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El Centro de Jubilados suma conflictos

El Centro de Jubilados rumbea hacia su normalización institucional, pero no logra dejar atrás el sendero conflictivo. En los últimos días, la Justicia nombró nueva veedora en la organización pero sin homologar los términos del cese a la intervención acordado en audiencia conciliatoria. Además, el Consejo Directivo desafilió al opositor Justo Franco y su titular María Mercedes Solís de Zambrano judicializó el reclamo de aportes al Instituto de Previsión Social.
NORMALIZACIÓN. JUSTICIA DESIGNÓ NUEVA VEEDORA Y RECHAZÓ ACUERDO CON FISCALÍA.
NORMALIZACIÓN. JUSTICIA DESIGNÓ NUEVA VEEDORA Y RECHAZÓ ACUERDO CON FISCALÍA.

A última hora de ayer, la presidente Solís de Zambrano reclamó en tribunales los aportes sociales de la nómina de afiliados dicha organización por parte del Instituto de Previsión Social (IPS). Zambrano judicializó el reclamo de esos fondos luego de reiterados intentos administrativos en igual sentido pero sin éxito. Se trata de un dinero cuya transferencia fue negada por la Intervención del IPS dentro de los tiempos requeridos por el Centro. En caso de no obtener respuesta favorable, la institución enfrentaría serias dificultades para abonar salarios, señalaron fuentes de la entidad. Pero no fue la única novedad. Días antes, el candidato opositor a Presidente, Justo Franco, expresó su malestar al notificarse de su desafiliación a dicha institución, resuelta controvertidamente por el Consejo Directivo. Entretanto, el Juzgado Contencioso Nº2 desestimó el acuerdo entre Zambrano y el fiscal de Estado Carlos Pila, y nombró a Julia Fernández de Alcaraz como nueva veedora.

Alerta en CGT por situación del SOMU

La Confederación General del Trabajo (CGT) delegación regional Corrientes activó ayer un plan de lucha contra la materialización de la intervención al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). A través de un comunicado de prensa firmado por su secretario general Rubén Suárez, la CGT Corrientes convocó a una "movilización, alerta y vigilia permanente" en el local capitalino de SOMU ubicado sobre calle Caá Guazú 325, motivada en "la posibilidad del uso de la fuerza para desplazar a la Comisión Ejecutiva de dicha organización e imponer una intervención ilegal e injustificada". Se trata de una medida judicial "sin precedentes", que "demuestra autoritarismo para desalojar la sede", reza el texto.