Rajoy destituyó al Gobierno catalán e intervino el Parlamento
El gobierno español de Mariano Rajoy propuso al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le da extraordinarios poderes para restaurar la legalidad en una comunidad rebelde y anunció la destitución de todo el Ejecutivo de la Generalitat (gobierno) de Cataluña, empezando por su titular, Carles Puigdemont. También intervendrá parcialmente las potestades del Parlamento catalán para evitar un "fraude de ley" y evitar que convoque a elecciones o maniobre para proteger el poder de los secesionistas. No habrá suspensión de la autonomía catalana.

Una novedad importante se produjo cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que la Fiscalía presentará una querella por el delito de rebelión contra Puigdemont que supone un castigo penal de hasta 30 años de cárcel. La iniciativa ya redactada se presentará, si se decide, ante el Tribunal Supremo de Justicia. El objetivo es la exigencia de responsabilidad penal al titular de la Generalitat por sus actos en rebeldía, por lo que el texto está centrado en una descripción de su conducta vinculada al separatismo. El Consejo de Ministros adoptó una serie de medidas, que deberá autorizar el Senado, por mayoría absoluta, para asumir la intervención en Cataluña y restablecer el orden constitucional frente a la "desobediencia rebelde" de los gobernantes catalanes, que iniciaron un proceso de independencia. La decisión de Rajoy está directamente relacionada con los repetidos anuncios de Puigdemont y las fuerzas secesionistas que el próximo martes o miércoles el Parlamento catalán declarará formalmente la independencia. El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
En rueda de prensa, Rajoy argumentó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña. Justificó su drástica medida para restaurar la legalidad, celebrar elecciones con normalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado. Además, subrayó que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo". 10