China copa obras de Ecuador desde hace siete años

Seis de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban con una sucursal en el país hace ocho años. Abrieron oficinas entre 2009 y 2012. En ese plazo, crecieron a punta de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de la autodenominada Revolución Ciudadana. Un centenar de compañías chinas se instalaron desde entonces en Ecuador pero sólo 15 de ellas protagonizaron silenciosamente la obra pública ecuatoriana. Son responsables de siete de las ocho grandes hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo, de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo, ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino préstamos atados a licitaciones. Las estadísticas oficiales del Servicio de Contratación Pública cifran en casi 2.350 millones de dólares el monto de los proyectos adjudicados a las contratistas de Beijing. Pero sólo miden entre 2014 y 2017 y esa cifra se eleva al contabilizar una por una las obras asignadas. Hasta 11.300 millones de dólares se destinaron a las empresas asiáticas desde 2010 para levantar infraestructura. El 60% de esos contratos se destinaron al sector energético y sólo en los 48 contratos principales, de 197 totales, estaban ligados a préstamos por 7.300 millones de dólares. Por los casos de corrupción destapados con Odebrecht -responsable de una de las ocho hidroeléctricas- y de la empresa pública de petróleo Petroecuador, la Fiscalía inició una investigación contra cuatro de las seis empresas chinas. El embajador de China en Ecuador, Wang Yulin, recordó que su Gobierno educa a las empresas para que cumplan las leyes del territorio en el que se instalan.