Cupo laboral de discapacitados, una deuda pendiente a sanear
La Ley 22.431 indica que los tres poderes del Estado tienen la obligación de ocupar personas con discapacidad -que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo- en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de sus empleados. El porcentaje es obligatorio para todo el personal de planta permanente y para contratados. También obliga a obrar en consecuencia a las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. En virtud de esa normativa y del reciente lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019, época consultó al ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Ignacio Osella, y a la titular del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), Roxana Tannuri, sobre la coyuntura local en esa intrincada temática. "No es un tema fácil. Creo que es la gran asignatura pendiente del Estado y no hablo sólo por la Provincia, sino también por los municipios y Nación. Aún así nosotros por medio de la Subsecretaria de Trabajo tenemos un área específica al respecto y creo que se deben impulsar cambios progresivos a través de las capacitaciones", reflejó el Ministro. "Entiendo que no es una tarea tan sencilla la de lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad. Además hay cierto temor de perder las pensiones si son contratados por el Estado o alguna empresa privada. Este tema hay que abordarlo multidisciplinariamente para avanzar de modo positivo", agregó. En Corrientes hay 15 mil discapacitados que cuentan con su respectivo certificado. No obstante, se estima que entre un 13 y un 15 por ciento de la población del país tiene algún tipo de discapacidad.
"La ley del 4% claramente no se cumple. El gran desafío es promover un cambio. Nosotros tenemos un proyecto a ejecutar junto a Desarrollo Social y la Gerencia de Empleo de Nación", especificó Tannuri. Consultada sobre los factores que impiden el gradual acceso de ese sector de la sociedad al campo laboral, la referente del COPRODIS manifestó que "son diversos. Hay tabúes sociales y cierto desinterés por parte de los posibles empleadores. También hay muchos discapacitados que no quieren sumarse porque si los contratan temen perder su pensión y otros que no cuentan con las capacidades necesarias". En tanto, en lo inmediato la propuesta del COPRODIS es avanzar con capacitaciones con aquellas personas que deseen insertarse al campo laboral. "Estamos accionando con un grupo que será instruido por la Gerencia de Empleo de Nación (son capacitaciones rentadas), para luego ingresar a oficinas de diversos ministerios u hospitales para hacer labores administrativas, cadetería o atención al público. Es un primer paso que puede generar nuevas oportunidades", remarcó.
Existe un Régimen Federal de Empleo Protegido
En enero de 2013 se sancionó la Ley 26.816 que creó el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Entre los objetivos de esa iniciativa figura "promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso de un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado" (dice en su artículo 1). Esa legislación otorga beneficios tributarios o estímulos económicos a las empresas que adhieran a los talleres protegidos de producción. Vale citar que en Argentina, los datos oficiales respecto a la discapacidad corresponden al último censo a nivel nacional realizado en 2010. En el país viven más de 5 millones de personas con dificultad o limitación permanente, lo cual es equivalente al 12,9% del total de la población. En la distinción por géneros, las mujeres representan un porcentaje levemente mayor (14% contra 11,7%).