Solicitaron juicio oral por trata laboral

El fiscal federal subrogante de la localidad correntina de Paso de los Libres, Aníbal Martínez, pidió juicio oral y público para ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos. Allí, asegura el magistrado, fueron 40 los trabajadores quienes estuvieron en situación de vulnerabilidad y sometidos a condiciones infrahumanas. Según el dictamen del fiscal, los cuatro principales imputados son Rolando Díaz, Gustavo Percara, Enrique Percara y Diego Percara, acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de los campos donde se realizaban los trabajos. En tanto, otras cuatro personas Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la Cooperativa y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, están imputadas en grado de partícipes necesarios. Los cuatro principales imputados están sindicados como quienes se habrían encargado de captar a gran parte de las víctimas, en su mayoría oriundas del Norte de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos en remís o en taxi. Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir. Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda de eucaliptos en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica y no tenían baños. Para el representante del Ministerio Público Federal, a lo largo de la investigación se pudo determinar que Rolando Abel Díaz, Nilda Maack, Fabián Knebel y Mónica del Luján Nabone eran los directivos o administrativos de la cooperativa encargada de incorporar asociados. Al momento de su declaración, las víctimas fueron coincidentes en sus manifestaciones. Declararon que en su mayoría provenían de la provincia de Misiones, y debían quedarse en el lugar durante 45 días. Dormían hacinadas en un colectivo viejo sin agua potable, luz ni baños. La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.