Evasión tributaria resta a Capital cerca de $160 millones anuales
Con un menor daño sobre las finanzas públicas de la ciudad, sigue en orden de importancia el volumen de evasión en el tributo inmobiliario. Las pérdidas en este segmento rondan los $3 millones al término de cada mes, mediante maniobras cuya efectividad decreció en los últimos años. En este sentido, Ascúa reseñó que "al inicio de la actual gestión Municipal detectamos casi 380 edificios sin certificado de final de obra", que es "requisito indispensable para obtener el código de identificación en Catastro provincial, conocido como adrema, en relación de uno por cada departamento", agregó. Por esto "detectamos casos en los que un edificio pagaba un solo impuesto inmobiliario o Contribución por Servicios a la Propiedad (CSP), que incluye desde recolección de residuos hasta fumigaciones", cuando "en realidad había en su interior muchos departamentos sin tributar". Ante ello "implementamos un sistema en la Comuna, por el cual asignamos un código a cada unidad habitacional, y nos permitió comenzar a efectivizar el cobro". Actualmente "quedan todavía unos 65 edificios en esa situación irregular", comentó.
Sin embargo, otro emergente del mismo tenor puso a trabajar a los técnicos capitalinos, con la incorporación de nuevas tecnologías.
En los últimos tiempos, el empleo de "drones" aéreos facilitó a las áreas vinculadas a la temática dentro del Municipio actualizar su base de datos sobre "superficie construida" dentro de los límites de cada domicilio particular.
"Mediante la fotografía aérea, recogimos información sobre los metros de construcción agregados al terreno pero que no fueron declarados", explicó el titular de ACOR, quien añadió que "encontramos 16.806 casos que cargamos al sistema de oficio, porque sus propietarios tampoco adhirieron al blanqueo que vence el próximo miércoles 30 de este mes", sostuvo. En total, el esquema catastral municipal tiene en planilla unas 125 mil adremas, de las cuales "pagan sólo "90 mil" indicó Ascúa. En lo que va de este año la pérdida generada por estas conductas "representaron el 40% de $98 millones". Traducido, el delito de evasión afecta al 50% de los ingresos estimados por tributo automotor, y al 40% de la recaudación por el inmobiliario. Son $13 millones que "si pudiésemos cobrarlos redundarían en una mayor autonomía financiera para el Municipio", analizó. Para ello, "necesitamos coordinar políticas con Nación y Provincia", explicó, ya que "estas conductas persisten por vicios administrativos del Registro de Propiedad Automotor y la falta de leyes concretas que pongan límites", expresó. En el registro "hay gestores que facilitan la radicación de vehículos en localidades distintas al domicilio de sus propietarios", acusó el funcionario, en tanto que "de Provincia necesitamos normas, porque se trata de un impuesto delegado por Ley a las comunas en materia de cobro", precisó. En efecto, bregó por un sistema cooperativo de información "interjurisdiccional", para detectar, sancionar y "desalentar" maniobras fraudulentas como las aludidas; para "evitar un eventual y bochornoso escenario de tener en una jurisdicción más vehículos registrados que vecinos domiciliados", ejemplificó. Por último, y con una "cobrabilidad" del 90%, se ubicó tercera en el podio la tributación del sector comercial, hecho en el que "gravitó mucho el trabajo conjunto con APICC, a través de sus afiliados", comentó. Gracias a ello "aplicamos un régimen de percepciones para pequeños comerciantes no registrados, quienes ahora pagan el tributo cuando realizan la compra a sus distribuidores mayoristas", concluyó.
El Presupuesto 2017 propone soluciones parciales
Las herramientas administrativas incluidas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) en el Presupuesto 2017 para hacer frente a los perjuicios financieros generados por la evasión tributaria, solo atacan un aspecto de la misma. En sus últimas alusiones a la problemática, el director de ACOR Eduardo Ascúa y el secretario de Economía, Martín Morilla, dejaron entrever que el cobro inmobiliario parece encaminado con el "blanqueo de oficio" de 16.806 edificaciones no declaradas, y más de 60 por registrar, gracias al uso de nuevas tecnologías que permitieron su detección. Con esa garantía, ese recupero y su actualización forman parte del Presupuesto 2017. Algo distinto a lo que ocurre en el rubro automotor, donde la mejora del cobro depende de la coordinación de políticas con Nación y Provincia. Con intentos de poca trascendencia como la tasa vial y la adhesión a normas nacionales, "alinear los planetas" parece ser la única alternativa.