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Prevenir o asumir la responsabilidad

La triste noticia de la muerte de un trabajador de la construcción en la localidad de Mocoretá ocurrida en una obra que no estaba declarada ante el CPIAYA, abre nuevamente el espacio para exigir firmemente la fiscalización de las mismas y que el trabajo esté realizado por matriculados habilitados, ya que ninguna de ellas se cumple en algunos lugares.

¿Acaso puede valorarse una vida? ¿Existe alguna manera de reemplazar, compensar, o establecer algún tipo de resarcimiento por una persona a la que una familia no verá más o no podrá reunirse con sus amigos nuevamente? La noticia simplemente relata que un albañil falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica cuando estaba trabajando en una obra en construcción en la localidad sureña de Mocoretá. Como anecdotario se podrá decir que se trataba de un hombre de 55 años que trasladaba hierros de un lado a otro cuando de pronto tomó contacto con un cable conectado a la red. Falleció en el acto. ¿Descuido? ¿Falta de control? ¿Condiciones de trabajo que no son óptimas? ¿Responsables? ¡Cuántas respuestas que no pueden menos que indignar a una sociedad que, lamentablemente, cada vez está más anestesiada!

NOS SORPRENDE Y NOS PREOCUPA GENUINAMENTE QUE EXISTAN ENTES MUNICIPALES QUE INSISTAN EN INCUMPLIR LO ESTABLECIDO POR LEY.
NOS SORPRENDE Y NOS PREOCUPA GENUINAMENTE QUE EXISTAN ENTES MUNICIPALES QUE INSISTAN EN INCUMPLIR LO ESTABLECIDO POR LEY.

La ley está para cumplirse. Simple. Sencillo. Sin entrar en una explicación que se ajuste a derecho, que no es nuestra intención, convenimos en aceptar y creer firmemente que sólo  esta hace posible el ejercicio de la libertad y la vida civilizada. ¿Qué dice la ley? Las obras deben estar registradas en el Consejo Profesional, presentadas por un profesional matriculado, habilitado y con las incumbencias pertinentes a tal efecto, a fin de que posteriormente puedan presentarse, a su vez, al ente municipal responsable del control de la obra, quedando así en evidencia los responsables de cumplir con lo que dictan las normativas vigentes en cuanto a seguridad laboral se refiere. Otra vez. Simple. Sencillo. Cuando no es así, cuando algunos individuos, grupos, e incluso autoridades, se abrogan el supuesto arbitrio de no cumplir lo establecido, es cuando la sociedad en su conjunto se encuentra frente a problemas que podrían haberse evitado y una muerte que no deberíamos estar lamentando, como en este caso.

Una sociedad se mantiene cohesionada y en armonía, en la medida en que sus integrantes, es decir, los ciudadanos, conozcan, entiendan y cumplan lo establecido por las normas que existen para regular su comportamiento social, a fin de que prevalezcan la igualdad, la libertad y todos los derechos y obligaciones.

A veces, lamentablemente, se ha incorporado en el imaginario común la idea de que las vías de hecho son más eficaces que las de derecho. Y más aún, se piensa que la conveniencia o no de una determinada política, puede estar por encima de la ley, confundiendo los términos de autoridad y poder como si fueran la misma cosa.

Más allá de las estadísticas mundiales, que consideran que el 98% de los accidentes laborales son "totalmente evitables", si se cumple la normativa de prevención de riesgos y se afianza la cultura de la precaución en los trabajadores, también se debe aplicar este concepto a los individuos, profesionales y empresarios que son los que tienen que traducir esto para los empleados. Hoy en día tenemos elementos técnicos, científicos y tecnológicos de toda índole para prevenir y poder trabajar seguros.

Pero seamos realistas. ¿Cómo se puede pretender trabajar seguro si ni siquiera se logra que el ente contralor, es decir, la municipalidad, obligue a cumplir la ley para el registro de las obras? Imposible. Es cierto que no sucede en todas las municipalidades, y se están haciendo enormes progresos para que la normativa se cumpla en todo el territorio provincial, pero entender que simplemente hay que cumplir la ley no debería ser una tarea que nos cueste tanto ¿Por qué? Porque beneficia al público en general, puesto que tiene la certeza de la formación técnica y/o profesional del que contrata, conoce oficialmente la incumbencia de cualquier técnico, sabe que el matriculado está sometido a un "Código de Ética" para con sus comitentes, para con sus colegas y para con el Consejo Profesional, cumpliendo con lo previsto por las leyes provinciales para el ejercicio de la profesión o tecnicatura, y, por último, el registro de las tareas profesionales efectuadas por matriculados, deslinda y resguarda de ciertas responsabilidades a los propietarios. Pero no se agota allí.

Siendo el Consejo Profesional CPIAYA una institución paraestatal que tiene como función primordial el registro de títulos técnicos y profesionales, da certeza de la formación  de sus matriculados. Por ende, el profesional que está inscripto y habilitado, adopta para sí el cumplimiento de las ordenanzas municipales como primera instancia,  porque al ser solicitado desde el Municipio el visado del CPIAYA, no puede desconocer la realidad y funcionamiento de las normas municipales vigentes, con lo que se hace responsable necesario y suficiente de las cuestiones técnicas, de higiene y seguridad laboral y del cuidado del medio ambiente en cualquier emprendimiento intelectual o físico. El Municipio, exigiendo el registro de la tarea profesional en el Consejo, cumple con leyes provinciales de obligado cumplimiento (Decreto Nº 1.734/70, Decreto Ley Nº 3.268/57 y Modificatorio Nº 44/58, Decreto Nº 2.669/72) pudiendo incluso, mediante instrumentos de común acuerdo, asistir y consultar con nuestro Consejo para el intercambio de información, procedimientos, asistencia y preparación de normativas y legislación específica.

Si el Municipio "no realiza" la verificación del cumplimiento de las leyes provinciales y nacionales, desprotege totalmente a la población frente a cualquier actuación profesional que no se encuentre registrada. En definitiva, no cuida a sus propios ciudadanos. Es desde este punto de vista que nos sorprende y nos preocupa genuinamente que existan entes municipales que insistan en el incumplimiento de lo establecido por ley, en cuanto a la actuación de las profesiones nucleadas en este Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, ya que, tal como lo establece la norma, es de aplicación en todo el territorio provincial y cualquier profesional que actúe se encuentra sujeto a ella. Aun así, hay algunas autoridades municipales que desconocen esto y violan flagrantemente lo establecido, ya que, sin intención de polemizar o de discutir algo que es tan claro, lo único que se exige es lo básico para que nos conduzcamos como una sociedad civilizada.

Ojalá pudiéramos poner de lado las posturas individuales o el deseo de protagonismo demagógico y empezáramos a hacer lo básico, cumplir la ley. Quizás dejaríamos de lamentar la pérdida innecesaria de vidas humanas y empezaríamos a construir otro tipo de país.