Hay 2.000 causas de corrupción en el país

Así lo resolvió el plenario del Consejo en el que hubo distintas posturas: los jueces y abogados se inclinaron por lo aprobado; los legisladores radicales y los representantes del macrismo que se conozca todo; y los kirchneristas participaron del debate pero no votaron.

La discusión fue en torno a la auditoria que el Consejo aprobó en junio pasado –a pedido de colegios de abogados– sobre todos los tribunales federales del país para conocer el estado de las causas de corrupción de 1996 a la actualidad en la que estuviesen involucrados funcionarios públicos.

El trabajo concluyó a fines de noviembre con el reporte de una planilla de cada tribunal. El primer conteo de esa información marca que hay entre 1.900 y 2.000 causas de corrupción en trámite –la mitad en los tribunales de Comodoro Py, donde están los jueces que investigan a los funcionarios del gobierno nacional– y entre 4.500 y 5.500 ya terminadas, según el informe preliminar que presentó el presidente saliente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas.

Piedecasas explicó que la cantidad final seguramente será menor porque muchos expedientes se podrían repetir entre causas en sí, incidentes o recursos de apelación. Inclusive podrían llegar a ser la mitad.

El abogado propuso la semana pasada publicar en un sitio web cada una de esas planillas para que haya un acceso abierto y público para quien quiera conocer la auditoria. Pero varios consejeros se opusieron porque antes de tomar una decisión querían conocer la auditoria.

El tema se volvió a tratar hoy. El primero en hablar fue el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade. "Es un trabajo que no está completo. Falta la información de tribunales. Eso tiene que ser una valla para la publicidad, que tiene que ser sobre un trabajo concluido", sostuvo el legislador, que también criticó el formato en el que los jueces enviaron la información. "Nos están tomando el pelo", dijo y citó como ejemplo que en un caso mandaron afiches tipo sábana de tres metros pegados entre sí, y en otros con hojas incompletas en su impresión.

"Si nos toman el pelo, que la sociedad lo sepa", le contestó Juan Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.

Todos los consejeros coincidieron que a la auditoría todavía le falta completar información de tribunales que no la enviaron, y que el formato de cómo se entregaron los datos no es homogéneo.

El mayor reparo vino de parte de los jueces y en dar a conocer la carátula de la causa, donde figura el nombre de una de las personas investigadas en el expediente y el delito por el que tramita. Señalaron que la ley restringe el acceso a las causas penales, entre ellos el artículo 204 del Código Procesal que establece que "el sumario será siempre secreto para los extraños".

"Hay sujetos que son del ámbito privado que encabezan la carátula y que ya fueron desvinculados", dijo el juez Leónidas Moldes, quien también propuso que la persona que quiere acceder a la auditoría alegue un motivo. "La inclusión de nombres debe ser prudente", sostuvo el magistrado Luis María Cabral y aclaró que a su entender los funcionarios no están alcanzados por las restricciones de la publicidad.

Esa postura fue apoyada por la jueza Gabriela Vázquez, la abogada Adriana Donato y el representante del sector académico, Daniel Candis.

Sin embargo, la carátula es el único dato que recogió la auditoría sobre las personas involucradas en las causas porque no se pidió información sobre los imputados, procesados, sobreseídos o condenados, sino solo la cantidad.