Amar la vida es respetar el derecho a la autonomía personal

La búsqueda -brutal- de hacer transitar el debate entre asesinos y defensores de la vida, nos aleja de la realidad, no brinda soluciones y, por otro lado, impide reconocer que se debe legislar para atender realidades no para proyectar ideas personales y convicciones metafísicas propias a la vida de otras personas. Por otra parte, hablar en términos de vida o muerte y siempre de la vida en gestación, es ignorar a la persona gestante. Es un reduccionismo inútil. Nos aleja de la lectura concienzuda del proyecto de ley que con mucho debate y esfuerzo fue aprobado en Diputados de la Nación. ¿Qué dice el proyecto respecto de la vida? El artículo 6º dice: "Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Constitución nacional y los tratados de DDHH ratificados por Argentina, en especial los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con la presente ley". Seguidamente, el proyecto de ley también contempla la asistencia interdisciplinaria para la persona que consulta por la interrupción del embarazo, al respecto prevé una asistencia antes y después de la práctica, en caso de que se realice. Todo ello además del consentimiento informado.

- Entre esas previsiones de la ley y la penalización para el caso de que se practique el aborto después de la semana 14, permite concluir que la despenalización no es total ni "liberada", sino que se la recepta como una alternativa frente a delitos cometidos contra la integridad de la persona, para supuestos de protección de la vida de la mujer o persona gestante, para inviabilidad del feto y como una opción para que las personas gestantes no queden marginadas a la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida, su integridad física y psicológica. La clandestinidad es la ausencia del Estado en el momento crucial cuando la persona se encuentra más vulnerable, la marginalidad que produce esa ausencia del Estado, determina un ambiente hostil no solo por la ausencia de garantías para la vida sino por estigmatización, lo que acrecienta la posibilidad de un daño irreparable con el agravante de la persecución penal por no querer ser madre. Nuestra legislación actual no dice que la vida en gestación es superior o es prioritaria a la de la persona gestante. Todo lo contrario, lo que nuestras normas entendidas sistemáticamente indican es que la vida en gestación (embrión o feto) serán objeto de protección pero siempre desde la óptica de la preservación de la integridad física de la persona gestante. A tal punto es así, que las técnicas de reproducción asistida contemplan manipulación de embriones y los mismos son objeto de protección en una ley especial. No dice nuestra ley que al embrión le caben las previsiones de protección de las normas relativas a los sujetos de derechos. No es cierto por ende que esta ley vaya a violentar alguna norma constitucional. Todo lo contrario, la respeta y adecua nuestra normativa interna a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que tienen rango constitucional. El fuerte carácter de política pública de salud que tiene el proyecto de ley y también la reafirmación de la autonomía de la mujer y persona gestante, permite anticipar que tendrá una votación favorable en el senado de la Nación, donde esperamos que los Senadores por Corrientes estén a la altura de la realidad social para la que deben legislar, que no voten por convicciones personales sino pensando en todo el colectivo que hoy reclama al Estado: las que mueren en abortos clandestinos por falta de dinero, las niñas forzadas a ser madres por convenciones sociales y religiosas, aunque cuando nuestra legislación actual dice en el código civil que las de 16 años en adelante puede decidir sobre su cuerpo, en las menores de 13 es violación y debe realizarse el aborto sin intervención judicial (FAL no vigente en esta provincia) y de 13 a 16 debe ser escuchada y todas aquellas que quieren decidir por sí mismas que no son menos ciudadanas que aquellas que tienen dinero, que no son menos ciudadanas que los hombres de la comunidad. A estas personas se las ve, solo cuando los medios le corren el velo de la clandestinidad ante la tragedia de la pérdida de la vida o la afección severa a la salud de la madre o gestante. El Estado no protege en los ámbitos de privacidad, no protege en la carencia estructural y social, porque viene tarde con la asistencia social y está llegando muy tarde con la educación sexual integral. La mejor prevención es el marco de legalidad, porque impide el negocio detrás la necesidad, garantiza acceso a salud pública, garantiza igualdad, aleja el derecho penal y permite respetar la autonomía y dignidad de las mujeres y personas gestantes. Amar la vida es respetar el derecho a la autonomía personal, porque decidir sobre nuestras vidas no debe depender del dinero de cada una, sino del reconocimiento del Estado. (*) Defensora de Pobres y Ausentes Nº2.