Justicia por mano propia: una premisa de múltiples matices
Los ciudadanos decidieron llevar al delincuente, quien a simple vista evidenciaba que se trataba de un adolescente, a la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería que está ubicado por Córdoba e Yrigoyen, cerca de donde se produjo el arresto ciudadano. Ya en el cuartel, un patrullero policial perteneciente a la comisaría Cuarta fue hasta allí para arrestar al ladrón. Se trataba de un muchacho de 17 años, quien en su poder tenía el celular que momentos antes había robado. Al ser menor, como es de esperar, no quedó mucho tiempo en la comisaría puesto que es considerado por Ley como inimputable, lo cual hace unos años reavivó el debate por la baja en la edad en la que se considera que un ciudadano puede ser castigado. La discusión se ha modificado y en la actualidad hay sectores que descreen que las estructuras estatales puedan contener a la delincuencia, lo cual lleva a la idea de que es la propia ciudadanía la que tiene que defenderse por sí sola, con la imposición de la violencia para detener a los violentos. Una materialización de esta premisa se vio el pasado 17 de septiembre, cuando sobre avenida Paysandú una camioneta Toyota Hilux persiguió y atropelló a un motociclista en la esquina de la calle Rafaela, zona del barrio Malvinas Argentinas. Dentro del vehículo se movilizaban dos hombres. Según testigos, uno de ellos extrajo un arma de fuego, con la que amenazó al damnificado del accidente que yacía tendido malherido. El lesionado fue identificado como Eduardo V., de 19 años, quien está vinculado a delitos varios. Por su lado, el conductor de la Hilux, Martín A. de 28 años, dijo a la Policía que el joven a quien atropelló había robado el comercio de un familiar tiempo atrás. Lo cierto es que entre sus prendas se encontró una pistola calibre 11.25, por lo que fue demorado por "tenencia ilegal de arma de guerra". No sólo eso sino que, además, el presunto "justiciero" tenía un pedido de detención por estar vinculado a una causa de "violencia de género". Al otro día, el domingo 18, vecinos vieron una extraña situación por Los Matacos casi calle 459 alrededor de las 14:45, cuando una persona a bordo de un carro tirado por caballos juntaba ladrillos de una construcción. Rápidamente las personas se dieron cuenta que estaban frente a un posible delito, por lo que además de llamar a la Policía se dispusieron a detener la acción del "carrero".
Entre forcejeos lo redujeron, sin embargo la tensión verdadera se vivió cuando habitantes del populoso barrio "La Chola", ubicado en las proximidades, fueron hasta el lugar con la intención de "rescatar" al presunto ladrón de 200 ladrillos. Dos oficiales de la comisaría Decimoquinta, en un vehículo particular, intervinieron para evitar una gresca de enormes proporciones. Con mucho esfuerzo separaron las partes para lo que tuvieron que solicitar apoyo con la intención de que no se produzca el enfrentamiento. Finalmente fue detenido Ezequiel M., sospechado del robo de los materiales de construcción. Un tercer episodio aconteció en el barrio Bañado Norte, en una parada de colectivos ubicada por Gobernador Ruiz y Gobernador Gallino. Una mujer que esperaba un ómnibus fue abordada por un "motochorro", quien intentó arrebatar la cartera que la víctima tenía colgada en su hombro. Unos sujetos que vieron todo se anticiparon a la huida del ladrón y a golpes impidieron el robo.
El ladrón abandonó en el lugar su motocicleta tipo Cross y huyó a pie. Finalmente fue detenido en una persecución policial a siete cuadras. Estos tres hechos ocurrieron en esta última semana. Con excepción del presunto ladrón que fue atropellado por avenida Paysandú, se encuadran dentro de lo que la Ley cataloga como arresto ciudadano que se refiere a "la facultad de los particulares a colaborar con la administración de Justicia en la aprehensión de quien ha sido sorprendido en la realización de un hecho punible". Sin embargo, no toda acción contra un presunto criminal está dentro de esta figura jurídica y en el debate de la "justicia por mano propia" hay sectores sociales que reivindican la autodefensa, aludiendo a hechos que la Justicia está lejos de encuadrarlos dentro de la "legítima defensa". Tal es el caso de Ramón Pucheta, el primer ciudadano quien recibió el apodo de "vecino justiciero". El 23 de abril de 2011, cuando tenía 78 años, fue testigo del robo de una cartera a una mujer en el barrio Bañado Norte. El ladrón iba en una motocicleta, con la que huyó a gran velocidad. Pucheta, quien estaba a bordo de un vehículo similar, persiguió al malviviente. Tras ser seguido unas cinco cuadras, el ladrón perdió el equilibrio de su motocicleta y cayó, ya en zona del barrio Plácido Martínez. Según la investigación, el septuagenario tuvo frente a frente al ladrón, a quien mató con un revólver. Por ello fue detenido aunque por su edad la Justicia decidió otorgarle prisión domiciliaria. El hombre falleció en 2012 a causa de un cáncer. Lo de Pucheta sirve para analizar la delgada línea que hay entre la justicia y la criminalidad por mano propia.
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Casos en Buenos Aires dispararon la polémica
Los casos ocurridos en la provincia de Buenos Aires sobre el médico Lino Villar Cataldo y el carnicero Daniel Oyarzún, ambos investigados por el asesinato de delincuentes, fueron los que avivaron la polémica por el derecho a la legítima defensa. Como un regadero de pólvora, la discusión recorrió todo el país y dividió las aguas en la población. Con respecto al profesional de la salud, el hecho aconteció dentro de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de San
Martín. Según el testimonio de Cataldo, un delincuente armado lo interceptó cuando salía a bordo de su automóvil Toyota Corolla. El malviviente le pegó un culatazo y lo obligó a salir del vehículo, lo tiró al suelo y con el auto encendido "le pasó por arriba de las piernas". Tras ello, dijo que el criminal volvió, lo amenazó de muerte, tras lo cual el médico tomó un arma de su propiedad y atacó a su agresor, quien murió tras ello. Luego de ser detenido y tras los reclamos de ciudadanos y familiares fue puesto en libertad aunque investigado por homicidio agravado por arma de fuego. Es que la Justicia tiene dudas en base a los elementos encontrados. Hasta ahora no queda claro si el médico efectuó los disparos mientras era amenazado y apuntado por su agresor, lo que justificaría la "legítima defensa". Asimismo se indicó que el arma del delincuente no estaba apta para ser accionada, ya que no tenía balas ni gatillo. En cuanto a Oyarzún, éste chocó con su auto a dos ladrones que, según él, le robaron momentos antes. Uno de los malvivientes murió. El carnicero indicó que perdió el control y que la embestida fue accidental. Sin embargo se conoció un video en el que se ve a Oyarzún golpeando al ladrón, quien agonizaba, lo cual ya no se encuadra en legítima defensa. El carnicero, también está libre.
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