Cul de sac


--- Los que lo votaron no tenía la más mínima idea de lo que votaban. No contaban con el debate honesto, abierto, transparente que hubiera esclarecido sobre la gravedad del tránsito (la deuda inevitable) y con la fantasía publicitada del sistema de capitalización. El interés de estos "concesionarios" (los propietarios de las AFJP) era tan gigantesco que la publicidad y el lobby produjeron la "conversión". Los afiliados cambiaban de AFJP y ganaban premios monumentales en cada cambio. ¿Cómo terminó? Todas las cuentas de "ahorro" en los últimos meses de los 2000 informaban que el capital disponible era menor a la suma de lo aportado. Peor, las AFJP estaban, en términos contables, quebradas cuando el sistema fue derogado. La liquidación de cada una de ellas hubiera ocurrido de cualquier manera y durante la presidencia de Néstor Kirchner las salvó la necesidad de contar con sus votos para la negociación de la salida del default. La "estatización" del sistema era la natural consecuencia del error inicial. El racconto viene a cuento de la premura en la sanción de las leyes que se pretenden estructurales. Es que el consenso sólo puede surgir de un debate profundo y honesto y sin ese debate las leyes por más pretenciosas que sean se convierten en efímeras. No se construyen estructuras sólidas sin consenso. Además de la cuestión coyunturalmente central -que es el fenómeno mágico de lograr un ahorro de 65 mil millones de pesos (la cifra es mutante y va de 100 a 50 mil millones pero por ahí anda) que, según el oficialismo y el Presidente, no afecta a los recursos disponibles de los jubilados y beneficiarios de las transferencias que insólitamente generan el ahorro fiscal- está en la norma la cuestión adicional de la extensión de la "obligación" de jubilarse a los 65 años. Este último mecanismo ahorra recursos de la seguridad social en cuanto baja el número de beneficiarios potenciales durante un cierto período; pero, en contrapartida, frena la capacidad de empleo a los más jóvenes que son el grupo etario en el que se aloja la mayor parte de los desocupados. Las consecuencias de la norma en ese sentido son dignas de análisis en profundidad. No es lo mismo instalar esta norma en períodos de pleno empleo que en uno en el que el empleo es un problema. Este es un caso clásico en el, que por ausencia de estudios en profundidad, se puede perseguir el equilibrio de la cuentas del Estado y al mismo tiempo generar un desequilibrio de la Nación. La sabiduría de las leyes es armonizar ambos equilibrios. Esta ley podrá - difícil - contribuir a crear equilibrio en el Estado, pero deja muchas dudas sobre el potencial desequilibrio de la Nación: presiona a la baja el empleo de los más jóvenes, reduce de una vez (¿y para siempre?) el haber de los pasivos beneficiarios. No están hechas las cuentas. Navegamos, entonces, en incertidumbre. Eso pasa cada vez que la urgencia desbanca a la importancia de las cosas y la visión gerencial se impone a la de los hombres de Estado. Cosa, por otra parte, muy probable dada la notable ausencia de hombres de Estado en todas las comarcas políticas, sea la del oficialismo o sea la de las variadas oposiciones. Los escándalos en la sede parlamentaria y las reacciones políticas transferidas a la calle, han puesto en evidencia la ausencia de esos dones, los de hombres con vocación de Estado, en la política de este tiempo. Uno extraña lo que alguna vez se tuvo.

El PRO tuvo su ley. Pero no hay duda que para ganar en "gobernabilidad", la que toda sociedad necesita como el ser humano al oxígeno, no debe instalarse como práctica el mecanismo de presión con el que se ganó esta ley. El Presidente condenó a los gobernadores que incumplieron el compromiso de hacer que los diputados del pueblo de sus provincias voten a favor de la ley. Y felicitó a los que lo hicieron. Reflexionemos acerca de la "cultura PRO". Y digo "cultura PRO" porque es algo nuevo. Hasta ahora, digamos el kirchnerismo, gozó de una mayoría parlamentaria que era lo que se dio en llamar "la escribanía". Se votaba lo que el PE decidía. No había lugar para el disenso al interior del bloque oficialista. Eso se llama la "verticalidad", es decir, la perforación del cerebro. Se vota lo que decide "el Jefe". La mayoría K contaba con gobernadores, senadores nacionales y diputados nacionales. Y todos obedecían de manera directa al mensaje del PE nacional. Sin intermediarios. Esa mecánica que transforma a los diputados del pueblo en diputados del PE arruina el concepto de parlamento, la independencia de poderes, etcétera. No hace falta argumentar demasiado acerca de esto. Con esas mayorías reglamentadas no haría falta Parlamento. Un breve recuerdo. Cuando Juan Perón, con mayoría absoluta en ambas cámaras y cuando el Parlamento se integraba con dos tercios para la mayoría y un tercio para la minoría, quiso llevar a cabo los contratos petroleros, que privatizaban tareas de YPF, las convicciones de los parlamentarios peronistas pusieron sobre aviso al PEN que la ley sería imposible; y las pretensiones de la California naufragaron hasta la llegada de Arturo Frondizi que realizó otros contratos con otras empresas que dieron lugar a aquellas pretensiones. La mención sólo para recordarle a los legisladores kirchneristas que podrían haber rechazado el acuerdo con Irán o con China para citar cuestiones de implicancia internacional. El argumento de la obediencia debida es el del naufragio moral. Pero llegó la ‘"cultura PRO". El Presidente condenó (La Nación, sábado 23, diciembre) a los gobernadores que incumplieron su firma o su palabra, de "hacer votar" a "sus" diputados. Mauricio no tiene mayoría. Pero tiene caja. Y entiende que la mejor manera de obtener mayoría es apretar con la caja a los gobernadores y hacer que estos, vaya a saber cómo, "convenzan" a "sus" diputados para que se sumen a los diputados de Cambiemos.

Es decir, caja, gobernador, convicción, diputado, voto, señala que ha sido sustituida la "verticalidad" por la "caja". ¿Está bien?
La verticalidad perfora el cerebro y la "caja" lo duerme. La perforación es relativamente duradera, la caja es definitivamente efímera. Sobre todo cuando el déficit fiscal es enorme. Lo dicho simplemente para señalar que ni la verticalidad ni la caja pueden construir nada sólido y duradero. Que la única manera razonable en que se construyen las normas estructurales es sobre la base del consenso que sea producto de la reflexión que es el paso previó a la convicción del voto. No estamos ahí. ¿Lo que se construye desde este otro espacio, es duradero? Lo que nos dice el éxito de la votación de la ley previsional es que al gobierno le hace falta aprender otra forma de "ganar". No debe seguir ganando elecciones a base del marketing que no dice lo que va a hacer, porque termina mintiendo. No debe seguir sancionando leyes en base a "caja" apriete de gobernador y, en efecto Dominó, a los legisladores. Todo eso genera más riesgo de daño que posibilidades de beneficio. La reacción al apriete, gracias al cual se sancionó la ley en diputados (no ocurrió eso en el Senado), fue horrible. Primero dentro de la Cámara, después en la calle. Los errores producen consecuencias. La superación de los mismos exige reparación. No es reparadora la insistencia que, si perdura en el tiempo, consagra la irracionalidad. Es cierto. Pero son infinitamente peores las reacciones forajidas urbanas que demuestran hasta donde ha llegado la decadencia civilizatoria de muchos de los que militan condenando los errores y que, con sus reacciones propias de bandidos, multiplican las consecuencias. La propuesta, y el método usado por el gobierno para sostenerla o imponerla, adolecen del mismo vicio de origen. La propuesta oficial, a la que adhieren la mayor parte de los gobernadores y seguramente una mayoría legislativa, en relación a la crisis del sistema de seguridad social o en relación al déficit primario, es sencillamente mínima y como tal sustituible. Me refiero a los recursos. Las posibilidades de sustitución son muchas. Y en esto coincidimos un amplio espectro de economistas, profesionales de la cuestión, que va de lo que se puede llamar la ortodoxia a la heterodoxia, todas las márgenes. Ahora bien, la crítica a la propuesta PRO y al método PRO, para su desgracia, tiene entre algunos de sus portavoces, no todos, a políticos y legisladores o "militantes" que votaron la privatización de la seguridad social a la que ya hemos aludido. No se puede juzgar las actitudes en el presente sin tener en cuenta con lo actuado por las mismas personas o las mismas bancadas, en el pasado y sobre el mismo tema. Aquel "chiste" del menemismo, muchos de cuyos miembros componen todas las bancadas (Cambiemos, FPV, Federal, etcétera) nos costó una deuda que, recordemos, se ha estimado en 30 mil millones de dólares. También muchos de los críticos (y casi todas las bancadas) tienen, entre algunos de sus portavoces, a los mismos legisladores -esta vez kirchneristas y aliados- que impidieron la vigencia del 82 por ciento móvil. También tiene a funcionarios K que se engolosinaron en los directorios de las empresas cuyas acciones pasaron a manos de la ANSES. Y además entre ellos están los que celebraron la libérrima moratoria de CFK que permitió que 3,5 millones de mayores, que no habían aportado los años de rigor, se jubilaran. De esos 3,5 millones es probable (probable y no sólo posible) que no más del 40 por ciento hayan sido trabajadores sin aportes o bien personas sin patrimonio o sin recursos. El kirchnerismo permitió que sea libérrima por no exigir condiciones de necesidad para otorgar el beneficio. Probablemente (y no sólo posiblemente) haya más de un millón de personas jubiladas que legalmente han recibido un beneficio pero que no tienen necesidad que la sociedad cubra sus necesidades, que no son "desamparados". Ese dispendio de "derechos" fue una de las tantas aberraciones cometidas contra el sistema de seguridad por parte de muchos que hoy militan contra esta legislación que, fundamentalmente, es una fórmula de descuento con algunas más que mínimas compensaciones. Una fórmula de descuento innecesaria, inconveniente e inadecuada al momento.

Sería mucho más contundente, respecto del ahorro de recursos para el sistema, una norma reglamentaria de la ANSES que exigiera a todos los jubilados sin aportes que presenten, como condición necesaria para seguir recibiendo el beneficio, la declaración jurada patrimonial propia y de los familiares directos, conyuges e hijos, así como los ingresos mensuales de los mismos. Y que se suspenda el pago del beneficio hasta tanto se presente esa declaración jurada. Un requisito formal que, razonablemente, muchos se excusaran de cumplir hasta que puedan acreditar real necesidad. Esta vía podría aplicarse también a las jubilaciones por discapacidad para que los beneficiarios verifiquen medicamente la existencia de esa discapacidad y también a quienes reciben planes y que mediante un censo podría ratificarse o rectificarse el estado de necesidad. Es, en definitiva, una cuestión de cuidado del patrimonio público y de salud moral de la sociedad. No es el único lugar, ni el más importante, pero si uno que merece atención y todo eso, por la ausencia de debate acerca de esta ley, no ha sido puesto en la mesa de discusión. El gobierno ha cometido un error por no debatir en profundidad, por haber trabajado en base a "caja" y por no haber procurado consenso. Es cierto. Pero la principal oposición, con su silencio ante el horror de la Ciudad destruida por forajidos urbanos alentados, conducidos y financiados por militantes de la oposición, ha puesto al país otra vez en el camino de la violencia. En 1973, una vez recuperada la democracia, cuando el Ministro José Ber Gelbard quiso poner en su cargo al designado Ministro de Obras Públicas, el Ingeniero Horacio Zubiri, miembros de la "juventud maravillosa" asaltaron su despacho y, para impedir su nombramiento, quisieron tirarlo por la ventana. Dos veces lo intentaron. Una turba violenta. ¿La razón? Gelbard era acusado de ser "la burguesía" en el gobierno popular. Todos sabemos que esa misma violencia fue en ascenso hasta llegar al asesinato de José Rucci. Todos sabemos como empieza la violencia, nadie sabe como termina. Por eso la condena a la violencia es inexcusable sin "peros". Nada la justifica. Hay que militar contra la violencia ahora. Cualquier postergación en forma de explicaciones o justificaciones, es cómplice de futuros males. Hay que exigir la reparación de los daños materiales y no cejar hasta encontrar culpables. Sin el castigo a la violencia habremos dado un paso más hacia el abismo de la decadencia. Tratar de tirar a un ministro por la ventana es una amenaza y lo que le sigue a la amenaza es una historia de decadencia. Las piedras contra el Congreso, o contra los ciudadanos de las fuerzas de seguridad que lo custodian, son un delito y una provocación. El delito no debe quedar impune. Y la provocación necesita una respuesta. Esa respuesta es la primera responsabilidad del gobierno. Reconciliar. Estamos en Navidad. Es la fiesta de la reconciliación. La íntima reflexión con nosotros mismos. La reconciliación de nuestros deberes para con los otros. El reconocimiento de los otros. Ese es uno de los mensajes de la Navidad que se repite a través de los siglos. Nuestra sociedad atraviesa un período de desconocimiento y rechazo de los otros. El mayor desconocimiento es el que hacemos, en la práctica, acerca de al pobreza, sus causas y sus consecuencias. Muchas veces creemos que ignorar es hacer desaparecer los males. No es así. El mayor rechazo en nuestra sociedad es el de la exclusión: la mitad de los menores de 14 años nacieron y viven en la pobreza. ¿Cuáles son los pasos? Primero, y más allá de las conversiones individuales, la cuestión colectiva tiene un primer responsable que es el gobierno y básicamente la responsabilidad de quién lo ejerce. En este clima es angustiantemente necesario un llamado a la reconciliación de parte del Presidente a todas las fuerzas políticas y sociales. Necesitamos acordar el futuro. Nos está devorando el pasado. Y los fantasmas del pasado amenazan su retorno. La cuestión de esta ley ha desnudado la violencia, el silencio y el rechazo. Mauricio Macri no debería dejar de pasar estas fiestas sin convocar a todos a una reconciliación generosa para buscar las vías de un futuro común. Porque si no es común difícilmente exista el futuro y lo que esté por delante no sea más que el eterno "cul de sac" del que no salimos hace ya 40 años.