¿En 2018 se logrará aprobar el Código Procesal Penal Provincial?
Demasiadas líneas se escribieron sobre la necesidad imperiosa de que Corrientes cuente con un nuevo Código Procesal Penal (CPP). Es que el actual entró en vigencia en 1971 y es el más desactualizado del país. Desde 2004 hubo intentos que se vieron frustrados por diversas razones. En 2016 el Ministerio de Justicia de la Nación le dio un fuerte impulso, con el aval de Ricardo Colombi, y se plasmó en un proyecto de ley que en diciembre logró media sanción de la Cámara de Diputados. Pero fue una decisión del gobernador Gustavo Valdés de ahondar en el análisis y hacer una nueva ronda de consultas con especialistas para "lograr una norma de excelencia".
-- Para algunos diputados el proyecto "salió a las apuradas" de la Cámara baja durante las sesiones extraordinarias. Es que si bien contó con un apoyo mayoritario inclusive de opositores, varios repararon en la falta de mayor análisis y errores gramaticales en la redacción del proyecto cuya base pertenece al Código Procesal Penal Federal del Plan Justicia 2020 impulsada por la cartera encabezada por Germán Garavano. Es por eso que desde la Cámara alta se decidió consultar con juristas nacionales el Código Procesal Penal que tiene media sanción. La iniciativa sufrirá modificaciones tras el aporte de juristas del Ministerio de Justicia Nacional y será tratada recién en marzo durante el período ordinario. El senador radical Noel Breard encabeza una mesa de trabajo que incluye al subsecretario de de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, y representantes de la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación, bajo la supervisión del propio gobernador Gustavo Valdés. También el Ministerio Público Fiscal forma parte de la mesa de trabajo y envió como representante a Gustavo Robineau. "En febrero vamos a retomar los encuentros, además de los aportes recibidos nos reunimos con los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y avanzamos en retoques. Uno de los puntos relevantes se enmarca en modificar el punto referido a que la acción civil sea en sede penal, sino que sea directamente en el ámbito civil evitando así dilaciones y complicaciones. Creo que para marzo podríamos avanzar con la aprobación que al sufrir cambios deberá volver a Diputados", recordó Breard en diálogo con época. Entre los puntos sobresalientes del proyecto se destacan el cambio de paradigma en el proceso, que al instrumentarse la responsabilidad de investigación recaerá en el fiscal y el juez será el encargado de garantizar los derechos de imputados y víctimas, lográndose un equilibrio, la abreviatura en el tiempo de su duración con el objetivo de alivianar el trabajo en los juzgados y lograr celeridad para el imputado. Se jerarquiza la participación más activa de la víctima en el proceso con contención psicológica y seguridad personal. Hay limitaciones en los recursos de casación, de queja y otras metodologías dilatorias respetando en todos los casos las garantías de los imputados. Se incorpora la posibilidad del acuerdo de juicio abreviado parcial, entre otras figuras. Todos los profesionales consultados coinciden en remarcar que se trata de un CPP con énfasis en el rol y protección de las víctimas. El juez del STJ, Alejandro Chaín, había ponderado la figura la disponibilidad de la acción. "En casos en los que el fiscal desista de avanzar con un determinado caso, la víctima puede continuarlo", explicó. Después de tantas comisiones creadas, proyectos parlamentarios frustrados o caídos por falta de tratamiento, ¿será 2018 el año en que se logre aprobar el Código Procesal Penal Provincial?
Sin flagrancia
Una de las figuras que no fue incorporada al proyecto de Código de Procedimiento Penal es el proceso especial de flagrancia para aquellos casos de fácil tramitación, en los que la mayoría de las pruebas ya han sido recabadas en el momento de la aprehensión o inmediatamente después. En el ámbito federal ya fue incorporada la ley de flagrancia y se está llevando a la práctica con muy buenos resultados. El ex diputado Raúl Alfonzo había planteado durante el debate su anexo pero fue rechazado. Desde el oficialismo pretenden tratarlo de manera autónoma.
La Ley de Educación también pendiente
