Del voto cantado a la ley Sáenz Peña

A partir de 1900 se produce en nuestro país una notable división en los sectores dominantes entre quienes apoyaban al presidente Julio Argentino Roca y su política intransigente de mantener el fraude electoral, y los sectores de la elite más inteligentes, probablemente influidos por cierta vocación democrática. Actuaban sobre todo en defensa propia, a la vista de los hechos ocurridos en el país y prestaban atención al proceso político europeo, donde las burguesías estaban aprendiendo a la fuerza que les convenía trocar el absolutismo y el autoritarismo por un régimen democrático de participación ampliada. Una de las mayores preocupaciones de esa elite era quitar la protesta de las calles y en la medida de lo posible volcarla en el parlamento y en el sistema político. Para ello se hacía necesario dar cabida al principal partido opositor, el radicalismo, pero también al moderado Partido Socialista. De esa manera se fracturaría al movimiento obrero y se debilitaría al gran enemigo que la oligarquía en el poder visualizaba como el más peligroso: el anarquismo.

¿Cómo se votaba antes de la Ley Sáenz Peña?

La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, por el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a quienes fueran propietarios. A pesar de su amplitud, esta ley tuvo en la práctica un alcance limitado, porque la mayoría de la población de la campaña ni siquiera se enteraba de que se desarrollaban comicios. Así, en las primeras elecciones efectuadas con esta ley, sobre una población de 60.000 personas apenas trescientas emitieron su voto.

La Constitución Nacional de 1853 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral, que fue parcialmente cubierto por la ley 140 de 1857. El voto era masculino y cantado, y el país se dividía en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa, es decir que contenía los candidatos para todos los cargos. La lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política.

La emisión del voto de viva voz podía provocarle graves inconvenientes al votante: desde la pérdida de su empleo hasta la propia vida, si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Sin dudas, rigió por aquellos años (1857-1912) un fraude que resultaba escandaloso en algunos casos, como lo cuenta Sarmiento en una carta a su amigo Oro, refiriéndose a las elecciones de 1857:

"Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición".

Los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Así demostraba la clase dominante su desprecio por la democracia real y su concepción de que ellos eran los únicos con derecho a gobernar un país al que consideraban una propiedad privada, una extensión de sus estancias.

Todas estas prácticas que marginaban a los sectores mayoritarios de la población de la vida política eran la perfecta contraparte del sistema de exclusión económica derivado del modelo agroexportador en el que el poder y la riqueza generados por la mayoría eran apropiados por la minoría gobernante. Puede decirse que todos los gobernantes de lo que la historia oficial llama "presidencias históricas", es decir, las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda; y las subsiguientes hasta 1916, son ilegítimas de origen, porque todos los presidentes de aquel período llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral.

Hacia 1900 nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, convencieron a cierto sector del grupo gobernante de considerar la introducción de reformas graduales en el sistema electoral con el fin de evitar conflictos sociales. El primer paso en ese sentido se da con la reforma "uninominal" en el sistema de elección de diputados. Cada ciudadano votaba por un solo candidato y no por una lista. El ministro Joaquín V. González había propuesto el voto secreto, pero el senador por la Capital Federal, Carlos Pellegrini, se opuso en el Congreso Nacional, afirmando que el voto secreto era para los hombres conscientes, no para las masas que votaban según simpatías y no según ideas.

En 1905, con el presidente Manuel Quintana, se volvió a la lista completa, en la que cada elector, en su circunscripción, votaba por todos los candidatos de su distrito. Dos meses después de esto se suprimió el voto de viva voz, que no fue secreto, pero sí escrito. El elector debía entregar a la mesa electoral, en un papel escrito y doblado, los nombres de la totalidad de los candidatos por los que votaba. Obviamente esto limitaba el voto a los alfabetos, una franca minoría por aquel entonces.

Quiera el pueblo votar

El 12 de junio de 1910, el Colegio Electoral consagró la fórmula Roque Sáenz Peña - Victorino de la Plaza. El presidente electo se encontraba en Europa y emprendió enseguida el viaje de regreso a su país. A poco de llegar concertó dos entrevistas claves: una con el presidente Figueroa Alcorta y la otra con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Este es el relato de Yrigoyen sobre el histórico encuentro:

"Ante nuevas insistencias que hiciera asentí a que conversáramos, y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna, a los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la Nación, pedíle que apartara de su pensamiento esta suposición al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones. Agregándole que lo único que la UCR reclamaba eran comicios honorables garantidos, sobre la base de la reforma electoral. El doctor Sáenz Peña, no había pensado en esa forma de inmediato, sino en la concurrencia de la UCR a la labor de gobierno que iba a presidir; pero planteada la cuestión como indispensable, para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué que los concretara por escrito si le parecía bien, para llevarlos a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical, lo que hizo, condensándolo en la forma siguiente, más o menos: ‘Que deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en los ministerios, e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo’. La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno, por ser contrario a sus reglas de conducta, y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral".

El 12 de octubre asumió el nuevo gobierno, y Sáenz Peña cumplió con su palabra enviando al parlamento el proyecto de Ley de Sufragio, que había elaborado con la estrecha colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez. Establecía la confección de un nuevo padrón basado en los listados de enrolamiento militar, y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años.

La ley significaba un gran avance, aunque no eran pocos los excluidos por ella. Las mujeres (casi la mitad del padrón), los extranjeros, los habitantes de los territorios nacionales, los habitantes de municipios con pocas personas, entre otros.

El presidente presentó el proyecto con estas palabras:

 "He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar".

Poco después ambas Cámaras aprobaban la que empezaría a conocerse como la Ley Sáenz Peña.

El fin del fraude significó un notable avance hacia la democracia en la Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras que habían sido marginadas del sistema por los gobiernos conservadores.

En las primeras elecciones libres llevadas adelante en la Argentina, en el mismo año 1912, la bancada socialista creció notablemente y se sucedieron los triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe. Aumentó notablemente la participación electoral, que para 1914 llegó al 62,85 % del padrón total, mientras que en las últimas elecciones anteriores a la Ley Sáenz Peña apenas había llegado al 5 por ciento.

Ahora nadie podía seguir argumentando que aquel régimen político, base de sustentación del poder real, era fraudulento y carente de legalidad: a partir de ese momento las responsabilidades de la administración y sostenimiento del sistema serían compartidas, aunque, claro, y esto está fuera de discusión, el poder real seguiría en las mismas manos de siempre.

(Fuente: www.elhistoriador.com.ar; adaptación de Los mitos de la historia argentina III, de Felipe Pigna, Editorial Planeta, 2006.)