Vecinos tramitan sus atenciones a través de una mesa de gestión

Desde hace dos años y medio se conformó una mesa de gestión que funciona en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del Paloma de la Paz -Ongay. Desde allí se gestionan todo tipo de trámites en beneficio de esta gran comunidad. Por ello, ayer, desde horas muy tempranas, se desarrolló un operativo de salud en el CPC del barrio.

--- La mesa de gestión trabaja en forma conjunta con el Centro de Estudios Sociales (CES) para lograr que un grupo, tanto del Municipio como de la Provincia, realicen esta campaña sanitaria que incluyó la vacunación de mascotas, junto con su revisión; además del control sanitario a niños y adultos mayores del barrio. Se vacunó a los infantes, se les controló el calendario de vacunación, el peso, la talla, se les entregó leche y se chequeó su estado de salud: se atendieron casos de broncoespasmos, resfrío y hongos de la piel.

--- En tanto que se vacunó y desparasitó a las mascotas (gatos y perros). Además de colocarles antirrábicas. Los organizadores de esta jornada indicaron que la idea es que las actividades se extiendan más allá del CPC para llegar a una vasta población del barrio. "Estamos organizando una nueva castración de perros y gatos para el viernes 3 de agosto", indicaron a época. Vale destacar que este gran grupo está conformado además por vecinos, algunos de ellos han sido referentes del barrio y conocen de cerca la situación en la gran barriada.

Vecinos del barrio San Marcelo se concentraron ayer por la mañana en la plaza Casco para hacer visibles los problemas de un grupo de familias que fueron intimadas a abandonar un predio tomado.

--- En la oportunidad, los manifestantes solicitaron que se frene todo tipo de desalojo mientras es tratada la ley de urbanización de villas y asentamientos. La iniciativa cuenta con media sanción de la cámara de Diputados de la Nación. De acuerdo con los datos aportados por Julio, una de las personas que encabezó la protesta, este proyecto, menciona en un párrafo "la no expulsión o desalojo de familias". Además, en un comunicado, las personas que fueron intimadas a dejar el asentamiento afirman que "la ciudad de Corrientes tiene día a día nuevas familias en una situación límite, que las obliga muchas veces a tomar terrenos baldíos, visiblemente abandonados, basurales". Por otra parte, señalan que actualmente existe una política muy bien encarada por la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que trabaja en la regulación de terrenos con posesión veinteañal, pero actualmente en la ciudad de Corrientes proliferaron asentamientos que hoy no tienen una respuesta rápida a parte de las causas penales que se armaron por reclamar una vivienda. "Pedimos al Poder Ejecutivo, a los señores legisladores, funcionarios municipales y concejales, defender los derechos y garantías de miles de familias en situación de vulnerabilidad. No defendemos la violación a la propiedad privada, buscamos evitar nuevas tomas de terrenos, privados o públicos, y para eso debe haber un mayor compromiso del Estado, creando el banco de tierra provincial y la aplicación inmediata del mismo, ya que fue aprobado por el Concejo Deliberante", se desprende del escrito.