Con énfasis en las víctimas avanza análisis del Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal de Corrientes (CPP) entró en vigencia en 1971 y fue pionero en aquel momento, pero actualmente es el más desactualizado del país. El Poder Ejecutivo presentó este año un proyecto para derogarlo y contar con uno nuevo. El 18 de octubre de 2016 el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó en la capital correntina los ejes del Código Procesal Penal Federal y entregó un modelo base para el proyecto que el miércoles último logró media sanción de la Cámara de Diputados. Desde el 2004 existieron proyectos e intentos en el ámbito legislativo para concretar esta normativa clave, pero la mayoría perdieron estado parlamentario sin poder cumplir con el camino de sanción en ambas cámaras. A mediados de marzo de 2016 pasó a archivo el proyecto presentado en 2014 y que tenía media sanción del Senado. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, presentó uno propio que se frenó en la comisión correspondiente por no lograr los consensos necesarios. Este tercer intento tiene su basamento en las reformas impulsadas por la gestión de Cambiemos en el marco del Plan Justicia 2020. La presentación del modelo de CPP luego de un trabajo conjunto entre los equipos del Ministerio de Justicia, la Dirección de Política Criminal y representantes correntinos fue acompañada por un impulso fuerte del propio gobernador Ricardo Colombi que en aquella oportunidad señaló: "Ojalá que todos con responsabilidad, con compromiso y dejando de lado posiciones extremas y aspiraciones personales o sectoriales podamos generar un Código Procesal Penal el próximo año". Y lo reiteró, como otras veces, en la apertura de Sesiones Ordinarias de este año para reclamar a los diputados y senadores que el CPP "salga en 2017". Aún queda un mes por delante y con la confirmación de que habrá sesiones Extraordinarias para "varios temas importantes", además de la homologación del Pacto Fiscal III, parece posible que el deseo del Mandatario se cumplirá.
Entre los puntos sobresalientes se destacan el cambio de paradigma en el proceso de investigación, la abreviatura en el tiempo de su duración con el objetivo de alivianar el trabajo en los juzgados y lograr celeridad para el imputado. Se jerarquiza la participación del ciudadano con intervención en los procesos respectivos, cuenta con una participación más activa de la víctima que además deberá recibir contención psicológica y seguridad personal. Hay limitaciones en los recursos de casación, de queja y otras metodologías dilatorias respetando en todos los casos las garantías de los imputados. Se incorpora la posibilidad del acuerdo de juicio abreviado parcial, entre otras figuras. En el articulado se plasma claramente el cambio de paradigma al señalar que la acción penal pública será ejercida exclusivamente por el Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio "siempre que no dependa de instancia privada", y "promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigirá la Policía Judicial, practicará la información sumaria previa a la citación directa y ejercerá la acción civil".
Además del oficialismo, acompañaron la creación del nuevo Código Procesal Penal, con reparos en algunos artículos, legisladores de los partidos Justicialista, Autonomista y FORJA. La presidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Laura Vischi (UCR), se mostró contenta por la aprobación. "Fue un gran avance, es un proyecto en el que se viene trabajando desde hace tres años". Fue crítica respecto a los argumentos esgrimidos por los diputados Ernesto "Tito" Meixner y José Mórtola, quienes hicieron foco en errores ortográficos y gramaticales al momento de votar en contra, adoptando una postura diferente a la de su bloque que acompañó en general la iniciativa. La única integrante opositora de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María Giraud, declaró "imprescindible" la aprobación por lo que significa contar con un Código Procesal "acorde a los tiempos que vivimos, dejando atrás este modelo antiguo que además fue impuesto en un gobierno de facto". Pero a su vez, la legisladora peronista lamentó la falta de "tratamiento exhaustivo" recordando que el texto ingresó el 9 de agosto "y muchas de los pedidos y notas a instituciones relacionadas al derecho no fueron respondidas".
Durante la sesión el diputado autonomista Raúl Alfonzo pidió incorporar la figura de flagrancia que un proyecto de reforma de su autoría contenía, pero el oficialismo lo desestimó. Vischi igualmente aseguró que "los delitos de flagrancia pueden ser incluidos, hay muchas cosas por trabajar". Además agregó: "Con este nuevo Código se va a proceder en las causas penales mucho más rápido de lo que se está haciendo, porque se harán en forma oral". El trámite ahora quedará en el ámbito de la Cámara de Senadores que aún no dio ingreso a la iniciativa como tampoco lo hizo con la Ley de Educación. Se da por descontado que ambas normas serán incorporadas al temario de sesiones Extraordinarias en diciembre.
Alfonzo, por su parte, enfatizó que "Corrientes necesitaba dar un paso adelante", pero aclaró: "Soy enemigo de los proyectos enlatados donde te imponen la mayoría de los números y se cierran en una pseudodemocracia delegativa en que los números del oficialismo son los únicos que mandan". "Creo que lo que se aprobó es una pésima copia del llamado Código Garavano; yo presenté el mío con intención de generar una discusión seria". Sin dudas es un cambio de paradigma y habría que ver si todos los fiscales están preparados psicológicamente para dirigir un proceso, no todos están en condiciones de hacerlo, por eso se van a necesitar un sinnúmero de leyes complementarias", indicó Alfonzo. En ese sentido, el autonomista reclamó una Ley de Ministerio Público, tal como lo hizo en 2015 y adelantó que va a presentarlo esta semana en el último tramo del periodo ordinario. "No es posible que el Fiscal General sea a la vez el jefe de los fiscales, de los defensores y de los asesores de menores, ya se lo indicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2009", rememoró.
Chaco
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia remitió en 2012 a la Cámara de Diputados tres proyectos de leyes, impulsando la modificación a ciertos artículos del Código Procesal Penal que finalmente fueron aprobados. Se incorporaron y modernizaron institutos de la organización de justicia, y se incluyó el juicio por flagrancia como respuesta rápida y eficaz. Son casos de fácil tramitación, en los que la mayoría de las pruebas ya han sido recabadas en el momento de la aprehensión o inmediatamente después.
"Cuando el fiscal desista de una causa, la víctima podrá seguir"
El integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Alejandro Chaín en diálogo con época hizo hincapié en la disponibilidad de la acción. "Es una figura que se incorpora en casos en los que el fiscal desista de avanzar con un determinado caso, la víctima puede continuarlo". "Conversé con varios legisladores previamente, es un avance muy significativo, siempre puede haber proyectos mejores pero contar con un código que modifica el modelo acusatorio era necesario", enfatizó. "Al instrumentarse la responsabilidad de investigación recaerá en el fiscal y el juez será el encargado de garantizar los derechos de imputados y víctimas, lográndose un equilibrio". "En torno a los procesos cortos son necesarios porque apuntan a una demanda social, dijo. "La gente no cree en la Justicia, y la demora atenta contra la credibilidad en el sistema judicial". Por último remarcó que de aprobarse "junto al poder político, deberemos avanzar en las normativas complementarias en temas como infraestructura y la Policía Judicial".
La Ley de Educación avanza con críticas
A diferencia del Código Procesal Penal (PP) que fue aprobado con voto dividido de las bancadas, la Ley de Educación Provincial contó con el apoyo unánime de los diputados. La norma fue presentada por el poder Ejecutivo el 16 de mayo pasado en Casa de Gobierno. Es otra de las iniciativas reclamadas por Ricardo Colombi para que sean ley durante su gestión. Si bien esta será la última semana de sesiones ordinarias y el propio Mandatario ya confirmó que convocará a Extraordinarias en diciembre para que pueda homologarse el Pacto Fiscal III, convenio firmado entre la Nación y las provincias, podría incluirse las dos iniciativas en el temario previsto para el final del año. El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, fue uno de los primeros que salió a cuestionar la nueva normativa. "Esta no es la ley que se presentó, habíamos hecho un trabajo, todos los sindicatos, sobre direcciones y modalidades". Uno de los puntos cuestionados tiene relación con la prohibición de asistencia de menores de 18 años a escuelas nocturnas "porque produce una exclusión de la escolaridad", que desde la oposición se pretendió modificar el día de la sesión. En tanto desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en el marco de la inauguración de su nueva sede, su titular Rufino Fernández dijo que son un sindicato "caracterizado por el diálogo y la concertación, pero no vacilan cuando tiene que tomar posición en defensa del docente". "También somos conscientes de nuestro rol", afirmó. Es que el vínculo entre la cartera dirigida por Susana Benítez y los representantes de los maestros es actualmente nula. "La Ley es importante pero tenemos otras prioridades: salario, Plan Maestro, Nomenclador", había dicho un gremialista días atrás.