Municipio insiste en evitar que se construya en terreno ocupado
Nuevo round entre el municipio capitalino y la familia Gálvez-Gómez del Doctor Montaña. El asesor legal de la Municipalidad, Walter González Acevedo, con una presentación judicial, insistió ayer en que se impida el avance de las obras iniciadas en un predio que las autoridades comunales reclaman como propiedad del Fideicomiso de tierras Santa Catalina que administra la Caja Municipal de Prestamos.
-- El conflicto entre este organismo y la familia denunciada por usurpación no es nuevo. En la anterior administración acordaron la entrega de un terreno de 1.380 metros cuadrados para que sea destinado a vivienda familiar por el cual, según González Acevedo, tampoco hay trámites tendientes a legalizarlo. Vale destacar que la familia encabezada por Emilce Gómez y Daniel Gálvez rechazó las acusaciones interpuestas por el letrado comunal y desmintió ser usurpadora del predio, al que reivindican como de su propiedad (ver aparte). De acuerdo con la descripción que hizo el abogado comunal, el 29 de diciembre se interpuso en la comisaría 14º la primera actuación iniciada por la administración comunal tras la asunción de Eduardo Tassano como Intendente, al detectarse que "se comenzaron a instalar unas columnas de hierro cimentadas con concreto para la construcción de un tinglado en un predio de la Caja de Préstamos Municipal". González Acevedo destacó que el registro catastral comprueba la propiedad comunal de los terrenos, que son parte de las tierras administradas por el Ejército Argentino que fueron vendidos por el Estado Nacional a la Municipalidad de Corrientes, la que -durante la administración de Fabián Ríos- constituyó con ellos un fideicomiso que es administrado por la Caja Municipal de Préstamos.
-- El profesional afirmó que en los planos catastrales, el espacio ocupado con las columnas para una supuesta escuela de fútbol figura como reserva de uso municipal, de acuerdo con la mensura realizada por cuenta y obra de la Caja Municipal de Prestamos a través del Municipio. Asimismo destacó que pese a los reclamos esgrimidos por la familia Gálvez, en un relevamiento documental que realizaron desde su oficina se verifica que "registralmente no existe ninguna titularidad a nombre de quienes hoy denunciamos como usurpadores". Agregó que "tampoco hay una causa judicial de prescripción adquisitiva y mucho menos un plano en catastro, que si bien no otorga derecho de propiedad, sí da cuenta del estado en el que se encuentran los terrenos".
-- Recordó que la única admisión de que son ocupantes, no propietarios, de algún terreno es el acuerdo reconocido por protocolo notarial con los responsables de la anterior gestión de la Municipalidad, certificado por escribano público. Agregó que en ese convenio registrado por la Escribana de la comuna, los Gálvez "reconocieron la propiedad de la municipalidad sobre estos inmuebles que hoy usurpan". Añadió el abogado comunal que "en el convenio se le otorgaba a esta gente una parte del predio para su vivienda familiar, de unos 1.330 metros cuadrados y cuando se hizo la mensura se les cedieron otros 50 metros cuadrados más, es decir 1.380 metros".
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-- Tras exhibir una fotocopia del mencionado documento, comentó que la escribana municipal certificó las firmas del abogado de los Gálvez, Rodolfo Marcelo Llano. En él se les concede la ocupación del predio a Daniel Gálvez / Emilce Gómez, las autoridades comunales aceptan ceder el terreno en cuestión y ambos reconocen que el resto del predio es propiedad del fideicomiso a cargo de la Caja Municipal de Préstamos. Afirmó que ese escrito y otras actuaciones "fueron presentados en la denuncia judicial que realizamos para acreditar que eso figura como propiedad de la Caja Municipal, lo fue reconocido por esta gente en ese convenio". Después comentó que "en ese registro notarial la municipalidad les reconoce la propiedad del terreno de 1.380 metros cuadrados donde tienen su vivienda, el que pueden escriturar cuando lo deseen". Recordó que los Gálvez Gómez ya tienen una causa iniciada en el Juzgado Federal a raíz de una denuncia por usurpación que hizo el Ejército Argentino por la ocupación del terreno en el que se domicilian.
-- Tras esas aclaraciones, retomó la exposición sobre el requerimiento que hacen a la Justicia por una medida de no innovar en el Juzgado Correccional Número 2, "lo que solicitamos antes de la feria es esa medida de no innovar para que esta gente deje de construir". Agregó que "pese a esa presentación se siguió edificando y hoy presentamos una nueva cautelar con toda la documental que acredita la propiedad del municipio". Afirmó que con estas acciones se pide la intervención de la Justicia para frenar las obras que la Familia Gálvez comenzó el miércoles 28 y que continuaron los días subsiguientes.
** Otros casos
El asesor letrado de la comuna explicó que hay varias situaciónes similares que se analizan a través de las diferentes Secretarías y que el caso mencionado "fue el más notorio porque es visible desde la avenida Maipú". Detalló que "hay otras usurpaciones en Bañado Sur, Bañado Norte, Doctor Montaña y otros más de los que nos vamos enterando. Recuerden que hace tres semanas que asumimos y estamos haciendo el relevamiento de los predios municipales que son ocupados por particulares".
Los Gálvez desconocen acuerdo con Ríos
Emilce Gómez y Daniel Gálvez rechazaron las acusaciones hechas por el asesor letrado de la Comuna y aseguraron que "desde hace tiempo" son víctimas de las injurias de las autoridades municipales. Gálvez es un reconocido exjugador de fútbol que militó en varios equipos de la Liga Correntina. También es director técnico y en el terreno en disputa desde hace años lleva adelante una escuelita de fútbol para un centenar de niños humildes de la zona. Aseguró que las "obras no son para una actividad comercial sino para una canchita" donde trabajar con los chicos del barrio.
Explicaron a época que el conflicto por la propiedad comenzó cuando las tierras que pertenecían al Ejército Argentino fueron cedidas a la Municipalidad para llevar adelante el proyecto Santa Catalina. A partir de la cesión, dichas superficies fueron administradas por un fideicomiso a cargo de la Caja Municipal de Préstamos. Este terreno en particular, como el de medio millar de familias, fue objeto de conflictos judiciales sobre la posesión por parte de los antiguos habitantes de los mismos. Desde la Municipalidad aseguran que la disputa con los Gálvez se resolvió a partir del acuerdo rubricado en la gestión de Fabián Ríos. Ellos desconocen el mismo y aseveran que el convenio firmado con la Comuna expresa que la decisión final está en manos de la Justicia y que nunca se admitió un acuerdo de partes. "Los funcionarios municipales dicen que pretendo levantar una estructura de grandes dimensiones con un fin comercial. Mi casa está al lado. Si van hasta allí, observarán que es muy humilde y que incluso a la vivienda le faltan chapas. Si tuviera el dinero para una obra de las características que ellos señalan, antes arreglaría mi hogar" aseguró Gálvez. "Lo único que pretendemos es que la Justicia obre en forma neutral y resuelva la cuestión" señalaron.
Habilitar la feria para resolver
El planteo legal del Municipio pretende que el Juzgado Correccional Número 2 habilite la feria para resolver una medida de no innovar para impedir el avance de las obras que se realizan en el predio en disputa. De acuerdo con Walter González Acevedo "la construcción de estas columnas de hierro comenzó el miércoles y, como no tuvieron ningún impedimento, al día siguiente colocaron otras más. Obstruimos el paso para que no pudieran bajar materiales, pero siguieron edificando". "Aspiramos a que se dicte una medida cautelar" declaró González, ya que "si se respetan los tiempos de la feria judicial en marcha, cuando la magistratura tome alguna resolución y eventualmente se tenga que proceder al desalojo, ellos ya pueden haber terminado la obra" insistió. Aclaró además que "lo importante a tener en cuenta es que no están construyendo para vivir, sino que lo hacen con un fin netamente comercial. El señor Gálvez argumenta que eso se utilizará para construir una cancha con fines sociales y alejar a los chicos de la calle y de las drogas, pero ya tienen un espacio en el que hay una cancha y lo explotan sin ningún problema". González también aseguró que "los Gálvez no iniciaron la demanda por prescripción adquisitiva".
El método de ocupar para después litigar
La noticia de ahora es una disputa por la propiedad entre el estado municipal y particulares. Nada nuevo bajo el sol en lo que parece un método eficaz para hacerse de valiosos terrenos, ya sean fiscales o de particulares que no invirtieron en el cerco perimetral necesario para poner un obstáculo a las usurpaciones.
El slogan es sencillo: "entramos y apostamos a que los jueces no resuelvan con la rapidez necesaria" para evitar la consolidación de los asentamientos. Amparados en la emergencia social y el exagerado déficit habitacional que tiene la provincia, los terrenos se ocupan, ya sea colectivamente como en el caso del Pirayuí hace algunos años o bien de manera individual como en el caso Gálvez que ahora alimenta las fojas de un expediente judicial cuya resolución se demora. La pelea de la familia Gálvez comenzó hace años, cuando las tierras eran propiedad del Ejército Argentino que no delineó su dominio con alambrados y custodia. Ese predio fue cedido a la Municipalidad durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se traspasó también el problema de sus ocupantes informales. De nada vale que el asesor letrado Wálter González insista en decir que "no hay un solo expediente en el que se plantee la prescripción adquisitiva". El antecedente es un registro notarial que ahora los ocupantes desconocen porque se arrogan la propiedad de un terreno de casi dos hectáreas que supo ser de dominio del Estado nacional y sobre el que desconocen a la Municipalidad autoridad para reclamar por las construcciones realizadas. No es el primer caso de anomia judicial y legal en las ocupaciones, y a juzgar por las experiencias anteriores, no será la última vez que la Comuna recurra a los magistrados por una resolución que se demora.