La sociedad de la barbarie
Quienes ejercemos este oficio tenemos poca capacidad de asombro o sorpresa. Debe ser porque cotidianamente enfrentamos toda clase de hechos, pero nada nos prepara para asimilar la barbarie que exhiben algunos seres humanos a la hora de tratar a los pequeños y a las mujeres. Tal vez pensamos eso porque a algunos nos tocó en suerte ser hijos de padres que hubieran preferido la muerte a hacernos daño; o porque, en el amparo de su amor, pudimos crecer libres y con la autoestima necesaria para reconocer los peligros y ese amor nos enseñó algunas lecciones de solidaridad para con las demás personas, como que no se debe abusar de quien está indefenso. O simplemente es más débil. Pese a que en este trabajo somos testigos de accidentes, crímenes atroces o todos los días, las noticias nos revelan que el salvajismo y la estupidez humana no tienen límites, cuando se trata de imponer ideas políticas o religiosas equivocadas, no podemos entender por qué alguien puede hacer daño a un ser humano indefenso y que además tiene el deber moral de proteger.
Nos alegramos con la noticia, del milagro, que Valentino se recupera y hay quienes se ofrecen a cuidarlo de aquí en más. Lamentablemente Valentino no es el único ni será el último. No sólo fue víctima de sus agresores físicos, también padece la violencia larvada y menos evidente de un sistema estatal que no cumplió con la obligación más esencial de las instituciones públicas: proteger a los más débiles de la sociedad. Valentino ya ingresó una vez al hospital con señales de haber sido agredido. Los médicos que lo recibieron alertaron a las autoridades judiciales y servicios de protección al menor. En el camino, la legislación, el mal criterio judicial e institucional o la equivocada -en este caso- presunción legal que "un bebé siempre estará mejor con quien lo concibió" llevó a la autoridad judicial a tomar la decisión usual de restituir la tutela a quienes aparecen, en el certificado de nacimiento, como los padres. La noticia estuvo en todos los medios, provocó ríos de tinta, miles de minutos radiales y televisivos, muchos gigabytes de información por internet y toda clase de posteos por las redes sociales y es trending topic. La masiva difusión del caso estimuló la reacción del sistema. Como siempre los responsables de las instituciones actuaron tarde y con hipocresía. Legisladores que deben velar para que las instituciones de protección social tengan los presupuestos suficientes para ejercer su misión, aprovecharon el caso para mostrarse "preocupados" y encararon acciones legales contra la juez que determinó el regreso de Valentino con su progenitora. Ya hay varios expedientes en sede de la Fiscalía General del Poder Judicial pidiendo que se inicie un sumario, que podría derivar en el juicio político que termine con la separación de la magistrada; o simplemente no pasará nada. Todo depende de la espalda política que tenga la juez y la enjundia que le pongan sus detractores a la idea de separarla del cargo. También hay legisladores que se apuraron en presentar proyectos para redefinir los protocolos de actuación en caso de la detección de esta clase de aberraciones. En los hechos, las leyes ya prevén estos mecanismos; no hace falta que un diputado, que no va a su trabajo hace dos meses, presente un proyecto sólo para mandar un comunicado a los medios y manifestar su "preocupación" por estos casos. Como periodistas cubrimos los procesos de juicio político que terminan en la absolución o separación de funcionarios, defensores, fiscales y jueces. En esas audiencias se revela un denominador común, las oficinas en las que desarrollan su delicado trabajo padecen un colapso funcional, por la acumulación de expedientes y sobrepasan a la infraestructura que no otorga un ámbito edilicio adecuado. En Paso de los Libres, la Defensoría de Menores y Ausentes funciona en lo que alguna vez fue un garaje para un solo auto. Es decir cinco o seis personas trabajan hacinados en un ambiente de 12 metros cuadrados.
La oficina de la juez Rosa Esquivel, ahora en la picota, ubicada en el primer piso del edificio de tribunales de Pellegrini y Salta es más pequeña que los baños que tienen a su servicio el Vicegobernador y el Presidente de la Cámara de Diputados en sus despachos. El juzgado que dirige tiene menos espacio asignado que la mayoría de los legisladores provinciales, la mayor parte de sus dependencias, si es que le cabe el nombre a oficinas que parecen cubiletes, las tienen repletas de expedientes y cuenta con menos empleados que los equipos de asesores contratados para cada diputado, senador o concejal. El salón de acuerdos, en el que los legisladores se reúnen para negociar la labor parlamentaria, la mayor parte del tiempo para decidir quién de ellos mociona tal o cual proyecto del tipo "declaración de interés legislativo por el día de té de guayaba" tiene la superficie de la oficina de los dos jueces de menores. Eso no es privativo de esos juzgados, en esa situación están casi todas las asesorías, defensorías, fiscalías y juzgados de primera instancia en toda la provincia. Las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo podrían dar una recorrida por el edificio de Salta y Pellegrini para enterarse. De hecho, muchos de ellos son abogados y visitaron ese edificio cuando les toca presentar una excarcelación para algún puntero que cayó preso; por borracho o violento. Cabe aclarar no se intenta disminuir la responsabilidad institucional de la juez, ella se tiene que hacer cargo de sus decisiones y en lo que hace a las condiciones laborales de su oficina tiene tanta culpa como sus superiores o, los políticos que determinan su escaso presupuesto. Pero ese es otro debate. Por el lado de las oficinas del Poder Ejecutivo encargadas de la protección y asistencia a menores, el panorama no es diferente, las oficinas de asistencia tienen poca superficie. La COPNAF no cuenta con un presupuesto suficiente y los profesionales que prestan servicio no dan abasto, ante las situaciones de múltiples emergencias que deben atender. No hay que olvidar que en estas oficinas se asisten desde los casos de abuso, como el de Valentino y el padecido por su madre; también se hacen cargo de las, desgraciadamente, rutinarias peleas y agresiones entre niños y adolescentes en las escuelas primarias y secundarias. Así, el sistema oficial de prevención-contención de estos hechos está condenado a la ineficiencia. Solo la protección de la Virgen de Itatí impide que hayan más tragedias como la de Valentino todos los días. Podemos rasgarnos las vestiduras, lamentarnos, pero si no se cambia el sistema habrá más Valentinos que lamentar. Aunque por suerte, como contracara siempre hay seres humanos solidarios que aceptan cumplir el rol de padres de corazón para paliar los efectos de la sociedad de la barbarie. Por desgracia no alcanza para evitar estas tragedias.