El STJ sancionó a Juez de Paz de Itá Ibaté
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó los planteos de nulidad presentados por la funcionaria Sofía Alonso y Luis Eduardo Enrique, titular del Juzgado de Paz de Itá Ibaté, sumariados por la Inspectoría General y de Control Interno del Poder Judicial. En ese contexto se aplicó a Alonso una suspensión de 30 días en el ejercicio de su cargo, y se le impuso a Enrique una multa equivalente al 30% de la retribución que efectivamente percibe en forma mensual; remitiendo fotocopias certificadas de las actuaciones, expedientes y documentales al Consejo de la Magistratura. Las irregularidades detectadas surgieron tras una inspección efectuada el 15 de abril de 2015, oportunidad en que se constató registración de expedientes en el Libro de Mesa de Entradas, sin indicación del día en que fueron realizados, enmiendas y testados no salvados; tampoco se registraron audiencias; existencia de escritos sueltos, falta de foliatura en las causas a las que pertenecen, y no se practicaba el archivo de los expedientes, pese a que ello fue recomendado en anterior inspección. De hecho, ya esas observaciones habían sido señaladas en inspecciones anteriores, sin que se advirtiera cambios, lo que implicaba un reiterado incumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Los ministros consideraron que lo alegado en la defensa de Alonso no bastaba para desvirtuar la responsabilidad que se le atribuía, ya que las pruebas producidas "acreditan objetivamente la existencia de irregularidades graves, repetidas y manifiestas que no constituían meros "errores involuntarios" sino que implicaban el incumplimiento reiterado de obligaciones impuestas reglamentariamente. En cuanto a Enrique, compartieron el criterio sentado por la Instrucción Sumarial, quedando firme su responsabilidad administrativa. Y también entendieron que los argumentos de la defensa no eran suficientes para modificar la responsabilidad que se le atribuía. "La falta de la debida vigilancia sobre los actos que realizan sus dependientes, así como el hecho de haber incurrido él mismo en irregularidades, determinan en el caso concreto la responsabilidad administrativa del Magistrado". Tampoco se hallaron elementos demostrativos de que el Juez hubiera impartido pautas específicas de trabajo o directivas concretas de gestión, destinadas a regularizar a la brevedad las deficiencias que fueran observadas por la Inspectoría General de Justicia y Control Interno, y a organizar la oficina judicial.
San Miguel: fijan plazo por conflicto de poderes
Tras la audiencia de mediación, efectuada esta semana en el marco del conflicto de poderes planteado entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, comenzó el trabajo de verificación de documentación, el cual se extenderá por 15 días. El miércoles pasado se concretó el encuentro entre la intendente Alicia Beatriz González y los concejales de la localidad. En la misma se acordó que el trabajo de verificación dispuesto se llevaría a cabo en el transcurso de quince días hábiles, prorrogable por cinco días más, los días lunes a viernes en el horario de 8 a 12. Podrán ingresar y tener acceso a la documental los concejales, el Presidente del Concejo, el Secretario del Concejo, los apoderados de las partes, los asesores técnicos y el auditor externo municipal, contador Norberto Bravo. Los apoderados de las partes comunicarán al Superior Tribunal de Justicia, la Intendencia municipal y al Concejo Deliberante los Asesores técnicos la verificación de los documentos, confeccionándose una planilla diaria que se agregará a las actuaciones. Participaron de la audiencia el secretario del Centro Judicial de Mediación, Miguel Benítez, además de la secretaria jurisdiccional Nº3, Adriana María Camino de Falcione; la intendente del Municipio, Alicia Beatriz González, y los concejales Oscar Daniel Ortíz, Edgardo Marcelo Tosolini, José Roberto Arnaldi y su apoderado Marcelo Leonardo Fernández, por la parte demandada, además de autoridades del Concejo Deliberante. La Jefa comunal solicitó declarar la nulidad por ser inconstitucional las ordenanzas Nº151/16 y Nº152/16 que insistían al margen de lo previsto en la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades en la aprobación de ordenanzas vetadas por el Departamento Ejecutivo.
Pago de los Deseos irá a un plebiscito
El conflicto institucional que afecta a la localidad ubicada dentro del departamento de Saladas ya está planteado en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pero igualmente sigue el camino legislativo tras el juicio político que determinó la destitución del jefe comunal, Eduardo González, cuya gestión será sometida a una consulta popular el próximo 20 de noviembre. Los ediles de la oposición, Cintia Magaldi y Ramón Portillo, lo acusaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no presentar los estados contables y balances de los años 2014, 2015 o alguna información de lo ejecutado en lo que va del presente ejercicio. El paso siguiente es lo fijado en el artículo 115 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que se debe realizar una consulta popular en la cual la gente decide si avala o no la sanción aplicada al Intendente. En la última sesión del cuerpo deliberativo se resolvió fijar la fecha de esa elección el domingo 20 de noviembre. El Viceintendente de la localidad y Presidente nato del Concejo se ausentó por lo que al momento de la votación, con la presidencia a cargo de Portillo, debió desempatar y lo hizo a favor de realizar la consulta popular vinculante. La medida ya fue notificada ante los estrados judiciales. En un proceso bastante expeditivo, el Jefe comunal había sido suspendido el pasado 29 de septiembre, luego el 19 de octubre la Corte Provincial ordenó reponerlo en el cargo en esta "etapa primigenia" mientras continuaba el proceso. Finalmente el cuerpo deliberativo destituyó a González el 27 de octubre y avanza ahora con el plebiscito. En paralelo, el conflicto está en el ámbito judicial provincial a la espera de una resolución.