Por ahora, la reforma del Código Procesal Penal deberá esperar
El Gobierno nacional presentó esta semana en la Cámara de Senadores un proyecto de modificación del Código Procesal Penal. En Corrientes la iniciativa que propugna la reforma parcial del código provincial permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y por el momento no se halla entre las prioridades políticas, además de no contar con los números suficientes para su tratamiento.

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes y autor de los cambios, Pedro Cassani, dijo que quieren avanzar en el proyecto y contemplar las posibilidades presupuestarias del Poder Judicial. Entre los aspectos destacados está el Procedimiento Penal Mixto con la incorporación del instituto de Instrucción reducida, proceso de flagrancia y juicio abreviado, reforma en la constitución de los tribunales colegiados.
"Se busca acortar los plazos siempre manteniendo la garantía del derecho a defensa de los sospechosos, sabemos que no todas las cuestiones se resuelven en lo inmediato pero debemos dar este paso porque estamos hablando de una herramienta valiosa para la ciudadanía", argumentó el legislador en diálogo con época. Corrientes posee el CPP más antiguo del país y sin modificaciones. Le sigue Tierra del Fuego cuyo código es mucho más moderno de 1994. Por su parte Córdoba, cuyo código es de 1991, este año avanzó en varios cambios, estableció directrices que rigen la aplicación de la peligrosidad procesal, el instituto de la Prisión Preventiva, indicios vinculados a violencia de género, entre otras cuestiones actuales. Cassani ligó el avance del proyecto local al que impulsa el Gobierno nacional de modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación que fue presentado en un contexto de fuertes reclamos por casos de inseguridad de impacto público.

"Queremos ser prudentes y aguardar lo que suceda con lo que impulsa el Gobierno nacional, mientras estamos dispuestos a que el texto sea enriquecido", destacó, y agregó que "antes de que ingresara a la cámara acercamos un borrador al presidente del Superior Tribunal de Justicia", recordó Cassani en referencia al encuentro mantenido con Guillermo Semhan. El ministro del máximo tribunal y docente en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Alejandro Chaín, fue consultado por época respecto al CPP correntino y recordó que "es de la década del 70, sancionado en un gobierno de facto, de qué calidad institucional hablamos cuando yo estoy haciendo digresiones de libertad de ciudadanos en plena democracia con una ley de facto, eso no es coherente, no se puede tener una justicia plena", afirmó. Corrientes fue la primera provincia del Nordeste que adoptó el sistema procesal mixto en 1971 y también fue precursora en la incorporación del querellante conjunto en 1976, pero en las décadas posteriores las situaciones institucionales y las posturas políticas impidieron cambios.
El magistrado fue tajante al afirmar que "si no se avanzan en las reformas es por culpa de los políticos, porque deben darse en el marco de la Legislatura". El STJ cuenta desde 2004 con un proyecto redactado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales al que se incorporaron aspectos técnicos. Hubo varios intentos desde 2005 y recién en 2010 logró ingresar un proyecto que perdió estado parlamentario en 2013. Este año el titular de la Cámara baja decidió retomar el tema que es solicitado por jueces, catedráticos y funcionarios del Poder Judicial cuyo objetivo principal es simplificar y dar eficiencia a la administración de la justicia penal y pasar de un sistema inquisitivo a uno acusador. "Las reformas deben ser encaradas con fuerza por el poder político, para eso están. Nosotros podemos colaborar, asesorar, después darle vida al código pero ellos tienen la representación y legitimación", señaló Chaín. "Si existen desbordes, la única manera de encauzar y canalizar es a través de un marco normativo adecuado eficiente y ajustado a los requerimientos de la época. Si no discutimos estas cuestiones, habrá soluciones coyunturales pero sin ir a las cuestiones de fondo", analizó el integrante de la Corte provincial.