Se conformó la Comisión de Manejo Integral de Cuencas Hídricas

La provincia, que atraviesa una rotunda crisis hídrica en gran parte de su territorio producto del embate climático, se ve aún con mayores complicaciones debido a la falta de planificación territorial y por acciones irregulares sobre terrenos privados. Ante esta injerencia vecinos de 15 complejos habitacionales, vinculados a las rutas provinciales 43, 98 y 99, decidieron conformar la Comisión de Manejo Integral de Cuencas Hídricas (CMICH). Cabe destacar que la sobreabundante cantidad de agua del cauce del Riachuelo provocó desbordes en los que se vieron implicadas localidades de la zona Norte como San Luis del Palmar y Santa Ana, sumado a esto las tareas por parte de la mano del hombre complicaron el escurrimiento normal del agua en los desagües y drenajes naturales, lo que motivó acciones por parte de los afectados que no se hicieron esperar y tomaron cartas en el asunto. En declaraciones a época, Jorge Slucki, un ingeniero que integra dicha comisión, declaró que a fines de mayo, "los vecinos que integran 15 complejos habitacionales del sector correspondiente a las cuencas hídricas, vinculadas a las rutas provinciales 43, 98 y 99 avanzaron con la comisión que persigue abordar de manera integral las complicaciones que generan los comportamientos de los cuerpos de agua naturales. Esta delegación es conducida por una unidad de gestión, cuyo propósito es representar al grupo habitacional suscribiente y así también a las personas que residen en zonas aledañas al área de las cuencas involucradas. Entre las diligencias para la cual fue pronunciada además se menciona el rol de intermediario para encarar soluciones entre las instituciones del Estado y la participación de los vecinos. Slucki declaró: "Estas acciones determinan consensuar con las dos partes (Estado y sociedad civil) las distintas gestiones y tramitaciones que fuesen necesarias, por parte de los organismos públicos con competencia municipal, entre estos se menciona a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El ingeniero precisó que debido a la situación de emergencia hídrica, luego de la declaración del Congreso Nacional que incluyó a 14 municipios de la provincia, "la meta principal a seguir es poder convertirla en Comité de Cuenca Hídrica. Esta denominación está convalidada conforme a las previsiones del Código de Aguas de la Provincia de Corrientes (Decreto Ley 191/01)", indicó. Por parte del referente de la comisión se ratificó que la idea es convertirse en comité, "en las acciones planteadas se trazó como horizonte y deber principal articularse como mediador entre los vecinos y el Estado para que las regulaciones y ordenanzas, sobre el control hídrico, se concreten a través de trabajos y tareas que puedan revertir de manera integral la problemática de las inundaciones", apuntó. Desde la comisión manifestaron que no se conformó dicho núcleo de gestión con fines políticos, "somos ciudadanos afectados, y con la agrupación vecinal buscamos informar sobre los procedimientos y las tareas que se efectúan siguiendo normativas y regulaciones que están legisladas pero que no se aplican". Slucki precisó que convocaron a todos profesionales en la materia: "Son 90 los días que tenemos como plazo para conformar el comité propiamente dicho, estamos en la etapa de obtener la personería jurídica", manifestó. Por el momento dicha comisión está regulada por normativas que se preestablecieron desde el Código de Aguas provincial, y a nivel general con reglamentaciones del ICAA, "es el que nos reglamenta y está dentro de las normativas vigentes de este organismo", reiteró.

"Queremos integrar a los vecinos para realizar un verdadero ordenamiento territorial y abogar para la protección del medio ambiente", agregó. El Estado debe ser partícipe junto a la sociedad civil y otras organizaciones para el desarrollo de obras concretas destinadas a evitar los anegamientos.
El Comité de Manejo Integral de Cuenca Hídrica por un lado propone instar al Estado asumir su función como protector de los deberes y derechos, y a incentivar a los vecinos para que respeten las normas. Este emprendimiento se encamina a fin de evitar cualquier tipo de obras irregulares, como así también controlar las formas en que se desechan los residuos urbanos, que muchas veces generan obstrucciones en los drenajes.
"Todos los instrumentos, tanto normativos como los ejecutivos dependen del compromiso de las personas, debemos encontrar los mecanismos y modos de ejecutar de manera adecuada", dijo. Estas funciones están orientadas a impedir una distorsión en el escurrimiento del agua. "Es importante que el Estado y los organismos fiscalicen y los vecinos atiendan a la problemática, hoy nada de eso está funcionando", aclaró. "El ICAA tiene ordenanzas y normas, falta que se implementen y desde este comité queremos bregar por ese objetivo", ponderó Slucki. Es de remarcar que actualmente no hay canales de escurrimientos para el excedente del Riachuelo, y el dragado es una obra importante. "Por ahora se están haciendo medidas paliativas, dijo el ingeniero, y remarcó que las canalizaciones y desobstrucciones no son las adecuadas.
Tareas para aliviar el drenaje Por otra parte, ante la consulta de época al titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), Mario Rujana, sobre las tareas para alivianar las inundaciones en Santa Ana, indicó que las acciones encaradas por pedido de Vialidad Nacional "se prevé ensanchar el canal Nº4, al costado del aeropuerto Piragine Niveyro, donde se escurre el excedente de agua de esa área". En tanto, mencionó que en las futuras obras sobre la autovía de la Ruta 12 se tiene previsto por pedido de la misma institución nacional el entubamiento del mencionado canal y a su vez se solicitó una conexión con el conducto de drenaje Nº5 para aliviar el escurrimiento.

Complicado sistema hídrico Es de remarcar que el intrincado sistema hídrico del departamento, con más de 30 lagunas interconectadas, se vio impactado por los volúmenes de agua caída durante los meses de abril y mayo. Y si bien algunas de ellas pudieron ir drenando por estar conectadas naturalmente con el río Paraná o con un estero cercano, otras no tuvieron ninguna salida y el descenso sólo se produjo mediante bombeo artificial y canalizaciones. Las lluvias continuas sumaron aún más milimetraje a la región y aunque las principales damnificadas en un principio fueron las localidades del Sur correntino (entre ellas Esquina y Sauce), las lagunas de Santa Ana crecieron pronunciadamente. Uno de los barrios afectados con prominencia fue el Leconte con más de 140 hectáreas. Quedaron muchas extensiones bajo agua. Allí se concentraron los trabajos de bombeo, aunque demandaron muchos días, lo que permitió que ese espejo de agua que lo circunda descendiera lo suficiente para aliviar a los pobladores. Cabe destacar que la última creciente de esa laguna fue en 1998, con el último suceso de "El Niño". Luego los lotes se vendieron con la laguna muy por debajo de este nivel. Los nuevos habitantes que invirtieron para vivir en Santa Ana fueron los que se encontraron con esa dificultad. El panorama en esa localidad se presentó como desolador, desde mansiones hasta humildes viviendas precarias, todas bajo agua por igual. Los técnicos del ICAA presentaron las alternativas más convenientes para una obra que perdure y prevenga futuras inundaciones. Luego se plantearon lo más difícil, cómo se financiaría, ya que la localidad no fue incluida dentro de las que ingresaron en la Emergencia Hídrica y para las cuales habría fondos nacionales para solventar obras definitivas. El drama tuvo varias caras, entre quienes se asentaron a la vera de una antigua laguna porque no tenían otro lugar donde levantar cuatro paredes de chapa y cartón. Y por otro lado también estuvieron aquellos que invirtieron todos sus ahorros para edificar lo mejor posible sus hogares.
Respuestas a pedidos judiciales
Luego de confirmarse obras no autorizadas, en terrenos privados de Capital, Saladas y Esquina, que complicaron el escurrimiento del excedente pluvial, desde el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente se efectuaron presentaciones ante los juzgados de estas jurisdicciones. En declaraciones a época el titular del ICAA, Mario Rujana, comentó que la Justicia dio lugar solo a dos pedidos, "en uno se apeló con recursos y en los otros dos se hizo efectivo".

"En Saladas no se contestó todavía y se pidió el traslado de la denuncia autosatisfactoria, en este sentido se va a recurrir para que se resuelva", precisó. Al principio los pedidos fueron ante la negativa, por parte de un arrendatario, a permitir el ingreso de profesionales técnicos y maquinarias para que se realizaran trabajos de limpieza del borde de una laguna en la localidad de San Cosme. Luego la construcción de un terraplén no autorizado en Esquina, por parte de particulares, y el cerramiento del cauce natural de una laguna que imposibilita el escurrimiento en Colonia Pando motivaron las solicitudes judiciales.