Otro intento para que el ciudadano común dictamine en vez de un juez
El Código Procesal Penal de Corrientes (CPP) entró en vigencia en 1971 y fue pionero en aquel momento. Sin embargo, ahora es uno de los más desactualizados del país. En un contexto de renovación al Código Federal, impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo recibirá esta semana, el anteproyecto enviado por la cartera provincial. Así lo confirmó su titular Jorge "Pili" Quintana.
Promesa de Colombi para el segundo semestre
En octubre de 2016, durante la última visita a Corrientes del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, el gobernador, Ricardo Colombi, aprovechó para pedir que la provincia tenga su nuevo Código Procesal Penal. "Han habido muchas discusiones y puntos encontrados, consideramos oportuno contar con el aval del Ministerio de Justicia de la Nación para, que pueda guiarnos en una propuesta más las que ya contamos", dijo en referencia a un borrador que recibió al respecto, tras un trabajo conjunto entre los equipos del Ministerio, la Dirección de Política Criminal y representantes correntinos. "Ojalá que todos con responsabilidad, con compromiso y dejando de lado posiciones extremas y aspiraciones personales o sectoriales podamos generar un Código Procesal Penal en el primer semestre del próximo año en la provincia", se esperanzó Colombi.
"El Gobernador nos planteó la posibilidad de colaborar y generar un trabajo conjunto entre los equipos del Ministerio, la Dirección de Política Criminal que encabeza Carlos González Guerra, que estuvieron trabajando con equipos de la provincia en generar un anteproyecto que sigue los lineamientos del Código Procesal Penal Federal", había señalado Garavano. De presentarse el proyecto deberá ingresar a la Cámara Baja y ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por la radical Laura Vischi e integrada por los oficialistas Eugenia Mancini, Miguel Salvarredy, Analía Bestard y la opositora María Giraud. El miércoles pasado, durante la novena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se decidió regresar a dicha comisión, un proyecto que apuntaba a conformar ad-honorem, un grupo mixto de Reforma del Código Procesal Penal (CPP). La autora, María Eugenia
Mancini expresó que su intención "fue poner en agenda nuevamente, la cuestión de lo que hace bastante tiempo se habla, por eso mencioné varios proyectos de mis pares en ese sentido" y agregó que "ante la falta de consenso en anteriores ocasiones, es el Ministerio de Justicia el organismo que debe convocar a una comisión", detalló. Mancini pidió a su vez, que se actúe con responsabilidad y apeló "al consenso de todos porque la normativa se la debemos a los correntinos, en especial a las víctimas de los delitos". Luego de sus argumentaciones se alzaron varias voces desde la oposición, que si bien coincidieron en la necesidad de un nuevo código, recordaron los procesos truncos de años anteriores. Uno de los oradores fue el diputado José Mórtola del Partido Justicialista (PJ), quien ponderó el proyecto que perdió estado parlamentario en 2015 y que había logrado media sanción de la Cámara de Senadores. "Yo trabajé para ese proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, era un trabajo que debía continuar, pero el oficialismo no quiso", expresó.
Consultado por época consideró que "el Ejecutivo pretenderá sacar un proyecto a las apuradas, atado a la coyuntura electoral, sin el consenso dentro de la comunidad, mas allá de la casta judicial", manifestó. "Lo peor que nos puede pasar como legisladores es que, en un contexto de un hecho lamentable o una desgracia, tengamos que actuar apurados". Para ejemplificar recordó las masivas marchas en 2004, tras el asesinato de Axel Blumberg, "que derivaron en cambios al Código Penal, que luego debieron corregirse porque se dieron cuenta que estaban mal", dijo el legislador bellavistense. "No es posible que las principales normativas sean de etapas como las intervenciones federales o los gobiernos de facto", manifestó Mórtola. El CPP correntino data de 1971, durante el gobierno provincial de Adolfo Navajas Artaza, bajo la presidencia de Alejandro Lanusse. "Hay que ser prudentes, escuchar a las víctimas de los delitos, como lo hicimos en su momento desde la Comisión, es un código para todos los rincones de la provincia", enfatizó Mórtola. En tanto el diputado, Raúl Alfonzo del Partido Autonomista (PA), se plegó al pedido de avanzar con una reforma del CPP. "Yo no pertenecí nunca a la comisión de asuntos constitucionales, pero trabajé intensamente en ese proyecto. El cambio de paradigma de pasar del sistema mixto al sistema acusatorio en algunos sectores genera miedo" y a la vez que reclamó, "responsabilidad porque hablamos de legislar para el futuro de todos los correntinos". El subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, puntualizó en la agilidad que podrá lograr la Justicia. "La instrucción oral no demoraría más de 15 días, cuando actualmente hay casos que llevan 2 o 3 años o prescriben, se incorpora la reparación del daño, penas alternativas y un rol clave a la víctima del delito que hoy es un mero testigo, ahora tendrá participación en el proceso", finiquitó.
Juicio por jurado en el caso Farré
Doce ciudadanos comunes se definieron el 6 de junio sobre el caso de Fernando Farré, el empresario acusado de haber asesinado de 66 puñaladas a su esposa, Claudia Schaefer, en un ataque ocurrido en 2015 en el vestidor de su casa del country Martindale de Pilar. El veredicto fue unánime: lo hallaron culpable de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio". Si bien quien definirá la sentencia será el juez Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, ya está establecido, que el delito por el que fue condenado Farré tiene como pena la prisión perpetua. El juicio por jurados en territorio bonaerense es opcional: la elección está en manos del acusado y su defensa. Se puede optar por este sistema en todos los delitos que puedan ser penados con más de 15 años de prisión, excepto delitos de corrupción. Antes del juicio en sí mismo, hay un proceso de selección de los ciudadanos que ejercerán el rol de jurados. En la provincia de Buenos Aires se elabora un pequeño padrón en base a un sorteo. Para el día del juicio son citados 48 ciudadanos (24 mujeres y 24 hombres) de entre 21 y 75 años. En esa primera audiencia, se filtra a las personas que tengan impedimentos para ejercer de jurados. Entre otras cosas, no pueden tener vínculos con la víctima, con el imputado ni con el fiscal. No pueden ser abogados ni ejercer cargos públicos por elección popular. Tampoco pueden estar en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad. El veredicto de culpabilidad exige como mínimo 10 votos, salvo que el delito que se juzga tenga prevista pena de prisión perpetua, en cuyo caso el fallo deberá darse por unanimidad. Así ocurrió en el caso de Farré. Si los jurados no llegan a un acuerdo, se debatirá y se volverá a votar hasta tres veces. Si la situación no cambia, el veredicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho votos afirmativos, en cuyo caso, el jurado se declarará estancado. Si eso sucede, el juez le preguntará al fiscal si quiere continuar con el ejercicio de la acusación. En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el particular damnificado sostenga la acusación. En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado se procederá a su disolución y se dispondrá la realización del juicio con otro jurado, determina la normativa. Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el veredicto será de no culpabilidad.