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Libran orden para detener a los líderes separatistas catalanes

La juez Carmen Lamela ordenó la captura nacional e internacional y emitió una euroorden de detención contra el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que han optado por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos.

Junto al expresident de la Generalitat están en Bélgica los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura). Los cinco están imputados por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Lamela afirmó que Puigdemont aprovechó su cargo al frente del Govern para "llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña" junto a otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas. "Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección y desafiando el ordenamiento constitucional". La juez redactó diez autos, dos por cada investigado. En uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la policía. Por otro lado se envía orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si sale de Bélgica. "No voy a escapar. Voy a ir a la verdadera Justicia, no a la Justicia española. En España no hay garantías para un juicio justo e independiente", denunció antes de convertirse en prófugo. En las próximas horas, la policía belga deberá ponerlo a disposición de un juez que decidirá si lo entrega a Madrid, en donde duermen en la cárcel desde el jueves el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete ex ministros. La jueza Carmen Lamela los acusa a todos de rebelión, sedición y malversación a raíz del proceso separatista que culminó el 27 de octubre con la proclamación de la república catalana. A Puigdemont y los demás ex funcionarios que se negaron a ir a declarar les añadió otros dos delitos: prevaricación y desobediencia de la autoridad