Crímenes de simple solución, a la espera del nuevo Código Procesal
La demora en la sanción de la reforma del Código Procesal Penal posterga el esclarecimiento, y una solución efectiva, de delitos de extrema gravedad que se suceden a diario. Dos hechos de homicidio ocurridos en las últimas semanas exponen las carencias de un sistema judicial que disminuye las probabilidades de aplicar penas efectivas a los presuntos autores. Fueron casos resonantes, uno por los involucrados y el otro por las dramáticas connotaciones familiares. El homicidio de Mario Bardessono, empleado bancario a quien un sujeto esperó y acuchilló en la garganta en el estacionamiento de un supermercado céntrico y el brutal asesinato del agente penitenciario Gabriel Tichellio guardan similitudes que complican el trámite legal. Ambos hechos fueron aparentemente esclarecidos por personal policial que logró confesiones de los supuestos autores, pero en el caso de Bardessono, esas declaraciones "espontáneas" ante los efectivos policiales no fueron corroboradas en sede judicial. El imputado se negó a declarar ante el juez; y algo similar ocurrió con las presuntas responsables de la muerte del penitenciario: las confesiones no son parte del expediente.

- Problemas como estos serían solucionados, cuando se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal que propone dotar de más agilidad a los juicios, por lo que los profesionales esperan arribar a sentencias de forma más rápida y eficiente. Se trata de un proyecto de ley con aporte del Programa de Justicia 2020 que impulsa el Gobierno Nacional y que tiene media sanción de Diputados, dada a último momento del periodo ordinario 2017. Ahora es analizado por el Senado Provincial, donde ya observaron que se hace necesario modificar el texto debido a que contiene errores de redacción, por lo que será devuelto a la cámara de Origen. Vale recordar que el Senado aprobó en dos oportunidades un proyecto de Reforma que, nadie explicó por qué, fue cajoneado en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario. En la Cámara alta, se incorporó una mesa de trabajo que incluye al subsecretario de de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, y representantes de la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación, bajo la supervisión del gobernador Gustavo Valdés. También el Ministerio Público Fiscal, que se encuentra representado por Gustavo Robineau, forma parte de la misma. Vale destacar que este proyecto es una prioridad para el Poder Ejecutivo y es una necesidad para poner a Corrientes entre las provincias que ya cuentan con el sistema acusatorio, que reconoce mejoras sustanciales a la hora de impulsar procesos con las nuevas figuras penales para lograr mas eficiencia y celeridad en el trámite de las causas. Una ley necesaria Periodistas de época consultaron con profesionales que litigan en el Fuero Penal y se manifestaron a favor de una pronta aprobación de esa legislación porque consideran indispensable acortar los tiempos procesales y avanzar en fórmulas mas eficientes para la resolución de las causas. Hermindo González, asesor de la Red Infancia Robada que orienta la hermana Martha Pelloni, ve en el proyecto en debate "una buena intención de agilizar lo que tiene que ver con la justicia penal".

- Aunque se manifestó con "buenas expectativas por la puesta en marcha de las reformas, indicó que habrá que esperar para ver la eficacia de la implementación, sobre todo a la hora de verificar cómo funciona la inversión presupuestaria". Consideró que no se logrará "esa mayor agilidad si la implementación de la ley no viene con una fuerte inversión en justicia, con más juzgados y ampliación edilicia para la tramitación de las causas". También dijo que se verá cómo funciona la dirección procesal que va a estar a cargo de los fiscales y cómo se adaptan estos funcionarios a la nueva situación. Advirtió que, en principio, "faltará la policía judicial, es una cuestión que parece meridiana a la luz de la resolución de casos y todo lo que tenga que ver con el poder político, ya que pueden continuar los problemas si se mantiene el doble comando, teniendo por un lado a los fiscales y por el otro a las estructuras políticas". Al respecto Rubén David Leiva, abogado penalista, consideró llamativa "la mora legislativa que se produce, por cuanto hay un gran consenso en la forma en la que está presentada la idea". Aseveró que "se debe encarar una reforma más general, con más y mejor presupuesto, con las capacitación del personal e inversión edilicia que, de lo contrario, por más buena intención que tenga la ley, su implementación será inviable". Además, alertó que "se debe estar atentos, porque esta reforma procesal se encara en una situación de crisis, y casi siempre a la hora de decidir los presupuestos, la Justicia es el último eslabón, porque las inversiones en ese sector no tienen impacto social directo". Respecto a la falta de celeridad en los procesos actuales y las declaraciones en sede policial, indicó que "son algunas deficiencias del Código que tenemos actualmente", aunque "hay que recordar la numerosa jurisprudencia que señala que la manifestación espontanea tiene vigencia". Agregó: "Corrientes está atrasada en ese sentido. Si se modifica el Ministerio Publico y se disponen agentes fiscales en las comisarías, se quedarían superados estos inconvenientes que hacen a las declaraciones espontáneas, ya que para los procesos judiciales sólo tiene validez lo que efectivamente está en el expediente". Los profesionales lo esperan, los legisladores tienen la palabra.
Senado
Tras la caída de la sesión de ayer en Diputados, la Cámara de Senadores prevé un plenario sin mayores complicaciones con un solitario tratamiento de la preferencia para un Proyecto de Ley presentado por los Senadores Noel Eugenio Breard, Sergio Moisés Flinta y otros, por el que se propone crear Parques Hortícolas Intensivos Asociativos, bajo la dirección, supervisión y financiación del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (IDERCOR). El Consejo de la Magistratura elevó la terna y antecedentes, para designar al Juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial -Sala I de Corrientes.