El baño de sangre en Nicaragua

En los últimos dos meses, el régimen de Daniel Ortega ha matado a más personas en protestas callejeras que el dictador venezolano Nicolás Maduro en su represión contra los manifestantes de ese país durante todo el año pasado. Y Nicaragua tiene una población de sólo 6 millones, comparada con los 32 millones de Venezuela. Sorprendentemente, Nicaragua no está en las primeras planas de los diarios. Y no se escucha hablar sobre posibles sanciones internacionales contra altos funcionarios del régimen nicaragüense, como las sanciones financieras y de visas que varios países han impuesto a altos funcionarios venezolanos. No es que haya muchas dudas sobre quién es el culpable de las muertes en Nicaragua. Los grupos de derechos humanos coinciden en que el régimen de Ortega y sus matones vestidos de civil, apoyados por la Policía, son los responsables. "Aquí no hay una guerra civil. No hay enfrentamiento entre dos fuerzas armadas, sino fuerzas del gobierno que están llevando a cabo una masacre contra una insurrección cívica", dijo Carlos Fernando Chamorro, editor de la revista nicaragüense Confidencial.com.ni . Según un informe del 22 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hubo 212 muertos, 1,337 heridos y 507 arrestos desde que estallaron los disturbios callejeros a fines de abril hasta esa fecha. Al menos una docena más de manifestantes y transeúntes han muerto desde entonces. La Iglesia Católica de Nicaragua, que está mediando entre el régimen y la Alianza Cívica, -una coalición de estudiantes, sindicatos, grupos empresariales, académicos e intelectuales-le ha pedido a Ortega que convoque elecciones anticipadas para marzo de 2019 como condición para proseguir conversaciones de paz.

La mayoría de los miembros de la Alianza Cívica quieren que Ortega se vaya de inmediato. Incluso la comunidad empresarial de Nicaragua, que hasta hace poco en la práctica apoyaba a Ortega, ahora exige oficialmente que el Presidente renuncie o permita elecciones anticipadas con observadores internacionales creíbles. Y hasta Humberto Ortega, el hermano del presidente y fundador del Ejército Sandinista, dijo en un mensaje de texto que él también apoya que se realicen elecciones en 2019.

El mandato de Ortega vence en 2022. El Presidente está en el poder desde 2007, y - siguiendo el modelo venezolano-se reeligió en unas elecciones poco creíbles en 2016. Ahora, la economía nicaragüense está casi paralizada. Muchos caminos están bloqueados, y la mayoría de las ciudades parecen pueblos fantasmas al anochecer. "Hay un toque de queda de facto a las 6 de la tarde, ya que la gente tiene miedo de salir", dijo Juan Sebastián Chamorro, director del centro de estudios del sector privado FUNIDES y de la Alianza Cívica. Antes de la represión gubernamental de las protestas, FUNIDES proyectaba un saludable crecimiento económico del 4.7 por ciento para Nicaragua este año. Pero ahora, si la turbulencia política actual continúa por otros dos o tres meses, FUNIDES proyecta que una caída de menos 2 por ciento. ¿Debería el gobierno de Trump imponer sanciones a los funcionarios nicaragüenses, como lo ha hecho con altos funcionarios venezolanos? La respuesta es sí, pero conjuntamente con otros países europeos y latinoamericanos. Unas sanciones unilaterales de Trump podrían ayudarle a Ortega a hacerse la víctima y a recobrar cierto apoyo de sus bases sandinistas, según dijeron algunos líderes opositores nicaragüenses. Pero las sanciones colectivas de Estados Unidos, Europa y América Latina serían muy necesarias, agregaron. En los últimos diez años, los gobiernos de Obama y Trump, así como la comunidad empresarial nicaragüense, se equivocaron al no oponerse más categóricamente al golpe en cámara lenta que ha tenido lugar en Nicaragua. Ahora, es tiempo de que el mundo ponga más atención al baño de sangre que está teniendo lugar en ese país centroamericano, y los países tomen medidas al respecto.