Ejes del procedimiento penal
La parte dogmática de la Constitución Nacional impone que el Código Procesal Penal debe prever los derechos y garantías que fueron plasmados en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), particularmente en la convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Que tienen por objetivo fundamental instalar la vigencia del debido proceso penal, acorde a los lineamientos del Estado de Derecho. El reconocimiento constitucional de los derechos de los habitantes y de las garantías judiciales tendientes a efectivizarlos, mediante el proceso penal no significarían otra cosa que el acomodamiento a las exigencias del Estado de Derecho Moderno.
Es por ello que se establece el sistema acusatorio, como estructura operativa del proceso penal, dejando en órbita exclusiva del Ministerio público la investigación de los delitos y preservando para los jueces la función de controlar y juzgar,
La plena vigencia de las audiencias, orales y públicas como método de conocimiento en la administración de la justicia para el caso concreto, acordando la comunicación plena y eficiente del pretendiente, con el que debe aplicar la Ley.
Garantías constitucionales
Son reconocidas plenamente y garantizados en forma efectiva y constituyen los ejes centrales de la reforma.
Juez natural. Imparcialidad. Separación de la función de investigar y de juzgar.
Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Se prevé la instauración del Juicio por Jurados, mediante futura legislación especial.
[quote]Se establece el sistema acusatorio dejando en órbita exclusiva del Ministerio público la investigación de los delitos y preservando para los jueces la función de controlar y juzgar.[/quote]
Principio de inocencia. Non bis in ídem. Inviolabilidad de la defensa.
Están establecidos en el proyecto. Y consagrando de modo explícito las garantías contenidas en los Pactos Internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
a) Nadie podrá ser encausado ni juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la constitución de la provincia y competentes según sus leyes reglamentarias, ni por comisiones especiales.
Durante todo el proceso se observarán los principios de contradicción, inmediación, simplificación y celeridad, respetándose además la oralidad, publicidad y concentración.
b) Los jueces, conjueces y jurados actuarán con imparcialidad en sus decisiones en todas las etapas del proceso, garantizándose su independencia de toda injerencia externa o de cualquiera de los poderes del estado.
c) Nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso sustanciado conforme a las disposiciones de este Código; respetando los derechos y garantías establecidos en las constituciones de la nación y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.
Ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; debiendo tratárselo con calidad de inocente hasta que quede firme la sentencia condenatoria.
Ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho;
d) No se podrán reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias a favor del condenado conforme las reglas establecidas por este código;
e) es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento;
f) los jueces y fiscales no presentarán a un imputado como culpable, ni se brindará información sobre el imputado a los medios de comunicación social, pudiendo publicarse los datos necesarios para su identificación o captura;
g) el derecho a la defensa y el ejercicio de sus derechos por parte del imputado será inviolable. La garantía de la defensa es irrenunciable;
h) nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, quedando prohibida cualquier medida tendiente a la autoincriminación. La admisión de hechos o confesión debe ser efectuada en plena libertad y bajo el expreso consentimiento del acusado;
i) en caso de duda los jueces deberán decidir siempre lo que sea más favorable al imputado en cualquier instancia del proceso. La inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio.
1.- Presunción de inocencia: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (art. 8.2 1ra. Parte, CADH).
2.- Defensa en juicio: inviolabilidad de la defensa. Derecho a la defensa técnica, particular a cargo del Estado. (art. 8.2.d., e. y f). Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley (art. 8.1 CADH). Información previa y detallada de la acusación (art. 8.2.a y b.).
3.- Libertad de declarar: Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (art. 8.2.g). La confesión solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza (art. 8.3).
4.- Garantía de la doble instancia: Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior (art. 8.2.h).
5.- Cosa juzgada: El acusado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos (art. 8.4).
6.- Publicidad: el juicio debe ser oral y público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la Justicia (art. 8.5).
7.- Prueba: se reglan las exclusiones probatorias. Ello se deriva de la presunción de inocencia, estado que se mantiene mientras no se establezca "legalmente" la culpabilidad del imputado (art. 8.2).
1.- Derecho a la integridad personal: respecto a la integridad física. Psíquica y moral.
2.- Inviolabilidad del domicilio: Sin incurrir en excesivas reglamentaciones, se establecen reglas básicas para el allanamiento.
3.- Derecho a la privacidad: inviolabilidad de papeles y registros de datos privados, de la correspondencia epistolar y de las comunicaciones por cualquier medio.
II Ministerio Público:
El Ministerio Público tendrá a su cargo la investigación penal preparatoria en los delitos de Acción pública.
Criterios de oportunidad
Se establecen los criterios de oportunidad en el proyecto, dando plena flexibilidad en la forma de aplicación, lo que permite adaptarlos a cada caso concreto, para la mejor satisfacción del interés de las partes dando cuenta de la elección del sistema de "Criterios de oportunidad reglada".
Plazo razonable
Esta, como garantía constitucional, expresamente se encuentra regulada estableciéndose términos fatales para la duración del proceso. Toda persona sometida a proceso tendrá derecho a ser juzgada en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas, a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable.
Procesos especiales
Respecto de los procesos especiales se regula expresamente el juicio común, el juicio abreviado, juicio en flagrancia, juicio directísimo, la suspensión del juicio a prueba, juicio correccional, procesos de menores y los juicios por delitos de acción privada.
La víctima
Derechos de la víctima. la victima tiene derecho a la tutela judicial, a la protección integral de su persona y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal con autonomía, dentro de lo establecido por este código; y a solicitar al Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto y reparado su perjuicio.
La víctima tendrá los siguientes derechos, que le serán informados cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el proceso:
1) recibir un trato digno, respetuoso y que se hagan mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
2) que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación;
3) a requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes, quienes deberán asistirla en forma integral y especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social;
4) a intervenir en el procedimiento penal y en el juicio, conforme a lo establecido por este Código;
5) a aportar información durante la investigación
6) ser informada sobre el estado del proceso, aun cuando no haya intervenido en él;
7) ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente
8) ser notificada de las resoluciones que pueda impugnar o requerir su revisión.
9) requerir la revisión de la desestimación o archivo, aun cuando no haya intervenido en el procedimiento como querellante.
Recursos
Prevé un sistema de control jurisdiccional a los actos del ministerio público de tal manera que queden garantizados los derechos de los ciudadanos cuando es objeto de persecución penal. Además el único ordenamiento jurídico procesal del país que en cumplimiento de las normas de garantías constitucionales sobre los Derechos Humanos establece en cumplimiento en sede provincial de la garantía de la doble instancia o derecho al recurso solamente al condenado mediante el recurso de casación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia.