Un homicida, emblema de la doble moral argentina
La Justicia dejó la semana pasada, un homicida suelto. Esa es la síntesis del caso Oyarzún, quien, para más, actuó en "legítima defensa", afirma el dictamen. En mi formación como criminólogo siempre me llamó la atención el cómo, algo indiscutible como es la institución Justicia, pasa automáticamente a ser un elemento decorativo ante los casos de justicia por mano propia. Los medios, políticos, la gente común de a pie, que ante determinado caso policial generalmente opina: "Esperemos que la Justicia resuelva pronto", dejando así entrever la "sujeción" al sistema republicano que adoptamos y plasmamos en nuestra Constitución; de repente, pasa a llamar "justiciero" a alguien que mató o aprehendió a un ladrón o agresor. Es decir, estamos todos de acuerdo en que es la Justicia la que tiene que dirimir nuestros conflictos interpersonales, o somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Disculpenme, pero sigo pensando igual que hace dos años respecto a esto. Murió un ladrón y nació un homicida en el mismo acto. La ecuación se balanceó, quizás para peor, porque las penas para una y otra figura van en aumento, respectivamente. Cuando para muchos es digno de aplaudir un ingeniero que mata a un ladrón y repudiable a la inversa, para este humilde servidor corresponde mirarlo desde el punto de vista de la ley. Homicidas, ambos. Ahora, con el nuevo dictamen la temática adquirió otro condimento más, que es el claro mensaje de la Justicia, alineado al del Presidente Mauricio Macri quien en 2016 declaró mediáticamente que a su entender Oyarzún debió esperar en libertad el enjuiciamiento.
Esto, porque con la liberación del "carnicero" que atropelló con su vehículo y mató a un hombre que lo había asaltado puede ser interpretado como un aval de la Justicia a los actos de "Justicia por mano propia", que en los hechos, significa una práctica retrógrada aplicada en épocas en las que se carecía de ordenamiento normativo para regular el comportamiento en la sociedad. Oyarzún había sido imputado por homicidio simple de Brian Emanuel González, de 24 años, y la justicia analizó diversas pruebas con el fin de determinar si actuó en legítima defensa. Finalmente, un jurado popular lo absolvió de culpa y cargo. Consideró válido su argumento que sólo había intentado interceptarlo para "recuperar lo suyo", y los letrados convencieron a los integrantes del jurado que el choque fue un accidente. Luego, el hombre, ya exonerado, dijo que estaba arrepentido. Pero, más allá de eso queda claro que el fallo marca una frontera muy fina entre la "legitimidad" de la justicia por mano propia y un acto de barbarie basado en la premisa que los bienes tienen más valor que la propia vida. Pero, la gravedad de los hechos está en la determinación de un juez profesional preparado, instruido y al que se le otorgó la personificación misma del Estado- para aplicar equidad, es decir, en términos de Ulpiano "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho", de avalar la determinación de un puñado de legos que actúan guiados más por el temperamento que por la lógica jurídica. La situación se torna más peligrosa y grave toda vez que una funcionaria estatal, Patricia Bullrich, cuya función es la de administrar el Ministerio de Seguridad de la Nación, justifica la muerte. "Su absolución es un verdadero acto de justicia", twuiteó la funcionaria quien tiene a cargo las fuerzas del orden, las mismas que son puestas en la calle para reprimir protestas. Que este mensaje no nos confunda estimados lectores. No estamos acá para matarnos entre nosotros. Es la Justicia la que debe proveer.