La vida, esa realidad insoslayable

Como pocas, esta sensible cuestión conmueve a la sociedad, porque se encuentra en juego el valor de la vida. La discusión se ha mostrado con una lógica binaria: a favor o en contra. Pese a la complejidad del asunto, no parece haber espacio para posiciones intermedias, aun cuando en ambas posturas prevalece la idea de que el aborto supone siempre una realidad desgraciada y traumática. Desde hace casi un siglo, la legislación vigente excluye del reproche penal a aquellos abortos provenientes de casos de violación, o cuando existiese riesgo para la salud o la vida de la madre, por lo que el debate actual se centra en rigor en los embarazos indeseados. Quienes propician la admisión del aborto, señalan que se trata de una decisión íntima de la mujer sobre su propio cuerpo, que el Estado debe no sólo respetar, sino también garantizar su realización de modo seguro y accesible, ello basado en los cientos de miles de abortos clandestinos que anualmente tienen lugar, con grave riesgo para las mujeres más pobres y vulnerables. Este razonamiento parece alineado con el valioso principio del respeto a la autonomía personal, pero en este caso, choca frente a la realidad insoslayable de que, a partir de la concepción existe una nueva vida, que posee su propio ADN y no constituye tan sólo un pedazo del cuerpo de la madre. Para sortear este escollo, se esgrime que el feto no es persona (esto puede ser una discusión filosófica) y que hasta sus primeros tres meses no tiene desarrollado el sistema nervioso, ni tiene conciencia o sufre dolores. Sin embargo, estas argumentaciones -cada vez más débiles frente a las evidencias de los avances científicos- no pueden ni alcanzan a conmover la realidad misteriosa y natural del inicio de la vida humana. Los hechos son sagrados. Es verdad que en esta materia, la disuasión penal no funciona adecuadamente. No se registra una cantidad significativa de procesos judiciales, ni mucho menos, condenas, y lo que es más grave, puede no estar sirviendo para proteger la vida de inocentes no nacidos. Está claro entonces que desde esta perspectiva, la situación actual requiere ser revisada. Pero promover una legalización casi irrestricta del aborto, tal como surge del proyecto inicial presentado, implicaría un retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos, en especial de los más débiles, que carecen de voz para defenderse, cosa que nuestra sociedad democrática y pluralista no debería consentir. No deja de sorprender la paradoja de que quienes se presentan políticamente como más avanzados exponentes del progresismo, sean los más entusiastas propulsores de las iniciativas proaborto. Tampoco debería aceptarse sin más que la legislación propuesta se justifique en la necesidad de reflejar una realidad social sobre la que no existe una información cierta y ponderada, ni que las posiciones se sustenten a veces con enfoques ideologizados y un activismo exacerbado. Una solución más abarcativa del problema debería también incluir, por parte de los poderes públicos, una creciente intensificación de la educación sexual integral y la difusión de métodos anticonceptivos para procurar prevenir el embarazo adolescente, así como el acompañamiento a las personas que atraviesan por él y la facilitación de los procesos de adopción, incluyendo la posibilidad de que ocurra durante el período de gestación. La discusión sobre el aborto ha tenido lugar y sigue abierta en muchos países del mundo con legislaciones que establecen regulaciones diversas. No estamos obligados a seguir ninguna receta impuesta. Aspiramos a que, en el más sereno clima de diálogo posible, los argentinos encontremos las mejores soluciones para acompañar a todas las personas que enfrentan esta situación, orientados por el respeto al supremo valor de la vida y por la consideración de que el aborto constituye siempre un trauma que es preferible evitar.

(*) Procurador general de la ciudad de Buenos Aires. Publicado en www.lanacion.com