente Carta Orgánica".