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Procesan a ex secretario de Obras de Curuzú acusado de corrupción

El Tribunal Oral Penal de Mercedes inició ayer un juicio contra Ramón Ortíz, a cargo de la cartera de Obra Pública municipal entre 2005 y 2008. Fiscalía le atribuye haber certificado servicios cuyos montos fueron cobrados por su esposa, socios y uno de ellos por él mismo.
EXPEDIENTE. INVESTIGACIÓN INVOLUCRA A TITULARES DE DOS FIRMAS PRESTATARIAS.
EXPEDIENTE. INVESTIGACIÓN INVOLUCRA A TITULARES DE DOS FIRMAS PRESTATARIAS.

El Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, encabezado por Juan Manuel Muschietti, Raúl Adolfo Silvero y Jorge Alberto Troncoso, habilitó ayer el proceso judicial contra Ramón de Jesús Ortíz, ex secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá acusado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre los años 2005 y 2008. El TOP mercedeño resolvió que Ortíz no estará solo en el banquillo de los acusados, ya que también dispuso igual rótulo para su esposa Jacinta Eufemia Márquez y los titulares de las firmas prestatarias de servicios de construcción, Rubén Ernesto Barbayani y Ricardo Ulises Gentilini. De la Acusación Fiscal se desprende que todos formaron parte de una trama de vínculos institucionales y económicos reñidos con la normativa vigente para contratos, certificación y pago de obras públicas. Según los hechos descritos por Fiscalía, "Ortiz cumplía funciones de Director de Vialidad y Secretario de Obras Públicas en la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, en el período comprendido entre el 11 de diciembre del año 2005 y el 15 de febrero de 2008" y fue acusado de "haber certificado obras públicas cuyos montos fueron cobrados por su esposa Jacinta Eufemia Márquez y uno de ellos por él mismo". Una situación que la parte actora entendió como "violatoria" de la Carta Orgánica curuzucuateña, que impide "autorizar cualquier acto en asunto que tenga interés personal o en el que lo tengan sus parientes dentro del cuarto grado". Para llevar adelante los supuestos ilícitos, Rubén Ernesto Barbayani y Ricardo Ulises Gentilini habrían cumplido un rol primordial. El primero inscripto como "monotributista" en AFIP y el segundo, por su lado, "facilitaron a Ortiz, facturas para acreditar trabajos de construcciones y servicios prestados a la Municipalidad, los cuales habrían sido efectuados con maquinaria perteneciente a la familia Ortiz, o de otras personas que no reunían los requisitos legales", reza el requerimiento del fiscal del TOP, Juan Carlos Alegre. Ortiz, por su parte, "contrataba a los prestadores de servicios como Barbayani y Gentilini, quien facilitaba las facturas de su hermano, Juan Miguel Gentilini, certificaba el trabajo y enviaba esa factura conformada al sector contable de la Municipalidad para su correspondiente pago, proceso que finalizaba en el libramiento del cheque con la correspondiente orden de pago", señala. Con su reciente resolución, el TOP puso en marcha el mecanismo para elucidar hechos y deslindar responsabilidades contempladas en la causa ingresada el 27 de agosto del año pasado.

Cemento con precios "inflados"

El procesamiento contra ex secretario de Obras curuzucuateño Ramón Ortíz, dictado por el TOP de Mercedes, tiene lugar tras una grave denuncia planteada por un "ciudadano" ante el Concejo Deliberante, por "sobreprecios" en la compra de pavimento por parte de la Comuna durante el año pasado. Según señala Luis Grela, se adjudicó por $22 millones una obra licitada por $18, cuyo costo estimó en menos de $4 millones.

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Advierten acefalía en Centro de Jubilados

La sorpresiva renuncia de María de las Mercedes Solís de Zambrano y Ramón Simón a la presidencia y vice, respectivamente, del Centro de Jubilados, sumergió a la organización en una nueva crisis institucional. El Estado provincial tomó cartas en el asunto para definir la nueva conducción. Luego de la repentina salida de Zambrano y Simón, la Inspección General de Personas Jurídicas decidió tomar cartas en el asunto, de inmediato. Así lo confirmó ayer su titular Juan Carlos Noya, quien comentó en diálogo con una emisora radial capitalina que "habilitamos dos expedientes que fueron elevados a Fiscalía de Estado y Ministerio de Justicia". Si bien no brindó mayores detalles del contenido de las actuaciones, Noya adelantó que ambas reparticiones analizarán la situación del Centro de Jubilados, que consideró "irregular". "El centro se encontraría en situación irregular y de acefalía, estamos esperando el dictamen del fiscal de Estado (Carlos Pila)", afirmó textualmente el funcionario. Por estas horas reportó que en su instancia "estamos a la espera del dictamen (de Pila) y ni bien tengamos novedades vamos a poner en conocimiento". Entretanto señaló que "el Centro de Jubilados sigue funcionando normalmente" aunque remarcó que la situación "es preocupante".