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Criminalizar no soluciona el problema

Dividir opiniones tremendistas lleva más incertidumbre. Es un axioma: ninguna mujer toma la decisión de abortar a la ligera porque en definitiva sabe que, más allá de la edad, formación o condición socioeconómica, esa resolución va a condicionar toda su vida. La criminalización agrega penurias.

Nuestra historia, como sociedad, prueba que la práctica de esconder bajo la alfombra de la penalización, al problema de la maternidad no deseada o forzada, no dio buenos resultados. Todos los argentinos conocemos, fuimos testigos o tenemos personas cercanas que padecieron estas circunstancias, en el pasado y en el presente. Mucho se escribe acerca de cuestiones legales, morales y se acercan datos que se reputan científicos para fundar posturas a favor y en contra de una ley que intenta ofrecer una respuesta a las tribulaciones de las mujeres que ya perdieron al afrontar tan trágico dilema. Mucho se puede escribir sobre el drama de la muerte de esa mujer pobre que quedó viuda y con media docena de hijos en los comienzos del séptimo embarazo. Quien ante el futuro de miseria decidió consultar con la comadrona de la villa para "no traer otra boca más" a sufrir las penurias de la exclusión y la marginalidad. Son habituales los titulares indignados que informan del embarazo de nenas entre 10 y 15 años, que la sola idea de estigmatización por una preñez precoz y la falta de recursos de sus padres las encamina a la "ramita perejil", la corteza del "Para Todo" o la brutal aguja de tejer; ante la persistencia de las políticas de ajuste y filosofía del estado ausente que les impiden una protección adecuada y acceso a la educación para la salud que consagran sus derechos elementales. Sus muertes evitables son impuestas por una legislación que no tiene contemplaciones con aquellos que no disfrutan de los recursos para usufructuar los beneficios de "las trampas" que hacen a la ley, como el acceso a un médico flexible que acepta facturar su intervención a la obra social con un diagnóstico cambiado o, directamente cobra en efectivo para que no quede registro alguno de su práctica ilegal. La ley en debate busca solucionar el problema creado por la intolerancia y la falta de eficacia de los programas de educación integral para la salud y la prevención del embarazo infantojuvenil y el adulto no deseado. La prueba está en que 200 años de criminalización solo agravaron el problema.