Exviceintendente de Curuzú fue procesado

El titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, dispuso un nuevo procesamiento para el exsecretario de Obras Públicas de ese municipio, Ramón Eduardo Ocampo, por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito. Es el único detenido en la causa. Ocampo fue viceintendente en la gestión del peronista Carlos Rubín, y funcionario del exjefe comunal, Ernesto "Lalo" Domínguez, quien finalizara su mandato el año pasado. El Magistrado consideró acreditado provisionalmente que el nombrado incurrió en los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito en concurso real en calidad de autor material". Asimismo, también se dictó el procesamiento y prisión preventiva contra la pareja del exfuncionario Anabella Beatriz Aranguiz por considerar que incurrió en la comisión de los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en carácter de partícipe necesaria y enriquecimiento ilícito. Ocampo, al no poder justificar la legitimidad de los fondos o recursos que utilizó para comprar inmuebles los ponía a nombre de su pareja. Por otra parte el por entonces funcionario intervino aprobando el plano, la inspección de obra, la liquidación de los derechos y tasas municipales a cobrar y autorizando por ende la ejecución de la obra de su emprendimiento inmobiliario. El mencionado procesamiento se suma a los que se dictara este mismo año por los delitos de hurto de energía eléctrica y portación de arma de fuego, contra el mismo exfuncionario, y que se encuentran firmes y en trámite de realización del juicio. Desde el Juzgado de Instrucción y Correccional se hizo hincapié en que las investigaciones siguen su curso por delitos en perjuicio de la administración pública durante la gestión del exfuncionario, no descartaron la ampliación de las imputaciones hacia nuevos partícipes y más hechos presumiblemente ilícitos. Los bienes hasta el presente detectados, y que se consideran que integran el enriquecimiento ilícito, se encuentran embargados por la Justicia y sujetos a decomiso en caso de recaer condena.