Caso Cardozo: pedirán perpetua para policías
El juicio por la muerte de un embarcadizo en 2012, quien pereció quemado dentro de una comisaría de San Lorenzo, estaría a punto de iniciar según revelaron fuentes cercanas. La víctima era Ramón Cardozo y en el caso se encuentran imputados funcionarios policiales de la citada localidad del interior. De los cinco acusados, tres están detenidos y los dos restantes gozan de la libertad por ahora. El abogado representante dela familia de Cardozo, Rubén Leiva, habló con época y sostuvo que están dadas las condiciones para pedir cadena perpetua para los imputados: Gregoria Carolina Libramento, Aníbal Ramón Romero, Francisco Arrúa, Anselmo Javier Pruyas y Alejandro Andrés Correa. Los dos últimos citados son los que fueron beneficiados con la excarcelación. Al respecto sostuvo que espera que el inicio del debate se produzca para los primeros días de noviembre. Lo que se investiga es si Cardozo, mientras se encontraba detenido, sufrió apremios ilegales, crimen por lo que se apunta a Libramento, Romero y Arrúa. La evidencia apunta a que el trío habría cometido homicidio agravado por haber sido efectuado para procurar la impunidad para sí mismos y por la condición de ser integrantes de las fuerzas de seguridad abusando de su condición o cargo. En tanto Pruyas y Correa son juzgados por falsificación material de documentos públicos en concurso ideal con falsedad ideológica, lo cual explica que hayan sido beneficiados con la excarcelación.
El caso Raúl Eduardo Cardozo, de 31 años, había sido detenido tras protagonizar incidentes dentro de un espectáculo de doma y chamamé que se realizaba el 29 de abril de 2012 en la localidad de San Lorenzo. La Policía local, informada de que en el desorden estuvo apuntado Cardozo, lo llevó hasta la dependencia. Según lo señalado, el embarcadizo se encontraba alcoholizado al momento de su detención.
Una vez adentro de la celda, según indicaron los funcionarios policiales acusados, el sujeto supuestamente tuvo un ataque de ira. Casualmente en su poder tenía un encendedor que el personal de la comisaría olvidó secuestrar, por lo que aprovechó este elemento para quemar un colchón. Lo cierto es que el embarcadizo sufrió graves quemaduras que alcanzaron el 90 por ciento de su humanidad. Ante las terribles lesiones, el personal médico de San Lorenzo tuvo que derivarlo a la capital debido a que carecía de los equipos necesarios para atender las heridas. Una vez en la ciudad de Corrientes fue internado de urgencia en el Hospital Escuela. Su hospitalización duró apenas un día y medio: el 1 de mayo falleció sin remedio. Los familiares desde un primer momento no creyeron la versión oficial de que Cardozo provocó el incendio de manera intencional. Sin embargo, la dudosa muerte había sido caratulada como homicidio culposo o accidental. En este punto vale aclarar que la pena por este delito es menor y hasta incluso puede ser excarcelable. La carátula original fue cambiada casi un año después de lo ocurrido y pasó a ser homicidio doblemente calificado (por ser personal de la fuerza de seguridad) y criminis causa (cometer un delito para ocultar otro, que en este caso serían los apremios ilegales). Como era de esperar la fundamental modificación fue celebrada por la familia de Cardozo, que ya en esa época había realizado múltiples marchas para que el caso sea esclarecido. Blanca Montiel, viuda de Cardozo, había dicho que "desde un principio sabíamos qué le hicieron a Raúl. No había dudas de esto, por la forma en que salió de la comisaría. Lo torturaron y le rociaron con combustible. Esto está confirmado, no hay dudas de que fue prendido fuego, de un principio se supo eso". La familia de Cardozo en un primer momento fue representada por el fallecido abogado Ernesto "Tito" González. Para el renombrado letrado las "muestras extraídas de la campera, el pantalón y los zapatos de Cardozo señalan que a él lo quemaron vivo. Hoy se sabe que lo mataron y que hubo una cadena de encubrimiento". Una prueba fundamental que habría servido para tirar abajo la versión oficial fue que en las ropas secuestradas había vestigios de combustible, por lo que el incendio no se pudo deber a la incineración de un colchón. El decreto de elevación a juicio fue suscripto el 8 de abril de este año, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal confirmara la resolución que denegaba un planteo de nulidad contra el requerimiento presentado por la defensa de la imputada funcionaria policial, Gregoria Carolina Libramento. Este fue uno de varios intentos de los acusados por intentar declarar nulo el proceso jurídico que se espera que inicie este año.