Trata: una fundación será querellante

La fundación La Alameda, una organización que trabaja contra la trata de personas, el trabajo esclavo y la explotación infantil, se reunió con la jueza Federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, y les transmitieron el apoyo ante los intentos de apartamiento de la causa con fines de explotación sexual. Además anunciaron que se presentarán como querellantes. El titular de la fundación La Alameda en Corrientes, José Maria Serbín, y el apoderado legal Mariano Da Vila contaron a época que mantuvieron un encuentro con el fiscal Federal Carlos Schaefer para informar al fiscal que la fundación se constituiría como querellante en la causa de tratas de personas con fines de explotación sexual. "El hecho involucra a 18 imputados en la ciudad de Paso de los Libres. Entre ellos están el ex fiscal Federal Benito Pont y un ex gendarme", recordó el letrado. También se hicieron presentes en la localidad fronteriza, donde mantuvieron una reunión con la jueza Pozzer Penzo, a quien le transmitieron el apoyo para que continúe en la causa, ya que la magistrada es objeto de intentos de apartamientos ante una recusación presentada por la defensa. "Está previsto que este lunes se constituya una nueva audiencia para la conformación de un Tribunal y evaluar dicha recusación", contaron a este medio.
Causa de trata Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre procesaron a 18 personas en una causa por trata de personas. Entre los imputados se encuentra el ex fiscal Federal Benito Pont, un abogado y un excomandante de Gendarmería Nacional. Están acusados de explotar a mujeres en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos ubicados en la localidad de Paso de los Libres. Los imputados habrían explotado al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos ubicados en la ciudad fronteriza, bajo la "protección" y "blindaje judicial" del ex fiscal, quien se encuentra acusado de desviar y dilatar de las investigaciones que tenía a su cargo. A 14 de los imputados se los procesó por ser considerados coautores del delito por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaño. Por su parte, a otros cuatro, entre los que se encuentra Pont, se les imputa ser partícipes de esos delitos. A Pont se lo procesó también por hallarlo presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otro lado, la Jueza dispuso el embargo preventivo de todos los imputados por distintas sumas: tres de ellos hasta alcanzar la suma total de $22.345.678, otros ocho hasta cubrir la suma de $500 mil pesos y los siete restantes la suma de $250 mil.